La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“AUTOCONTROL”), es una organismo de autorregulación y supervisión de la industria publicitaria en España sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es velar por una publicidad responsable, lo que viene a decir, veraz, legal, honesta y leal.

Hoy nos hacemos eco de las recientes Conclusiones de la Abogada General del TJUE, Sra. Laila Medina, presentadas el pasado 9 de febrero de 2023, sobre si el fallecimiento repentino de un copiloto poco antes de la salida programada de un vuelo puede constituir una circunstancia extraordinaria, al amparo del Reglamento (CE) n.º 261/2004. 

La sentencia n.º 5/2023 de 9-1-2023 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 Granada -de marcas, patentes y protección jurídica del diseño industrial-, resuelve un incidente concursal de oposición de la AEAT a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) a un deudor. Para ello como veremos a continuación se fundamenta en el art 178 bis de la Ley Concursal 22/2003 (SP/LEG/7986).

El pasado 29 de agosto de 2022, entró en vigor la reforma de los delitos de hurto por la disposición final 6 de Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio (SP/LEG/38026), que añadió un párrafo al art. 234 CP, posibilitando la imposición de una pena de prisión entre 6 y 18 meses a reos reincidentes.

A la hora de realizar la donación inter vivos de una cosa inmueble, el artículo 633 CC establece, como requisito obligatorio para su validez, el que deba hacerse en escritura pública, en la que se determinen los bienes donados y el valor de las cargas del donatario. Además, se exige que conste el “animus donandi” del donante, así como la aceptación por el donatario, pudiéndose formalizar esta, en la misma escritura o en otra separada, en cuyo caso, deberá realizarse en vida del donante. Y si dicha aceptación es hecha en escritura separada, deberá ser notificada de forma fehaciente al donante, anotándose la diligencia en ambas escrituras. 

Con carácter previo, hemos de señalar que con la LRJS (SP/LEG/7988) se amplía las competencias de la jurisdicción social, extendiéndola a materias que se resolvían en otras jurisdicciones, como la civil o la contenciosa administrativa, y concentra en el orden jurisdiccional social todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo, que obligaban a los afectados a acudir a distintos órganos jurisdiccionales de los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y de otro la LRJS reconduce cualquier reclamación, que tenga su causa en un accidente de trabajo, hacia el incumplimiento del contrato de trabajo, con independencia de que algunos de los codemandados nada tenga que ver con la relación laboral.

Esta es una de las cuestiones que mediante el servicio de consultas nos plantean a la Editorial Jurídica Sepín y que se puede contratar. ¿Puede un taller hacernos pagar el IVA de una reparación concertada con el seguro del vehículo?

Introducción

La Ley Orgánica 10/2002, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual (SP/LEG/38227), ha dado una nueva regulación a los delitos contra la libertad sexual, para unificar los anteriores tipos de abuso y agresión sexual, en un solo tipo, el de agresión sexual, comprendido en el artículo 178.1 del C.P, según el cual, “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

1. ¿Puede un abogado representarse a sí mismo/a?

La norma suprema que rige la profesión de los abogados es el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española (SP/LEG/33246) y en su artículo 56.3 dispone que “Los profesionales de la Abogacía que se hallen procesados o imputados y se defiendan a sí mismos o colaboren con su defensor usarán toga y, en este caso, ocuparán el sitio de los profesionales de la Abogacía”. Lo cual indica que sí es posible la autodefensa letrada en un procedimiento.

En el complejo funcionamiento de las Comunidades de Propietarios, hay determinadas cuestiones que, quizá por considerarlas demasiado obvias, no son comentadas habitualmente, pero ello no quiere decir que no den lugar a confusión y generen dudas. Precisamente, es una pregunta realizada por un suscriptor de sepín lo que me ha hecho escribir este post: si los acuerdos son ejecutivos desde el momento en el que se adoptan como señala el artículo 553.29 del CCCat y vinculan a todos los propietarios, a tenor de lo dispuesto en el 553.30.1, ¿comenzará desde ese momento el cómputo para una posible impugnación?