El blog jurídico de Sepín

Todos los post de:

Ana Vidal Pérez de la Ossa

Redactora jurídica de Sepín Penal y Violencia Doméstica y de Género

En Sepín, un año más luchando contra la violencia contra las mujeres

En Sepín cada día prestamos atención a las últimas noticias sobre violencia de género en España y Europa, analizamos las leyes dictadas, las estadísticas y memorias del Observatorio contra la Violencia de Género, Fiscalía contra la Violencia de Género y Consejo General del Poder Judicial. Leemos y analizamos las sentencias que se dictan en la materia, estamos pendientes de los últimos pronunciamientos del Pleno del Tribunal Supremo y de las ruedas de prensa de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de género.

Leer artículo completo

Un año negro para la violencia de género: asesinatos de mujeres víctimas de violencia machista en 2023

Introducción

Si hablamos de violencia de género, estamos ante un año nefasto. A 24 de octubre de 2023, momento en el que empiezo a escribir esto, han fallecido 51 mujeres víctimas de violencia de género según la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, una más que en todo el año 2022 o 2020 y dos más que en 2021. Las mismas que en todo 2012. Pero aún nos quedan dos meses para terminar el año. La última fue presuntamente asesinada por su cónyuge el 10 de octubre.

Leer artículo completo

Análisis del I Plan Estratégico de prevención de las violencias sexuales (2023-2027)

Introducción

La Secretaría de estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha aprobado la Instrucción 5/2023 por la que se aprueba el “I Plan Estratégico de prevención de las violencias sexuales 2023-2027” (SP/LEG/40616). En dicha instrucción, además de aprobar este Plan, se crea la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales (ONVIOSEX) y a la vez se imparten instrucciones para su coordinación y funcionamiento y se desarrolla e implementa el Sistema de Registro, Seguimiento y Prevención de los delitos sexuales (VioSex).

Leer artículo completo

Criterios fijados por el Pleno en sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el año 2022

Introducción

Al finalizar 2021, publicamos los criterios del Pleno de ese año, que se reunió en trece ocasiones para dictar sentencia en recurso de casación en interés de ley, ex art. 847.1 b) LECrim (SP/LEG/2487), en supuestos de interés casacional. En el año 2022, el Pleno se ha reunido en veintiuna ocasiones y queremos igualmente publicar todos estos criterios, a fin de facilitar su conocimiento.

Leer artículo completo

El daño moral en los delitos de violencia doméstica y de género

Introducción

La responsabilidad civil derivada de infracción penal se regula en el Código Penal en el Título V del Libro I, Capítulos I, artículos 109 a 115 “De la responsabilidad civil y su extensión”, que trata de la reparación de los daños y perjuicios causados por la ejecución de uno o varios hechos constitutivos de delito (art. 109 CP).

Leer artículo completo

Propuestas y mejoras frente a la violencia de género: la respuesta institucional ante un diciembre negro

Introducción

El pasado mes de diciembre, la violencia machista se cobró trece vidas, el mes más negro desde 2003, cuando se empezaron a contabilizan las víctimas por violencia de género. El día 8 de enero de 2023 se produjeron cuatro asesinatos más, todos en la misma jornada, por la misma causa.

Leer artículo completo

La necesaria coordinación entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los de Familia

Un caso de violencia vicaria

El pasado mes de abril, un hombre asesinó a su hijo de diez años durante el régimen de visitas. Antes de esto, la mujer había denunciado a su expareja por maltrato familiar y se dictó una orden de alejamiento por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca. Por otro lado, había un proceso de divorcio abierto en el Juzgado de Familia de la misma localidad. Cuando se dictó la orden de alejamiento, el Juzgado de Familia no recibió ninguna notificación ni accedió a los autos penales, por lo que continuó con el proceso de divorcio y otorgó la custodia compartida respecto al hijo común.

