El blog jurídico de Sepín

La STS, Civil sección 1 1-12-2022 (SP/SENT/1166742), a mi modo de ver con acierto, sobre la exclusión o no de la condición de deudor de buena fe a un concursado, persona natural, que dañó en una riña vecinal el vehículo de un tercero. Tal condición es requisito imprescindible para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho. Tanto la previa SAP de Asturias, Sección 1.ª, núm.: 2418/2019, como de procedencia del Juzgado Mercantil n.º 3 de Oviedo (Gijón), denegaron al concursado la exoneración y su petición subsidiaria de aprobar, el Plan de pagos presentado, estimando oposición de TGSS y BBVA.

Según el art. 49 del RDL 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (SP/LEG/2821), las actualizaciones de las cuantías y límites indemnizatorios fijados en la Ley y en sus tablas, son automáticas. En este post se analizan los criterios para realizar dicha operación.

Introducción

De todos es sabido que la norma general para la comparecencia de las partes a los actos del proceso civil lo es a través de sus representantes procesales, función atribuida en exclusiva a los Procuradores tal y como determinan los arts. 23, 25 y ss de la Ley 1/2000, de 7 de enero. Son estos mandatarios los que realizan válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales gracias a las facultades que contemplan los poderes generales y/o especiales.

Pero también es cierto que dicha norma tiene sus excepciones:

La adopción de medidas extraordinarias en el alquiler de vivienda no cesa. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, prácticamente hace tres años, se han dictado numerosos Reales Decretos Leyes con el fin de paliar las graves consecuencias económicas que afectaban a los alquileres, a los que, el pasado año 2022, se han sumado varias normativas, esta vez derivadas de la situación provocada por la guerra Rusia-Ucrania.

Ante la situación de incertidumbre de duración de la guerra y la persistencia de las presiones al alza sobre los precios, el Gobierno ha considerado necesario seguir adoptando medidas este año 2023 para proteger a los colectivos más afectados y vulnerables, y en consecuencia, ha aprobado el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, con entrada en vigor el 28 de diciembre, y que contempla en el Titulo IV, las medidas de impulso de la actividad y mantenimiento de la estabilidad económica y social, concretamente, en los artículos 67 al 71 las relativas al alquiler de vivienda.

Cuando nos encontramos ante un bien inmueble, sobre el que existe un derecho de usufructo a favor de un tercero, no siempre está claro que acciones puede ejercitar el nudo propietario o cuáles corresponden al usufructuario.

El gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros celebrado el 20 de diciembre el anteproyecto de Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores. Aunque no disponemos del texto legal, a continuación, vamos a destacar los aspectos más relevantes extraídos tanto de la nota como de la rueda de prensa posterior ofrecida por la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

En el momento en el que se produce una ruptura, todo se derrumba, y uno es llevado un poco por la inercia. Acudir directamente a juicio parece la solución fácil, porque es un camino bien conocido, y eso a pesar de que el camino pueda estar jalonado de vistas, modificaciones de medidas, recursos, más vistas, más modificaciones, nuevos recursos, y acabemos, al cabo de los años, siendo casi especialistas en Derecho de Familia.

Si se plantea acudir a la opción de la mediación suelen aparecer ideas preconcebidas por desconocimiento que no tienen por qué coincidir con la realidad.

Uno de los requisitos exigidos para obtener la nacionalidad por residencia es la buena conducta cívica.  

Por todos es sabido que para obtener la nacionalidad española por este motivo deben cumplirse cumulativamente varios requisitos: que ésta haya durado diez años, aunque el plazo admite modularse con base a varias excepciones, que dicha residencia además sea legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, que se acredite suficiente grado de integración en la sociedad española y, la exigencia de buena conducta cívica.