En el complejo funcionamiento de las Comunidades de Propietarios, hay determinadas cuestiones que, quizá por considerarlas demasiado obvias, no son comentadas habitualmente, pero ello no quiere decir que no den lugar a confusión y generen dudas. Precisamente, es una pregunta realizada por un suscriptor de sepín lo que me ha hecho escribir este post: si los acuerdos son ejecutivos desde el momento en el que se adoptan como señala el artículo 553.29 del CCCat y vinculan a todos los propietarios, a tenor de lo dispuesto en el 553.30.1, ¿comenzará desde ese momento el cómputo para una posible impugnación?

La tecnología está revolucionando la forma en que los conflictos jurídicos se resuelven hoy en día. Esto se debe a que la tecnología ha creado nuevas formas de abordar los problemas jurídicos de una manera más eficiente y efectiva. 

 ¿Somos conscientes de que las crisis familiares hay que abordarlas con el asesoramiento de especialistas para encontrar la solución más adecuada para ese supuesto familiar en concreto?

Introducción

El pasado mes de diciembre, la violencia machista se cobró trece vidas, el mes más negro desde 2003, cuando se empezaron a contabilizan las víctimas por violencia de género. El día 8 de enero de 2023 se produjeron cuatro asesinatos más, todos en la misma jornada, por la misma causa.

Desde el 23 de diciembre de 2022 está en vigor la LEY 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes -SP/LEG/38930- que intenta favorecer el emprendimiento y establecer un marco normativo específico para apoyar la creación y el crecimiento de empresas emergentes en España introduciendo una importante modificación en la LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización - SP/LEG/12701- más conocida por su propuesta de la llamada “Golden visa”.

Sinceramente, nos parece increíble que el Gobierno siga dictando normas a diestro y siniestro en el ámbito de los arrendamientos urbanos. Es realmente agotador para los estudiosos del tema, y para una Editorial que trata de informar con el mayor rigor jurídico en esta especialidad, vigilar con lupa cada acción, cada norma aprobada o por dónde llega otra intervención en los alquileres. Ni que decir tiene que en nuestros posts del Blog Jurídico de Sepín hacemos un continuo seguimiento y ya advertimos, de que la mayor parte de las veces, existen multitud de lagunas que dan lugar a distintas interpretaciones, porque los legisladores ni tiempo tienen para revisar las consecuencias de las medidas aprobadas.

• Sobre la obligación de resolver

Por todos es conocido que las Administraciones Públicas tienen obligación de resolver expresamente todos los procedimientos, tanto los iniciados a instancia de parte como los que ellas mismas inicien de oficio. Así se lo impone el art. 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -SP/LEG/18504- (LPACAP, en lo sucesivo): “La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”

El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de días de término y de expiración. Son muchas las pretensiones que se ven frustradas ante los Tribunales, no por la ausencia de razón de la parte actora, sino porque ha transcurrido el plazo para poder ejercitar una acción.

Debemos tener en cuenta que el transcurso del tiempo afecta tanto al nacimiento de los derechos (usucapión o prescripción adquisitiva), como a la pérdida de estos (prescripción extintiva).

Todas estas cuestiones se reducen a una sola pregunta, ¿es inconstitucional el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas? 

No es la primera vez que escribo acerca de los gastos comunes y más concretamente sobre el pago de estos por los comuneros, pues siendo esta una de las obligaciones principales de todo propietario, como señala el artículo 9.1.e), y fundamental para el correcto funcionamiento de la Comunidad, no son pocos los problemas que suscita, sobre todo respecto a la exoneración de estos.