En el atestado sí figuraba la existencia de un proceso abierto por divorcio, pero realmente no hubo información recíproca y el Juzgado de Familia no recibió la resolución del de Violencia sobre la Mujer, ni tampoco un requerimiento de inhibición por parte de este, pues está establecido que ante un caso de violencia de género debe inhibirse el Juzgado civil para que se tramite todo por el tribunal especializado.

Los arts. 87 ter LOPJ y 49 LEC

Ya tratamos este tema en el blog, “Conflictos de competencia objetiva: Juego de Tronos entre los juzgados civiles y los de violencia contra la mujer”. Según el art. 87 ter LOPJ y el 49 bis LEC, el juez civil deja de ser competente a favor del juez de Violencia. De esta forma, cuando el Juez de Violencia tenga conocimiento de que existe un procedimiento abierto sobre determinados temas de familia y menores —en los que, desde luego, se incluye el divorcio—, debe requerir la inhibición del juez civil. También, si el juez civil tiene conocimiento de la posible comisión de un acto de violencia de género deberá inhibirse, o, al menos, según el art. 87 ter. 2, citar a las partes para una comparecencia. En todo caso, lo importante en este caso es precisamente tener noticia de que la posible comisión de un acto de violencia de género o, en su caso, del dictado de una orden de protección.

Lo que ocurrió en el caso de Sueca, Valencia, es que falló el aviso entre los diferentes Juzgados. Pese a que figuraba en el atestado del Juzgado de Violencia que se informó de la existencia del proceso de divorcio, esta información no tuvo relevancia alguna. Así, cuando el Juzgado de familia estableció la medida de custodia compartida, nadie le informó del proceso por violencia de género ni de la medida de alejamiento impuesta.

Por tanto, se dio una falta de comunicación entre juzgados, obligada por ley y que podríamos calificar de negligente cuando el Juzgado de Violencia, al menos, contaba con los datos en el atestado.

Medidas de coordinación entre Juzgados de Violencia y de Familia

Precisamente a raíz de este caso y para evitar que algo así pueda volver a ocurrir, el Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha aprobado varias medidas para lograr una coordinación eficaz entre los juzgados del orden penal con competencias en violencia sobre la mujer y los civiles con competencias en familia.

En el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente se establecen las siguientes medidas, que transcribo literales a efectos de su mejor comprensión, y que refuerzan la coordinación de todas las maneras posibles:

“1. Comunicar a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia la necesidad de promover en sus respectivos territorios que todos los juzgados del orden civil con competencia en materia de familia soliciten al Ministerio de Justicia el acceso o, en su caso, la activación del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) para poder consultar, antes de resolver sobre la admisión de una demanda de disolución matrimonial, de dictar una sentencia o de establecer un convenio regulador, si existen procedimientos penales de violencia machista, sentencias condenatorias o medidas cautelares que puedan afectar al proceso de separación o divorcio en curso.

2. Solicitar al Ministerio de Justicia que estudie la posibilidad de que el SIRAJ disponga de un sistema de alertas que avise a los juzgados de familia de forma inmediata y automática de la existencia de resoluciones penales que afecten al proceso civil sin necesidad de realizar consultas sucesivas y reiteradas.

3. Tomar conocimiento de la necesidad de elaborar un protocolo de actuación y coordinación entre juzgados civiles con competencias en materia de familia y juzgados penales con competencia en materia de violencia sobre la mujer. Dicho protocolo debe establecer la forma de acceso a la información contenida en el SIRAJ, así como cuál debe ser su tratamiento y utilización en los procedimientos de separación y divorcio.

4. Comunicar al Ministerio de Justicia, a las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas y al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) la necesidad de establecer los mecanismos que permitan la plena interconexión digital entre los órganos judiciales, así como un acceso ágil de los juzgados del orden civil al contenido de las resoluciones penales respecto de las que hayan tenido conocimiento gracias al SIRAJ. Para alcanzar este objetivo, resulta imprescindible culminar los trabajos que permitan integrar los sistemas autonómicos de gestión procesal con el propio SIRAJ.

