El blog jurídico de Sepín

Jubilare es una iniciativa del Colegio de Registradores de España en la que están implicados varias decenas de profesionales del máximo nivel, con el fin de abordar uno de los retos más importantes de nuestra sociedad, cual es la del envejecimiento progresivo de la población. Aunque sea una cuestión recurrente, objeto de atención por entidades públicas y privadas de todo tipo, la singularidad que tiene Jubilare reside en su enfoque, que quiere estar basado no solo en los problemas, sino, en especial, en las oportunidades que tal realidad plantea para los mayores y, sobre todo, para el conjunto de la sociedad.

El ciberacoso laboral es un subtipo de violencia psicológica en el trabajo que se desarrolla en la red, sin que se produzcan cambios sustanciales en cuanto al contenido (por ejemplo, dar de alta a un compañero en una web donde se vota a la persona más fea o a la menos inteligente podría considerarse un ataque a su vida privada).

El derecho a continuar en el contrato de arrendamiento de vivienda al fallecimiento del arrendatario, conocido como el “derecho de subrogación mortis causa”, no se trata de una cuestión tan sencilla como pueda parecer, pues exige, para la persona que se subroga en los mismos derechos y obligaciones, la concurrencia de varios requisitos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, para los contratos posteriores al 1 de enero de 1995, así como en las Disposiciones Transitorias para los anteriores a dicha fecha, condiciones que, en muchos casos, no se cumplen, dando lugar a la resolución del contrato por el arrendador.

El controvertido tema de los locales en las Comunidades ha sido tratado en varias ocasiones, pero en este caso, a propósito de la reciente sentencia de la AP Madrid, Sec. 12.ª, 263/2022, de 1 de julio (SP/SENT/1159289), en la que se anula el acuerdo por el que se privaba de derecho de voto a estos comuneros pese a que estaban al corriente de pago, me ha parecido interesante traerlos de nuevo a estas líneas, para tratar el derecho a votar de estos comuneros.

Prefacio

Se me hace muy cuesta arriba abordar, aunque sea superficialmente, la inminente reforma del delito de sedición (que parece que también vendrá acompañada del de malversación de caudales públicos) y tratar de apartar de mi cabeza y de mi teclado ideas conexas sobre tributos políticos, líneas rojas, “países de nuestro entorno” y otras cuestiones y falacias que se nos tratan de colar como si fuéramos cándidos ciudadanos sin los pies en el suelo (siempre he pensado que la política, del color que sea, es el arte de la mentira). Intentaré resumir de una forma estrictamente jurídica, y lo más aséptica que pueda, en qué consiste esa reforma del Código Penal, que ya es inminente pues se está tramitando por la vía de urgencia y evitando trámites incómodos (por ejemplo, Informes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial).

En este post pre navideño nos ha parecido importante y útil resaltar e incluir todo lo que está produciendo, a marchas forzadas, el Departamento de Mercantil y Concursal de nuestra Editorial jurídica, Sepín, en torno a la reciente reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal.

1. Concepto de “edadismo”

Fue el médico gerontólogo y psiquiatra norteamericano Robert Neil Butler, especialista en el campo de las demencias y el envejecimiento, quien acuñó en la década de los años 60 del siglo pasado el término “ageism” para referirse a los estereotipos y prejuicios que padecen las personas mayores.

El edadismo se produce cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas provocando daños, desventajas e injusticias. Puede adoptar muchas formas, como prejuicios, discriminación y prácticas institucionales que perpetúan creencias estereotipadas.

• Introducción

Con una finalidad de generar ingresos en las cuentas nacionales y conforme por la tendencia al establecimiento de tributos a nivel comunitario, se ha planteado la creación de un nuevo Impuesto excepcional y temporal sobre el sector energético y sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por empresas del sector bancario, ambos para ser recaudado una única vez, con relación a los beneficios extraordinarios que hayan podido generar durante el ejercicio 2022.

Introducción

La reducción de la pena responde fundamentalmente a tres elementos esenciales de nuestro Estado de Derecho: principios garantizados por la Constitución (artículo 9.3), principio de irretroactividad de las normas penales (artículo 2.2 CP) y demás principios que informan el ordenamiento jurídico penal (principio de intervención mínima, legalidad, retroactividad, culpabilidad, non bis in ídem, proporcionalidad, “in dubio pro reo”…).

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ha establecido una nueva obligación cuando se produce la transmisión de un derecho real sobre una finca, como es la necesidad de que el propietario de la finca, ya sea persona física o jurídica, declare en el título en el que se formalice la transmisión, si sobre la finca se ha realizado o no alguna actividad potencialmente contaminante del suelo.