El blog jurídico de Sepín

Fátima Mendes Mendes y Laura Alfayate Alonso

Alumnas del Practicum de la Universidad Carlos III

Llegó el día viernes 1 de julio y, mientras muchos estaban de camino a la playa, nosotras esperábamos recibir la videollamada para empezar nuestras prácticas. En un principio, teníamos la reunión sobre las nueve y media con Ana Lozano -nuestra tutora de las prácticas-. Sin embargo, el gran Miguel Ángel Arnal ya nos había avisado el día anterior de que nos llamaría antes por aquello de una serie de trámites informáticos que teníamos que hacer para poder teletrabajar. Su “antes” resultó ser todavía más pronto de lo que nos esperábamos, así que a las ocho de la mañana, Laura estaba al borde de ahogarse con el desayuno e intentando que Fátima se despertara. A pesar de ello, sobrevivimos a nuestro primer día descubriendo el innovador y avanzado programa de gestión de edición.

Jaime Moreno Verdejo

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo

y 

Pedro Díaz Torrejón

Fiscal. Miembro de la Asociación de Fiscales

1. Introducción

Hace ahora dos años de la reforma del art. 324 LECrim por la Ley 2/2020, de 27 de julio (SP/LEG/30511). Coincidiendo con su entrada en vigor (29 de julio de 2020) publicamos un artículo en este blog (Versión 2.0 del sistema de plazos del proceso penal: nueva redacción del art 324 LECrim) en el que dábamos cuenta de las principales líneas de la reforma y anunciábamos los principales problemas que vislumbrábamos en su aplicación. Como si de prueba documental se tratara lo damos por reproducido e invitamos a una lectura previa de aquel documento antes de adentrarse en el presente artículo.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

El 16 de agosto de 2022 entra en vigor la reforma, publicada con diferentes erratas, en el Boletín Oficial del Estado de 27 de julio de 2022 –Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, SP/LEG/38008- que altera sustancialmente el RD 557/2014, de 20 de abril -SP/LEG/7493- a través de 22 modificaciones que, esperemos, tendrán gran incidencia en la práctica pues buscan eliminar la rigidez actual en la normativa de extranjería vinculada al ámbito laboral y adecuar el marco de las autorizaciones de trabajo al nuevo marco de contratación establecido por la reforma laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre -SP/LEG/36184), además de actualizar algunos elementos de figuras previstas en el Reglamento de Extranjería tras las novedades jurisprudenciales de los últimos años, integrando en el reglamento soluciones que se habían aportado a través de instrucciones.

Nos comentan muchos compañeros que, producida la condena en costas, siendo esta firme y presentada la minuta de honorarios del Abogado y Derechos del Procurador, algunos Letrados de la Administración de Justicia, inicialmente, ya dictan un Decreto de tasación en el cual, sin esperar a que la parte contraria los impugne por excesivo o indebidos realizan un control de oficio, incluso a veces aplicando una especie de “tarifa plana” limitando los honorarios del Letrado y me cuestionan ¿se ajusta esta práctica a la Ley?

Hay normas de circulación que todos tenemos más que asimiladas, como por ejemplo que es obligatorio llevar el seguro del coche en cualquier caso. No obstante, quizá no seamos tan conscientes de cuáles son las infracciones de tráfico que más puntos pueden restarnos en el carnet.

En Sepín, desde la finalización de las medidas restrictivas de acceso a los Tribunales, ocasionadas por la pandemia, hemos recibido quejas de muchos compañeros sobre las restricciones de acceso que muchos Juzgados de Madrid y de otras partes del territorio nacional seguían manteniendo a Abogados y Procuradores para acceder a los distintos órganos judiciales.

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

El 18 de mayo de 2022 el Tribunal Supremo ha tenido que resolver la cuestión sobre la necesidad de exigir el procedimiento de exequátur a los documentos públicos extranjeros que se presentan en procedimientos de reagrupación de familiares casados en segundas o posteriores nupcias –SP/SENT/1150925-, y lo ha hecho con una línea continuista que ya inició con su sentencia de 25 de abril –SP/SENT/1147636–

En estas fechas de verano la contratación de personal para atender la seguridad y vigilancia en las piscinas municipales y en las comunidades de propietarios plantea muchas dudas a la hora de contratar a un socorrista conforme a la normativa de las piscinas, así como respecto a la contratación de estos trabajadores, tras la entrada en vigor del RD-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, la Garantía de la Estabilidad en el Empleo y la Transformación del Mercado de Trabajo, y con el fin de evitar contratos temporales fraudulentos.

1.- Introducción

La prueba pericial presenta cuestiones prácticas controvertidas. Muchas han sido expuestas en este Blog de Sepín.

Puede afirmarse que está superada la discusión sobre la naturaleza de la actuación del perito y la vieja polémica acerca de si nos encontramos ante un auténtico  medio probatorio o ante un auxiliar del juzgado ya que el Legislador procesal civil ha optado por la primera de las posturas y así en la propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 7 de  enero señala: “…Esta Ley se inclina coherentemente por entender el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco de un proceso, en el que, […]no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigación y comprobación de la veracidad de los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela formuladas por las partes, sino que es sobre éstas sobre las que recae la carga de alegar y probar” .

Introducción

Tras el dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la Sentencia 553/2022, de 2 de junio (SP/SENT/1151957) en que se declara que un mensaje en la red social Google + , supone delito de quebrantamiento de medida cautelar, analizamos esta resolución y otras en que las nuevas tecnologías (TICs) han servido tanto para la ejecución de este delito como para probar su comisión o localizar al denunciado.