5. Comunicar al Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE) la conveniencia de establecer un modelo de comunicación en los sistemas de gestión procesal que haga posible que los juzgados de familia tengan conocimiento de las resoluciones penales que puedan afectarles y, a su vez, que los órganos penales tengan conocimiento de la incoación de un proceso civil en el que sean parte el investigado y la víctima.

6. Poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la necesidad de reforzar su labor de coordinación entre los juzgados de familia y los órganos penales con competencia en materia de violencia sobre la mujer con el fin de que unos y otros puedan conocer con inmediatez las resoluciones que afecten a los procedimientos en curso.

7. Instar al Ministerio de Justicia a que promueva una reforma legislativa dirigida a establecer que, recibida la demanda de disolución matrimonial o relativa a la situación de menores, los órganos judiciales lleven a cabo la correspondiente consulta al SIRAJ antes de dictar cualquier resolución. Dicha reforma debería establecer también la necesidad de que la Fiscalía, como garante del interés superior del menor, realice la correspondiente consulta al SIRAJ antes de emitir su informe con el fin de comprobar si existen sentencias condenatorias o medidas cautelares del ámbito penal que puedan afectar al procedimiento civil.

A estas recomendaciones, el Observatorio añade otra, referida a la posibilidad que los órganos judiciales tienen de solicitar, a través del Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial, el acceso a la base de datos de VioGén del Ministerio de Interior, donde queda registrada toda la información relevante sobre la víctima”.

Conclusión

Como ocurre tantas veces, los avances legislativos en materia de violencia de género —y entendemos incluida en ella la violencia vicaria— carecen de la aplicación necesaria para hacerlos eficaces. En este caso el art. 87 ter LOPJ es más o menos claro en la obligación de inhibición, pero no se había establecido el sistema de comunicación, necesario para su efectividad plena. Ha tenido que ocurrir una desgracia como esta para que salga a la luz una grieta en el sistema de protección, que rápidamente se está tratando de cerrar. Es muy posible que haya habido casos anteriores en que esta falta de coordinación haya ocasionado perjuicios, pero sin duda, la muerte de un menor es la más grave.

De momento, el Consejo General del Poder Judicial plantea unas medidas que requieren de una respuesta inmediata por parte de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía. Esperamos que estas medidas se apliquen lo más pronto posible y no tengamos que lamentar ningún daño más.

Leer artículo completo

El delito de quebrantamiento de pena o medidas en violencia de género y las nuevas tecnologías

Introducción

Tras el dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la Sentencia 553/2022, de 2 de junio (SP/SENT/1151957) en que se declara que un mensaje en la red social Google + , supone delito de quebrantamiento de medida cautelar, analizamos esta resolución y otras en que las nuevas tecnologías (TICs) han servido tanto para la ejecución de este delito como para probar su comisión o localizar al denunciado.

Leer artículo completo

Las futuras reformas en los delitos contra la libertad sexual y contra la prostitución

Ana Vidal Pérez de la Ossa

Redacción Jurídica de Sepín
Introducción

En los Boletines Oficiales de las Cortes Generales de 27 de mayo y 6 de junio de 2022 se han publicado una proposición y un proyecto de Leyes Orgánicas, aprobados para su tramitación por mayoría del Congreso de Diputados y que afectan directamente a los delitos contra la libertad sexual recogidos en el Título VIII del Libro II del Código Penal.

Leer artículo completo

La responsabilidad de la Administración frente a anomalías en la valoración objetiva del riesgo de las víctimas de violencia de género

Ana Vidal Pérez de la Ossa

Redacción jurídica de Sepín

Cuando una mujer víctima (ella o sus hijos y/o hijas) de uno o varios actos de violencia doméstica o de género —entendiendo por esta la que lleva a cabo su pareja, expareja o persona unida o que haya estado unida a ella por análoga relación de afectividad— interpone una denuncia, debe realizarse por la policía o por la guardia civil una valoración de la situación objetiva de riesgo, según el Protocolo establecido al efecto por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Leer artículo completo

Categorías

Suscríbete

Archivo del blog

Ver todo