El blog jurídico de Sepín

En el presente post analizo el derecho real de servidumbre de paso, realizando un estudio de sus caracteres, las diferentes formas que existen de constitución y los requisitos que son necesarios para esta, dejando para otra ocasión su modificación y extinción.

Noticias sobre la reciente maternidad de una mujer a la edad de 68 años, en pleno duelo por la muerte prematura de su único hijo, a través de un contrato de gestación subrogada ponen en el foco mediático una cuestión de gran trascendencia jurídica que no puede resolverse en un par de líneas. La regulación de la gestación subrogada, su permisividad o no en nuestro ordenamiento jurídico, el reconocimiento de la filiación de los menores nacidos a través de estas técnicas de reproducción en otros Estados e, incluso, su denominación, son cuestiones que suscitan una gran controversia, sobre la que no están de acuerdo la doctrina, la jurisprudencia, los partidos políticos o la sociedad.

Queremos poner de manifiesto un tema de máxima actualidad que se nos ha puesto encima de la mesa y que puede afectar a miles de procesos y recursos abiertos en nuestro País y en las diferentes CCAA que tienen derecho civil foral o especial y en consecuencia puede abocar a la inadmisión de un recurso de casación o extraordinario por infracción procesal ante el TSJ cuando nos encontremos ante un proceso sumario.

El Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de 3 de octubre ha tenido oportunidad perfilar los requisitos que en la actualidad ha de cumplir el consentimiento del contribuyente para la entrada y registro por la AEAT en sedes, oficinas, almacenes y despachos, cuando estos no están incluidos en el Auto judicial de autorización de actuaciones.

A diferencia de concretas reformas del Código Penal con trascendente calado político y encendida polémica social, como la llamada “ley del solo sí es sí” (Ley Orgánica 10/2022, de 26 de septiembre —SP/LEG/38227—) o aquella por la que se derogó el delito de sedición y se edulcoró el de malversación (Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre —SP/LEG/38945—), otras modificaciones del texto punitivo (solo en 2022 hemos tenido siete) han pasado prácticamente desapercibidas, no ya solo para la opinión pública, sino puede que también para algunos profesionales del Derecho.

Iniciar un proyecto de vida en otro país en algunos casos no es algo optativo, sino la única posibilidad de resguardar la vida y la integridad, tanto propia como de la familia. En estos casos excepcionales, la legislación española prevé el otorgamiento de una residencia temporal por razones humanitarias, y, sobre este tipo de autorización concreta, el juzgado de lo Contencioso administrativo núm. 1 de Bilbao ha dictado una sentencia en fechas muy recientes (SJCA 20-02-2023 Núm 28/2003) que consideramos de interés profesional.

Introducción

La responsabilidad civil derivada de infracción penal se regula en el Código Penal en el Título V del Libro I, Capítulos I, artículos 109 a 115 “De la responsabilidad civil y su extensión”, que trata de la reparación de los daños y perjuicios causados por la ejecución de uno o varios hechos constitutivos de delito (art. 109 CP).

Daniel Bustelo es uno de los estudiosos y profesionales de la mediación con más reconocimiento internacional, al que, además, debemos agradecerle varias aportaciones a este campo, como su particular enfoque de abordar el conflicto, su desarrollo conceptual del proceso de mediación y sus herramientas.

El artículo 4.2. d) del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a los trabajadores el derecho "A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales" y el artículo 19.1. del mismo cuerpo legal dispone que "El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.".

Los errores médicos son inevitables en la asistencia sanitaria. Sin embargo, la reducción del gasto sanitario, la falta de personal y el colapso en Atención Primaria, entre otros factores, están agravando estos errores. Muchos de estos errores son el resultado de una negligencia médica. El número de negligencias médicas en España se ha disparado en los últimos años, pasando de los 10.509 casos registrados en 2020 a los 13.611 casos del año pasado, de los cuales 71 se relacionaron con la muerte de los pacientes. Por este motivo, no es de extrañar que cada vez más abogados tengan que enfrentarse a casos de negligencia médica o mala praxis.