El blog jurídico de Sepín

Gema Murciano Álvarez

Redacción Jurídica de Sepín

El 18 de mayo de 2022 el Tribunal Supremo ha tenido que resolver la cuestión sobre la necesidad de exigir el procedimiento de exequátur a los documentos públicos extranjeros que se presentan en procedimientos de reagrupación de familiares casados en segundas o posteriores nupcias –SP/SENT/1150925-, y lo ha hecho con una línea continuista que ya inició con su sentencia de 25 de abril –SP/SENT/1147636–

En estas fechas de verano la contratación de personal para atender la seguridad y vigilancia en las piscinas municipales y en las comunidades de propietarios plantea muchas dudas a la hora de contratar a un socorrista conforme a la normativa de las piscinas, así como respecto a la contratación de estos trabajadores, tras la entrada en vigor del RD-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reforma Laboral, la Garantía de la Estabilidad en el Empleo y la Transformación del Mercado de Trabajo, y con el fin de evitar contratos temporales fraudulentos.

1.- Introducción

La prueba pericial presenta cuestiones prácticas controvertidas. Muchas han sido expuestas en este Blog de Sepín.

Puede afirmarse que está superada la discusión sobre la naturaleza de la actuación del perito y la vieja polémica acerca de si nos encontramos ante un auténtico  medio probatorio o ante un auxiliar del juzgado ya que el Legislador procesal civil ha optado por la primera de las posturas y así en la propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 7 de  enero señala: “…Esta Ley se inclina coherentemente por entender el dictamen de peritos como medio de prueba en el marco de un proceso, en el que, […]no se impone y se responsabiliza al tribunal de la investigación y comprobación de la veracidad de los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de tutela formuladas por las partes, sino que es sobre éstas sobre las que recae la carga de alegar y probar” .

Introducción

Tras el dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de la Sentencia 553/2022, de 2 de junio (SP/SENT/1151957) en que se declara que un mensaje en la red social Google + , supone delito de quebrantamiento de medida cautelar, analizamos esta resolución y otras en que las nuevas tecnologías (TICs) han servido tanto para la ejecución de este delito como para probar su comisión o localizar al denunciado.

Quién no se ha preguntado alguna vez que persona es la responsable según la infracción de tráfico que se cometa. ¿Responde el conductor del vehículo siempre? ¿Y el de una moto por la falta de utilización del casco del acompañante? ¿Quién es el responsable si el coche se encuentra en el taller? En el post de hoy trataremos estas cuestiones.

José Antonio Díez Fernández

Doctor en Derecho. Profesor Adjunto en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Co-director del Máster de Bioética de la UNIR.

La reciente sentencia de la Corte Suprema de los EE.UU. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (en adelante, Dobbs), de 23 de junio de 2022[1], ha supuesto una auténtica convulsión en el panorama político y jurídico, que presagia importantes consecuencias para el futuro en muy distintos ámbitos. Como es bien sabido, este fallo ha anulado una doctrina acuñada por el propio Tribunal en el histórico caso Roe v Wade de 1973[2] (confirmada en 1992 por la sentencia Planned Parenthood v. Casey)[3], que consagraba el aborto como un derecho constitucional hasta las 22 semanas de gestación, rompiendo el blindaje constitucional al aborto y devolviendo su regulación a los Estados.

Marta Bergadà

Abogada especialista en la Ley de la segunda Oportunidad. Socia-fundadora de Bergadà Asociados

El rol de los abogados en la Ley de la Segunda Oportunidad, es uno de los roles más importantes y decisivos para lograr la exoneración de las deudas.

Los abogados, jugamos un papel silencioso y en ocasiones, incomprendido y poco valorado por el cliente, del cual hoy me apetece escribir y detallar.

Sin pretender que este post sea un estudio exhaustivo de esta reforma que considero importante para las Comunidades, al menos en las pretensiones, creo interesante traer a este breve comentario algunas de las primeras reflexiones.

Begoña Costas de Vicente

Directora de Sepín Arrendamientos Urbanos. Abogada 

Y de nuevo, limitaciones en el alquiler de vivienda durante 2022 por Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio. Como responsable de esta materia de arrendamientos urbanos en la Editorial Sepín, tanto Real Decreto-ley empieza a producir cierto cansancio e indignación. Continuamos asistiendo desde hace ya más de dos años a la aprobación de numerosas medidas, la mayoría de ellas ineficaces e incompletas, y lo que es peor, con imposiciones gubernamentales en un sinfín de Reales Decretos Leyes, olvidando que nos encontramos ante una relación privada entre arrendador y arrendatario, y que no procedería tal intervención.