Autorización estatutaria que permite la realización de obras en elementos comunes. La respuesta de la jurisprudencia
María José Polo Portilla
María José Polo Portilla
El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de días de término y de expiración, y en este sentido la prescripción es una institución de enorme importancia ya que son muchas las pretensiones que se ven frustradas ante los tribunales no porque la parte actora careciera de razón, sino porque había transcurrido el plazo para poder ejercitar la acción.
La intervención provocada, regulada de forma general en el artículo 14 de la LEC, establece la posibilidad, tanto para el demandante o como para el demandado, de llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, siempre y cuando, dicha opción haya sido establecida por ley.
El Consejo de ministros ha aprobado el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, publicado en el BOE al día siguiente, y con entrada en vigor el 20 de enero de 2022.
Como cada 21 de enero los mediadores nos vestimos con nuestras mejores galas para celebrar el Día Europeo de la Mediación que coincide con la fecha de aprobación de la Recomendación n.º R (98)1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998 en su 616.ª reunión, una excelente fecha para reflexionar sobre la situación de esta herramienta adecuada de resolución de conflictos en España.
Continuando con las modificaciones en las normas de tráfico, en diciembre del 2021 se han introducido nuevos comportamientos sancionables que van a dar lugar a multas y/o pérdida de puntos, y que se suman a los ya recogidos en la norma. Así, mediante la publicación de la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, que reforma buena parte del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos. Hay que tener en cuenta, que las infracciones leves ya están en vigor, pero, las graves y muy graves se han retrasado hasta el 21 de marzo de 2022.
No cabe duda de que la banca española ha alcanzado unas altísimas cuotas de concentración en los últimos 12 años hasta llegar a donde ahora, sorprendidos, nos encontramos. Hasta la prensa se hace eco de esta situación, no exenta de polémica.
1.- Introducción[1].
El TC hace hincapié en que el TSJ debe contestar a los argumentos vertidos por la parte recurrida en el escrito de impugnación del recurso. Si la parte recurrida presenta el escrito de impugnación del recurso de suplicación, sin que la sentencia dictada por el TSJ tome en consideración su contenido, limitándose a examinar las alegaciones vertidas por el recurrente, con absoluto desconocimiento de las efectuadas por la parte recurrida, se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, causándole indefensión, incurriendo en incongruencia la Sentencia del TSJ (STC 49/1992).
Nadie pone en duda que la vivienda es un bien de primera necesidad, y que la regulación de la figura del alquiler ha originado desde hace años multitud de normativa en el intento de conseguir el deseado equilibrio entre el arrendatario y el arrendador, como lo demuestra la existencia de diferentes regímenes jurídicos aplicables de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, modificada por la Ley 4/2013, el RDL 21/2018 y el RDL 7/2019, lo que da lugar a la aplicación de normas distintas según sea la fecha del contrato, y que requiere la máxima atención por los profesionales de esta materia. Pues bien, cuando tan solo llevábamos un año desde el último RDL, el año 2020 nos sorprendía con una pandemia de magnitudes inesperadas y efectos devastadores en muchos ámbitos, entre ellos en los alquileres de viviendas y locales de negocio, donde muchos arrendatarios sufrieron las consecuencias de no poder afrontar el pago de la renta, al igual que los arrendadores que dejaron de percibir los ingresos esperados. Para paliar las mismas, fue necesario entonces la aprobación por el Gobierno de medidas urgentes, que han necesitado ser modificadas o ampliadas durante el año 2021, con el fin de adecuarse a la lenta evolución de la crisis.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se ha tenido que enfrentar a esta pregunta en una reciente sentencia de 2 de noviembre de 2021 –SP/SENT/1121238– desencadenando una serie de consideraciones a tener en cuenta.
España cuenta con más de 7500 kilómetros de costa. Más allá de la evidente riqueza geográfica y paisajística que supone tal dato, desde la perspectiva delincuencial nos encontramos más bien ante 7500 kilómetros a lo largo de los cuales resulta posible introducir sustancias psicotrópicas en el territorio de nuestro país. Tal riesgo se ve incrementado como consecuencia de dos circunstancias fundamentales: una situación geopolítica que convierte a nuestro país en la puerta de entrada europea por mar desde Latinoamérica y una evidente cercanía a los países del norte de África, caracterizados algunos de ellos por su carácter protagónico en la producción de determinados psicotrópicos como el hachís. En este sentido, no es casualidad que las incautaciones de esta droga en Andalucía (comunidad autónoma más próxima a dichos territorios) en el año 2020, según datos del Ministerio del Interior (Estadística Anual sobre Drogas), representen aproximadamente el 75 % del total efectuado en España.
Ante el aumento vertiginoso de los contagios por Coronavirus producido durante el período navideño en España, a causa de la nueva variante del virus, llamada “Ómicron”, el Gobierno aprobó el pasado 23 de diciembre el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, cuya aspecto más polémico (la medida ha sido rechazada mayoritariamente por la opinión pública) es la imposición a los ciudadanos de la obligatoriedad de llevar puesta la mascarilla en espacios exteriores, con algunas excepciones, eso sí, tan ambiguas que podrían por sí mismas vaciar de contenido la propia norma.