El blog jurídico de Sepín

Uno de los requisitos exigidos para obtener la nacionalidad por residencia es la buena conducta cívica.  

Por todos es sabido que para obtener la nacionalidad española por este motivo deben cumplirse cumulativamente varios requisitos: que ésta haya durado diez años, aunque el plazo admite modularse con base a varias excepciones, que dicha residencia además sea legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, que se acredite suficiente grado de integración en la sociedad española y, la exigencia de buena conducta cívica.        

La servidumbre de luces y vistas se encuentra regulada en los artículos 580 a 585 de nuestro Código Civil, ambos inclusive.

En el presente post vamos a analizar dicha figura que afecta al ámbito de las relaciones de vecindad, principalmente, dejando al margen la regulación específica de aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con su propio Derecho foral. 

Con la aparición de este tipo de vehículos las dudas que han surgido son muchas. Empecemos por lo básico: La primera vez que aparecieron en nuestra normativa fue en el año 2016 cuando la DGT publicó la instrucción 16/V-124, donde se definían, y ya se instaba a los entes locales a regular la circulación de este tipo de vehículos. En 2019 la DGT vuelve a publicar una instrucción, concretamente la 2019/S-149 TV-108 en la que se intentaban aclarar ciertos aspectos como su definición, así como las normas aplicables a estos. En el año 2020 se aprueba el RD 970/2020, por el que se modificó tanto el Reglamento General de Circulación como el Reglamento General de Vehículos, estableció un marco jurídico específico para los VMP y ya informaba que se iba a publicar el manual de características técnicas de estos. Finalmente, en enero de 2022 se publicó el manual que ha supuesto ganar claridad en este ámbito tan novedoso.

Introducción

El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros, del 14 de diciembre pasado, el Anteproyecto de Ley de Familias. A fecha de hoy todavía no disponemos del texto legal, por lo que las medidas anunciadas solo las conocemos por la nota y posterior rueda de prensa ofrecida por la Ministra, Ione Belarra.

Jubilare es una iniciativa del Colegio de Registradores de España en la que están implicados varias decenas de profesionales del máximo nivel, con el fin de abordar uno de los retos más importantes de nuestra sociedad, cual es la del envejecimiento progresivo de la población. Aunque sea una cuestión recurrente, objeto de atención por entidades públicas y privadas de todo tipo, la singularidad que tiene Jubilare reside en su enfoque, que quiere estar basado no solo en los problemas, sino, en especial, en las oportunidades que tal realidad plantea para los mayores y, sobre todo, para el conjunto de la sociedad.

El ciberacoso laboral es un subtipo de violencia psicológica en el trabajo que se desarrolla en la red, sin que se produzcan cambios sustanciales en cuanto al contenido (por ejemplo, dar de alta a un compañero en una web donde se vota a la persona más fea o a la menos inteligente podría considerarse un ataque a su vida privada).

El derecho a continuar en el contrato de arrendamiento de vivienda al fallecimiento del arrendatario, conocido como el “derecho de subrogación mortis causa”, no se trata de una cuestión tan sencilla como pueda parecer, pues exige, para la persona que se subroga en los mismos derechos y obligaciones, la concurrencia de varios requisitos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, para los contratos posteriores al 1 de enero de 1995, así como en las Disposiciones Transitorias para los anteriores a dicha fecha, condiciones que, en muchos casos, no se cumplen, dando lugar a la resolución del contrato por el arrendador.

El controvertido tema de los locales en las Comunidades ha sido tratado en varias ocasiones, pero en este caso, a propósito de la reciente sentencia de la AP Madrid, Sec. 12.ª, 263/2022, de 1 de julio (SP/SENT/1159289), en la que se anula el acuerdo por el que se privaba de derecho de voto a estos comuneros pese a que estaban al corriente de pago, me ha parecido interesante traerlos de nuevo a estas líneas, para tratar el derecho a votar de estos comuneros.

Prefacio

Se me hace muy cuesta arriba abordar, aunque sea superficialmente, la inminente reforma del delito de sedición (que parece que también vendrá acompañada del de malversación de caudales públicos) y tratar de apartar de mi cabeza y de mi teclado ideas conexas sobre tributos políticos, líneas rojas, “países de nuestro entorno” y otras cuestiones y falacias que se nos tratan de colar como si fuéramos cándidos ciudadanos sin los pies en el suelo (siempre he pensado que la política, del color que sea, es el arte de la mentira). Intentaré resumir de una forma estrictamente jurídica, y lo más aséptica que pueda, en qué consiste esa reforma del Código Penal, que ya es inminente pues se está tramitando por la vía de urgencia y evitando trámites incómodos (por ejemplo, Informes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial).

En este post pre navideño nos ha parecido importante y útil resaltar e incluir todo lo que está produciendo, a marchas forzadas, el Departamento de Mercantil y Concursal de nuestra Editorial jurídica, Sepín, en torno a la reciente reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal.