El blog jurídico de Sepín

El objetivo de la nueva Ley 13/2022, de 7 de Julio, General de Comunicación Audiovisual (en adelante, LGCA), que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/1808, de Servicios de Comunicación Audiovisual, no es únicamente regular, como cabría esperar, la prestación de los servicios de comunicación audiovisual lineales, constituidos básicamente por los servicios radiofónicos y televisivos tradicionales (que se prestan para el visionado/audición simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación), sino que también normaliza por primera vez los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición o televisivos no lineales, es decir, los que se prestan para el visionado de programas en el momento elegido por el espectador sobre la base de un catálogo (donde se engloban las llamadas plataformas de “streaming”, como Movistar, Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+, entre otras.

Nuestro Código Civil regula el derecho de propiedad en el art. 348, en el que establece que «es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla«.

En este post analizamos las cinco acciones principales que el ordenamiento jurídico concede al propietario o al poseedor para la protección de su derecho y que son: la acción declarativa de dominio, la acción reivindicatoria, la de deslinde, la negatoria de servidumbre y la acción de tutela de la posesión.

I. Introducción y estructura

Ya lo decía el anuncio de unos grandes almacenes, en un loable (aunque en ocasiones, vano) esfuerzo por fomentar el entusiasmo de los más pequeños por la vuelta a las aulas: “volver a empezar, otra vez”. Sin embargo, esta vuelta al “cole” pretende ser más movida e intensa de lo habitual y, además, parece que deberemos habituarnos a incorporar “nuevos amigos”. El nuevo año judicial trae consigo nuevas normas que pretenden suponer un antes y un después en la tradicional concepción de los delitos sexuales que se ha manejado, hasta ahora, en nuestro ordenamiento jurídico. De forma prácticamente paralela a los discursos que se pronunciaban en el salón de plenos del Tribunal Supremo por parte de S. M. El Rey, el presidente del CGPJ o el Fiscal General del Estado, el Boletín Oficial del Estado publicaba el que ha venido siendo, en términos normativos, el “buque insignia” de los proyectos legislativos impulsados por el departamento ministerial de Igualdad que dirige Irene Montero: la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual (SP/LEG/38227) (en adelante, LOGILS).

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 692/2022, de fecha 22/07/2022, recaída en el Recurso nº 701/2021[1], en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la empleadora (titular del hogar familiar) frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Asturias nº 1762/2020, de fecha 20/10/2020, recaída en el Recurso nº  1051/2020[2], sentencia que casa y anula, y en la que tras resolver el debate planteado en suplicación, se desestima el recurso de tal clase interpuesto por la trabajadora y se confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Gijón, de fecha 30/01/2020, en los Autos nº 475/2019, en la que se desestimaba la demanda interpuesta frente a su empleadora por despido.

Decía Víctor Hugo que lo difícil no era ser bueno, que lo difícil era ser justo. Con la reforma de la Segunda Oportunidad sucede algo parecido, con el antecedente que teníamos en la Ley Concursal no era difícil hacer una ley buena, ya que partíamos de una ley que era en principio aceptable, lo difícil era reformar una ley buena para hacer una ley que también fuera justa. En la que ahora se ha aprobado no se ha conseguido.

La sentencia TS, Sala 1.ª, de lo Civil, Pleno, 579/2022, de 26 de julio (SP/SENT/1155337) vuelve a constituir un nuevo ejemplo de cómo el TJUE pide a nuestro Alto Tribunal una postura más ajustada a la Jurisprudencia comunitaria en una materia como la abusividad de las condiciones generales de la contratación, en contratos de adhesión seriados, que las entidades financieras suscriben con los consumidores y que tantísima repercusión y polémica generan y me temo, seguirá generando.

En el ámbito de los arrendamientos urbanos, no cabe duda de que las crisis económicas provocan un enorme desequilibrio en la relación arrendaticia ante la falta de pago de la renta por parte de los arrendatarios, lo hemos comprobado con la crisis sanitaria por la COVID-19, y actualmente por la guerra Rusia-Ucrania.

Ante estas situaciones, el Gobierno ha ido dictando numerosa normativa con efectos de paliar este grave problema, recordando que la vivienda es un bien de primera necesidad, estableciendo para ello medidas extraordinarias en numerosos Reales Decretos, continuando algunas en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022; por otra parte, en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, igualmente fue aprobado el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, con otro paquete de medidas, que se han prorrogado por Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, ante los datos de la inflación.

I. Introducción

A punto de tomarnos las esperadas vacaciones y cuando ya pensábamos que la actividad legislativa nos daba un respiro hasta septiembre, el Boletín Oficial del Estado publicaba “in extremis”, el viernes 29 de julio, una nueva Ley Orgánica, la número 9/2022, de 28 de julio (SP/LEG/38026), relevante desde el punto de vista penal, pues como asunto principal recoge una serie de reglas, como indica su propio título, a fin de facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.

Ante la existencia de una deuda en ocasiones nos consultan acerca de cómo se producirá el embargo por la Administración y, en especial, qué parte de la nómina se verá afectada tras la reciente resolución del TEAC de 17 de mayo de 2022 en unificación de criterio.

El pasado día 2 de agosto entró en vigor el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural (en adelante, RD-ley de ahorro energético), que incluye en su articulado un “Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización” (artículo 29), donde se especifica, entre otras cosas, la temperatura límite a las que deben refrigerarse o calefactarse determinados edificios y recintos.