El blog jurídico de Sepín

Entre las medidas que se recogen en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se encuentran las establecidas en el artículo 31, en cuanto a la información mínima que puede ser exigida por el interesado en adquirir o arrendar una vivienda y que quedan determinadas de la siguiente forma:

 « Artículo 31. Información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda

1. Sin perjuicio de los principios y requerimientos contenidos en la normativa autonómica de aplicación y con carácter mínimo, la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad a cuenta, la siguiente información, en formato accesible y en soporte duradero, acerca de las condiciones de la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio en el que se encuentra:

(Trabajo realizado en el seno del proyecto de investigación “La condena de los excluidos. Fronteras institucionales de los Derechos Humanos. (PID2021-122498NB-I00). Ministerio de Ciencia e innovación. Gobierno de España.)

I.    INTRODUCCIÓN. 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio del 2023[1] tiene un alcance que va mucho más allá de lo allí resuelto. Al declarar nulo el artículo 162-2º-e) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en adelante RLOEX, impide que pueda extinguirse una autorización de residencia temporal por ausencias del territorio nacional superiores a 180 días al año.

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, con entrada en vigor el 26 de mayo de 2023, establece numerosas medidas respecto al arrendamiento de vivienda sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en los artículos 30 y 31, en varias Disposiciones Adicionales y Transitorias, y en sus Disposiciones Finales con una serie de limitaciones respecto a la duración y prórrogas del contrato, la fijación de la renta y su actualización, incentivos fiscales e importantes modificaciones de los juicios de desahucio, cuestiones que han sido objeto de comentario en el artículo “Los arrendamientos de vivienda tras la Ley por el Derecho a la Vivienda“ por Alberto Torres López, Director Jurídico de Sepín, y en otro estudio de la Editorial, “Resumen de las claves de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda en materia de Arrendamientos Urbanos.” 

Ahora bien, ¿Todos los contratos de arrendamientos de vivienda quedan sujetos a la nueva regulación?

I.- Introducción

Bueno, pues ya terminó la liga. Ahora toca el habitual periodo veraniego de rumorología y confirmaciones acerca de los fichajes y bajas de los clubes de fútbol y un sinfín de partidos amistosos, que mantienen viva la llama del aficionado hasta que la próxima competición de liga comience de nuevo y la rueda siga girando.

La inesperada convocatoria de Elecciones Generales para el próximo 23 de Julio en pleno periodo vacacional ha disparado las solicitudes del voto por correo entre los ciudadanos, tanto es así que Correos se plantea contratar hasta 5.500 efectivos más para poder atender la avalancha de trabajo extra que se avecina.

Sin embargo, la polémica suscitada por la supuesta trama de compra de voto emitido por correo ocurrida en Melilla en las pasadas elecciones autonómicas y municipales del 28 de Mayo, nos obliga a plantearnos si votar por correo en España es del todo seguro.

Muchas son las personas que, tras sufrir daños, como rayajos en la pintura, escupitajos, rotura de lunas, etc. deciden colocar una cámara de videovigilancia en el automóvil con la intención de salvaguardarlos o de averiguar la identidad de la persona que los llevo a cabo.

Pero ante la grabación de imágenes sin permiso se plantea sin nos encontraríamos ante una situación protegida por el Reglamento de Protección de datos y, por ende, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

España a través de la aprobación de la Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (SP/LEG/38930), conocida como Ley de Start Ups, ha creado un marco normativo favorable para la atracción de talento extranjero a España.

Dedicamos este espacio al contrato de transacción, que el Código Civil define en el art. 1809 CC señalando que “es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”.

Como establece la jurisprudencia consultada la transacción se refiere a todo convenio dispositivo por el que, y mediante recíprocas prestaciones y sacrificios, se eliminan pleitos pendientes o futuros así como la incertidumbre de las partes sobre una relación jurídica que, mediante pacto, pasa a revestir una configuración cierta y vinculante".

No es la primera vez que traigo a estas líneas la figura del promotor en las Comunidades de propietarios, y no como agente de la construcción sino como propietario; teniendo en cuenta que, formará parte de esta, como un comunero más, hasta la venta de la totalidad de los inmuebles. Pero mientras tanto, ¿qué repercusiones puede tener para la Comunidad?