El blog jurídico de Sepín

En la demanda rectora del procedimiento judicial se interesó la declaración de nulidad de la cláusula de limitación a la baja del tipo de interés por su carácter abusivo, ya que impedía al consumidor beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés, ocasionando un desequilibrio entre las contraprestaciones de las partes.

El Juzgado de primera instancia desestimó la demanda interpuesta por el consumidor y dicho fallo fue confirmado por la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga (SP/AUTRJ/1237091): la desestimación de la demanda y del posterior recurso de apelación se sustentó en la existencia de un pacto novatorio en relación con el tipo mínimo.

El Tribunal Supremo, tras estimar el recurso de casación interpuesto por el consumidor, declaró la nulidad de la sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial y ordenó que se dictara una nueva sentencia sin tomar en consideración dicha novación ya que, desde las sentencias del año 2021, se determinó que la renuncia del consumidor no será válida a no ser que se acredite que la entidad financiera le ha informado debidamente sobre los efectos de dicha renuncia.

Entre tanto, se publicó y entró en vigor el Real Decreto-Ley 5/2023 (SP/LEG/40580), que reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/2012), en el sentido de permitir al Tribunal Supremo, en aquellos supuestos en los que haya doctrina jurisprudencial sobre la cuestión planteada, casar la resolución recurrida y devolver las actuaciones al tribunal de su procedencia para que dicte una nueva resolución conforme a aquella doctrina jurisprudencial, incluso si esta contraviene las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El reciente Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 (SP/LEG/43675), en su artículo 11, establece un sistema de ayudas directas para apoyar a las empresas y profesionales que se han visto afectados por este desastre natural.

En la presente resolución (SP/SENT/1231742) se plantean cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 3.1 del Reglamento (UE) 2015/848 (SP/LEG/17813), en relación con el concepto de "centro de intereses principales" y "establecimiento".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) debe determinar si el lugar en el que el deudor gestiona de manera habitual y reconocible sus intereses es el criterio principal para determinar la competencia en la apertura de procedimientos de insolvencia.

El caso en cuestión surge de una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia presentada por el estado federado de Berlín contra un deudor con múltiples domicilios en Alemania y el extranjero.

Comentario al Auto Juzgado de lo Mercantil Madrid n.º 4, de 8-3-2024 (SP/AUTRJ/1220452)

Muchas son las personas que, tras sufrir daños, como rayajos en la pintura, escupitajos, rotura de lunas, etc. deciden colocar una cámara de videovigilancia en el automóvil con la intención de salvaguardarlos o de averiguar la identidad de la persona que los llevo a cabo.

Pero ante la grabación de imágenes sin permiso se plantea sin nos encontraríamos ante una situación protegida por el Reglamento de Protección de datos y, por ende, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Este año está prevista la modificación del Reglamento General de Circulación (en adelante RGC), aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. Por ello, en este post se aclararán cuáles son las señales de prioridad y si va a existir alguna modificación.

Para empezar, debemos saber qué según el artículo 147 del RGC, las señales de prioridad son aquellas que están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía reglas especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos.

Con la aparición de este tipo de vehículos las dudas que han surgido son muchas. Empecemos por lo básico: La primera vez que aparecieron en nuestra normativa fue en el año 2016 cuando la DGT publicó la instrucción 16/V-124, donde se definían, y ya se instaba a los entes locales a regular la circulación de este tipo de vehículos. En 2019 la DGT vuelve a publicar una instrucción, concretamente la 2019/S-149 TV-108 en la que se intentaban aclarar ciertos aspectos como su definición, así como las normas aplicables a estos. En el año 2020 se aprueba el RD 970/2020, por el que se modificó tanto el Reglamento General de Circulación como el Reglamento General de Vehículos, estableció un marco jurídico específico para los VMP y ya informaba que se iba a publicar el manual de características técnicas de estos. Finalmente, en enero de 2022 se publicó el manual que ha supuesto ganar claridad en este ámbito tan novedoso.

Quién no se ha preguntado alguna vez que persona es la responsable según la infracción de tráfico que se cometa. ¿Responde el conductor del vehículo siempre? ¿Y el de una moto por la falta de utilización del casco del acompañante? ¿Quién es el responsable si el coche se encuentra en el taller? En el post de hoy trataremos estas cuestiones.