El blog jurídico de Sepín

El pasado día 29 de septiembre el BOE publicó la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (SP/LEG/38334), ley que entra en vigor en su mayoría el 19 de octubre de 2022.

La creación de empresas y su crecimiento es esencial en todos los sectores de la economía, teniendo esta ley dicho objeto mejorar el clima de negocios, impulsar el emprendimiento y fomentar el aumento del tamaño empresarial, así como el despliegue de redes de colaboración e interacción.

El boom de los apartamentos y viviendas turísticas que surgió hace años ha ido frenando debido a la situación de inestabilidad económica y la disminución de sus usuarios, además de las obligaciones tributarias en desventaja con otras formas de alquiler y los continuos problemas por molestias en las Comunidades de propietarios. En consecuencia, son muchos los propietarios que están optando por cambiar el destino de sus viviendas de uso turístico al contrato de arrendamiento de temporada o incluso residencial, ambos sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, o incluso al alquiler por habitaciones reguladas por el Código Civil.

La gestión de negocios ajenos sin mandato es un cuasi contrato caracterizado por la asunción voluntaria de un trabajo que a otro le corresponde hacer, sin contar con un encargo concreto.

“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.” Corintios 11:14

Y de prestar un servicio se pasa… si es esencial e insustituible, a la decisión, al poder.

En un duelo soterrado (o no tanto) en que las megaempresas tecnológicas de GAFAM[1] mantienen un pulso con las instituciones públicas que ha llevado incluso a que el demócrata David Cicilline, presidente del subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en julio de 2020, donde se llevó a cabo la audiencia de los presidentes ejecutivos de Apple, Amazon, Google y Facebook, apelara con vehemencia a las esencias estadounidenses para defender la necesidad de poner límites al poder de las grandes tecnológicas. Tras recordar en su intervención inicial que “Nuestros padres fundadores no se inclinaron ante un rey”, que “tampoco nosotros debemos inclinarnos ante los emperadores de la economía digital”.

Cuando uno entra en una sala de mediación por primera vez, se dará cuenta de que, junto a la pregunta, figura otra herramienta estrella de comunicación: el silencio.

Resulta paradójico que la “ausencia de hablar”, tal como lo define la RAE en su primera acepción, o “la ausencia de ruido” como segundo significado, tenga tanta repercusión en un espacio que fomenta el diálogo, y lo estructura para poder encontrar soluciones a problemas que en un principio parecían imposibles de resolver, pero es que el silencio “habla” por sí mismo, y si no, que se lo pregunten a César cuando lanzó su pregunta «¿Tú también, Bruto?«, o cuando Napoleón dirigiéndose a sus generales en la batalla de Waterloo les preguntó «¿Creéis que ganaremos?«.

En los últimos años el espacio digital ha ocupado un papel protagonista en la comisión de hechos delictivos, dando lugar a una nueva forma de delinquir: “la ciberdelincuencia”. Esta forma de cometer delitos incide en cuestiones esenciales como la autoría, la acción, el objeto, el tiempo, el lugar y las consecuencias jurídicas.

En este artículo nos referiremos concretamente al “lugar de comisión del delito” mediante el uso de las redes sociales, a través del estudio de la STS 547/2022, de 2 de junio (SP/SENT/1152509), la interesantísima reflexión de la Fiscalía y el voto particular.

Por fin el legislador reconoce que la reforma llevada a cabo en el Código Penal en el año 2019 supuso un sistema perjudicial para las víctimas de accidentes de tráfico, y por ello mediante la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, ha modificado el Código Penal (CP) en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, y ha pretendido fijar determinados supuestos en los que la imprudencia merecía un reproche penal y que se analizan en este post.

El principio de relatividad de los contratos determina que los efectos del negocio contractual, solo se producen entre las partes intervinientes o sus herederos y tiene su plasmación normativa en el artículo 1257 Código Civil, que establece lo siguiente:

La Dirección General de la Seguridad Jurídica y la Fe Pública ha admitido la validez de las cláusulas por las que se permite la división, segregación, agrupación o agregación de elementos privativos sin necesidad de consentimiento de la junta de propietarios.  Pero en aquellos casos en que dicha cláusula no esté incorporada a los Estatutos, ¿cómo podemos dividirlo?

La solución radica en el artículo 10.3. b), por el que se establece la mayoría suficiente de 3/5 para modificar cuotas de participación de un régimen de propiedad horizontal, circunscribiéndose a un acto concreto: "la división material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes; el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por segregación de alguna parte”

En anteriores publicaciones ya hemos tratado en Sepín la suspensión de vista por enfermedad de Letrado. Sin embargo, en este post nos vamos a centrar en la suspensión de vista por enfermedad de la Letrada, en concreto, el periodo de menstruación de esta cuando como consecuencia del mismo se produce la dismenorrea.