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Redacción jurídica de Sepín
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil establece en la mayoría de los procesos la defensa técnica asistida de abogado y representación con procurador. La actuación del procurador encaja con lo que es el mandato representativo para lo cual se precisa del otorgamiento del correspondiente poder. Las facultades englobadas en los poderes se otorgan de tres formas tal y como se especifica en el artículo 24 de la LEC.
Aunque pudiera parecer que los conceptos “alegaciones complementarias” y “peticiones complementarias” son sinónimos, la doctrina los ha diferenciado, pues, a pesar de que se incluyan se incluyan en el mismo art. 426 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, tienen significados y finalidades distintas.
El objetivo del presente post es determinar la competencia territorial en los supuestos de responsabilidad extracontractual del artículo 1902 y ss. del Código Civil. Nos surgen varias dudas al respecto debido a que tanto la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, como la nueva, no se pronuncian de forma expresa sobre el tema.
En la LEC de 1881, la jurisprudencia constante de la Sala 1ª del Tribunal Supremo venía entendiendo que la competencia territorial para el conocimiento de las acciones de responsabilidad civil extracontractual estaba determinada por la clásica regla del forum comissi delicti o del lugar de producción de los perjuicios reclamados.
La Ley 2/2017, de 21 de junio, que modificó la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, establece en su art. 1 que “El servicio de asistencia jurídica gratuita será obligatorio en los términos previstos en esta ley”. Sigue diciendo, en su art. 22, que dichos profesionales “tendrán derecho a una compensación que tendrá carácter indemnizatorio”, y, en el art. 25 que se establecerán “los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios obligatorios de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios Profesionales”.
La fijación de la competencia territorial cuando intervienen consumidores y, concretamente, cuando nos encontramos ante productos bancarios es un tema al que hemos hecho un especial seguimiento por medio de nuestro Blog.
El litisconsorcio se regula en el art. 12 LEC que dispone: “cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada solo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa”.
Dicho precepto tiende a evitar, de una parte, que puedan resultar afectados directamente por una resolución judicial quienes no fueron oídos en juicio, y, de otra, la posibilidad de sentencias contradictorias.
Sobre la base de este precepto, la jurisprudencia ha reiterado que el litisconsorcio pasivo necesario presupone una relación jurídica previa, inescindible, que produce una indivisibilidad entre su situación jurídica material y procesal, de modo que existirá siempre que por la naturaleza de la relación los litigantes estén unidos de tal manera que la decisión pueda afectar a todos por igual.
