El blog jurídico de Sepín

El artículo 18. 2 de la LPH establece que, estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Siendo un requisito necesario para instar la correspondiente acción judicial que el demandante esté al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Es decir, la regla general sería que el moroso no podrá accionar judicialmente impugnando los acuerdos comunitarios, no obstante, el citado precepto legal señala específicamente una excepción estableciendo que, esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios.

Parecía que esta cuestión relativa a cómo deben acreditar las personas jurídicas su voluntad de interponer un recurso contencioso-administrativo era una cuestión ya resuelta a base de multitud de pronunciamientos de la Sala Tercera; sin embargo, comprobamos ahora que no todo podía considerarse ya una cuestión superada sino que todavía quedaban supuestos específicos que podían generar controversia y que han provocado una nueva sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la que fija doctrina jurisprudencial sobre las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación y que presentaban interés casacional.

I. Introducción

En Tailandia se permite que el acusado en un juicio penal pueda interactuar con los testigos y someterlos a interrogatorio, regla que en España parece ser motivo de debate, como se desprende de lo expuesto desde diversos medios de comunicación a raíz del juicio celebrado con motivo de la acusación dirigida contra Daniel Sancho. Aunque esta actuación procesal puede generar cierta controversia en el contexto judicial español, es importante señalar que, con la denominación de "careo", está regulada con precisión en los arts. 451 a 455, 713, 729 y 797 LECrim. En este sentido, resulta fundamental realizar un análisis exhaustivo de su contenido, las ventajas y las desventajas que conlleva esta institución en ambos sistemas judiciales, con el objetivo de comprender su impacto y determinar su relevancia en el desarrollo de un proceso judicial justo y eficiente.

Ante la situación de crisis económica provocada por la pandemia en 2020 y, actualmente, las consecuencias económicas y sociales de la guerra Rusia-Ucrania, el Gobierno ha ido dictando numerosa normativa con efectos de paliar el problema del alquiler de vivienda, estableciendo por una parte, medidas extraordinarias en varios Reales Decretos respecto la actualización de la renta y la suspensión de los desahucios y los lanzamientos, al igual que otras introducidas en la Ley por el derecho a la vivienda sobre la limitación de renta y la prórroga extraordinaria. Además, ha aprobado ayudas directas al arrendatario, como el Bono de Alquiler Joven y los programas contenidos en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Analizamos en estos comentarios cuáles son realmente las medidas a las que se puede acoger un arrendatario de vivienda en 2024.

Tradicionalmente la jurisprudencia venía estableciendo que la sucesión o encadenamiento de contratos temporales quedaba rota cuando entre una y otra contratación temporal superaba el periodo de 20 días hábiles.

En el presente post, vamos a intentar aclarar los aspectos claves que se deben tener en cuenta cuando, un comprador de una vivienda en construcción ha entregado cantidades anticipadas al promotor y quiere solicitar su devolución a la entidad financiera en la que fueron ingresadas, cuando esta no ha exigido al promotor la apertura de la cuenta especial ni la contratación del aval o seguro, ya sea tanto en contratos firmados bajo el ámbito de aplicación, de la hoy derogada, Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, como en contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2016 y a los que son de aplicación la normativa establecida en la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, en la redacción dada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Se trata de un tema controvertido en las Comunidades de propietarios pues, el comunero que tiene el uso entiende que será la Comunidad la responsable de las reparaciones de este elemento común, mientras que esta entiende que, correspondería al que tiene el uso; ambos poseen razones para poder  argumentar su consideración ya que, como veremos, dependerá del supuesto concreto y del tipo de reparación, por lo tanto no existe una respuesta univoca, salvo la que podemos resumir como: al propietario que tiene el uso, le corresponde el mantenimiento ordinario de conservación, mientras que la Comunidad, deberá atender a las reparaciones extraordinarias, las derivadas del paso del tiempo y sin duda será responsable del mantenimiento de aquellos elementos comunes que lo son por naturaleza, como la estructura o forjado del inmueble, además, la contestación dependerá de la responsabilidad, es decir, repito, es necesario atender al caso específico.

Tras distintas resoluciones en las que el derecho a la devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía municipal en sucesivas) es reconocido en relación con las autoliquidaciones, el Tribunal Supremo en sentencias de 28 de febrero y de 4 de marzo del 2024 procede a reconocer el derecho a la recuperación del impuesto a contribuyentes que lo abonaron mediante su liquidación. La devolución en cada uno de los supuestos se ha instado mediante un procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho, desestimados hasta la sentencia que citamos, y solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, incluyéndose en este segundo supuesto la devolución de la sanción impuesta.

I. Introducción

No hay día que no nos sobresaltemos con las noticias de sucesos de nuestros telediarios y periódicos, no solo las procedentes de las insoportables guerras que en estos instantes están teniendo lugar en distintas partes del planeta, sino también de las más cercanas y no menos truculentas que se producen en el seno de nuestro propio territorio, que ponen en evidencia que con demasiada frecuencia la realidad supera a la ficción y que la crueldad humana parece no tener límites.

1. Introducción: conceptos.

 En la búsqueda de una respuesta unánime acerca de la calificación del gasto en universidades privadas nos encontramos ante una variedad de resoluciones judiciales provenientes, fundamentalmente, de las Audiencias Provinciales. Basándonos en el estudio de las más recientes podríamos llegar a una conclusión firme, y esta es: depende.