El blog jurídico de Sepín

Fátima Mendes Mendes y Laura Alfayate Alonso

Alumnas del Practicum de la Universidad Carlos III

Llegó el día viernes 1 de julio y, mientras muchos estaban de camino a la playa, nosotras esperábamos recibir la videollamada para empezar nuestras prácticas. En un principio, teníamos la reunión sobre las nueve y media con Ana Lozano -nuestra tutora de las prácticas-. Sin embargo, el gran Miguel Ángel Arnal ya nos había avisado el día anterior de que nos llamaría antes por aquello de una serie de trámites informáticos que teníamos que hacer para poder teletrabajar. Su “antes” resultó ser todavía más pronto de lo que nos esperábamos, así que a las ocho de la mañana, Laura estaba al borde de ahogarse con el desayuno e intentando que Fátima se despertara. A pesar de ello, sobrevivimos a nuestro primer día descubriendo el innovador y avanzado programa de gestión de edición.

Hay normas de circulación que todos tenemos más que asimiladas, como por ejemplo que es obligatorio llevar el seguro del coche en cualquier caso. No obstante, quizá no seamos tan conscientes de cuáles son las infracciones de tráfico que más puntos pueden restarnos en el carnet.

José Antonio Díez Fernández

Doctor en Derecho. Profesor Adjunto en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Co-director del Máster de Bioética de la UNIR.

La reciente sentencia de la Corte Suprema de los EE.UU. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (en adelante, Dobbs), de 23 de junio de 2022[1], ha supuesto una auténtica convulsión en el panorama político y jurídico, que presagia importantes consecuencias para el futuro en muy distintos ámbitos. Como es bien sabido, este fallo ha anulado una doctrina acuñada por el propio Tribunal en el histórico caso Roe v Wade de 1973[2] (confirmada en 1992 por la sentencia Planned Parenthood v. Casey)[3], que consagraba el aborto como un derecho constitucional hasta las 22 semanas de gestación, rompiendo el blindaje constitucional al aborto y devolviendo su regulación a los Estados.

Alberto Sierra Villaécija

Director de Sepín Laboral y Seguridad Social. Abogado

Concepción Morales Vállez

Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 310/2022, de fecha 06/04/2022, recaída en el Recurso nº 1289/2021[1], en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto la beneficiaria de la prestación de incapacidad temporal frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 62/2021, de fecha 05/02/2021, recaída en el Recurso nº 531/2020[2], sentencia que casa y anula, y en la que tras resolver el debate planteado en suplicación, se revoca la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de los de Madrid, de fecha 19/02/2020, en los autos nº 461/2019, y se estima en su integridad la demanda, reconociendo el derecho de la actora a percibir el subsidio de incapacidad temporal en el período objeto de reclamación.

Tomás Manfredi Barbeito

Responsable del departamento de Derecho Administrativo de Rivero y Gustafson Abogados

Los criterios ESG (por su siglas en inglés, “Enviromental, Social y Governance”), hacen referencia a aquellos factores que convierten a una empresa en sostenible en atención a una serie de compromisos sociales, ambientales y de buen gobierno; todo ello, sin desatender los criterios financieros.

Concepción Morales Vállez

Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid

El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del Tribunal Supremo nº 53/2022, de fecha 20/01/2022, recaída en el Recurso nº 2289/2019[1], en cuya parte dispositiva se estima el RCUD interpuesto por la mercantil COLEGIO EIRIS, S.A., S.L. frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 27/02/2019, recaída en el Recurso nº  4002/2018[2], sentencia que casa y anula, y en la que tras resolver el debate planteado en suplicación, se confirma la Sentencia de fecha 04/06/2018, dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de los de A Coruña, recaída en autos nº 213/2018, en proceso de despido.