El blog jurídico de Sepín

I. Introducción

Pongamos que hablamos hoy sobre las declaraciones prestadas por una persona, que aún no ha sido requerida ante el órgano instructor en condición de investigado, ni tampoco ha sido detenida a los efectos de los arts. 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (SP/LEG/2487); imaginemos que esa misma persona ha sido requerida a comparecer ante la policía debido a que su nombre ha aparecido (recordemos, no como investigado, perjudicado…) en el seno de una causa judicial ya instruida. Para colmo, una vez que acude al llamamiento policial, esa persona (un verdadero apátrida procesal) tiene a bien declarar ante los agentes policiales y que, exista la posibilidad, de un ulterior procesamiento y condena por esos mismos hechos.

I. Introducción

El problema de la ocupación de inmuebles está lejos de encontrar una solución. Con una redacción vigente e inalterada desde la entrada en vigor de nuestro Código Penal (SP/LEG/2486), el actual art. 245.2 CP dispone que:

Introducción

La reforma operada por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (SP/LEG/43799), más conocido como el Reglamento de Extranjería no se circunscribe a las cuestiones propias de la situación administrativa o laboral, de las personas extranjeras en España.

De la necesidad de proteger a las víctimas más vulnerables (también en situaciones de emergencia)

El Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre (SP/LEG/43723), por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 nace con la vocación de dar una respuesta urgente a las situaciones originadas por las inclemencias climatológicas sufridas a principios de este mes de noviembre, en especial, en la zona del levante valenciano.

Introducción

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (SP/LEG/38227) ha supuesto un verdadero cambio de paradigma en el Derecho penal sexual español; a la obvia y aparente ruptura con el modelo abuso-agresión y la unificación de la totalidad de los atentados contra la libertad sexual bajo la égida de la agresión sexual, el legislador se ha visto obligado a introducir unas horquillas penológicas sin parangón en nuestro texto punitivo v.gr. en el caso de la agresión sexual con acceso carnal o introducción de miembros u objetos (art. 179 CP —SP/LEG/2486—) la pena oscila desde los cuatro hasta los doce años.