El blog jurídico de Sepín

I. La admisibilidad de denuncias basadas en recortes de prensa para iniciar un proceso penal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no prohíbe la admisión de denuncias o queellas basadas en recortes de prensa. No obstante, sí que existen diversas resoluciones judiciales concretas sobre este tema, que se refieren a casos específicos con circunstancias particulares vinculadas con el inicio de un proceso penal, sin que ello suponga determinar la existencia de responsabilidad criminal.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (en adelante, DGSJFP), en su resolución de 27 de febrero de 2024 (SP/SENT/1215329) ha examinado la cuestión relativa a si cuando existen dos hipotecas con el mismo rango y se produce la ejecución de una de ellas, ello implica que el titular de la otra hipoteca de igual rango y que no es objeto de ejecución, tiene derecho a que, el sobrante del precio de remate, se aplique al pago de su crédito de forma preferente a los titulares de las cargas posteriores.

Esta es la cuestión que viene a resolver la reciente sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo de fecha 27-9-2023 (SP/SENT/1197399). El origen es una demanda formulada por la viuda de un asegurado, en su condición de beneficiaria, en la que se ejercitó una acción contra la aseguradora para reclamar el capital pactado en la póliza de seguro de vida e invalidez permanente suscrita por su marido, en la cuantía de 50.000 euros. Resumidamente se alegó ocultación de datos por el asegurado, y la aplicación de una condición general con un periodo de carencia. Condición general a la que se remitían las condiciones particulares

I.-Breve introducción histórica

            Si hacemos, aunque sea una breve consideración histórica dentro de nuestra función representativa, tenemos que hablar de la figura Medieval de los Procuradores de las Cortes; Los llamados Procuradores de las Cortes estaban vinculados directamente a la voluntad de sus mandantes, aquellos ciudadanos que los elegían; es lo que tradicionalmente se conoce con el nombre de mandato imperativo. Jurídicamente esta figura equivale a lo que hoy es la figura privada del mandato de representación, muy presente en nuestro Derecho civil.

Mucho tiempo estuvimos esperando la aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y mucho hemos comentado durante este año en nuestro Blog de Sepín y en la Editorial dedicada a los arrendamientos urbanos desde hace más de 40, donde hemos analizado las cuestiones más polémicas y de actualidad. Recordamos que el 27 de abril de 2023, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley, y tras su remisión al Senado, el Pleno ratificó el mismo el 18 de mayo, sin admitir ninguna enmienda. La misma fue publicada en el B.O.E. el 25 de mayo de 2023 con entrada en vigor el 26 de mayo de 2023, conforme su disposición final novena, con la única excepción de la disposición final segunda "Incentivos fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda", que entraría en vigor el 1 de enero de 2024.

Introducción

Este año 2024 han muerto siete menores a manos de sus padres víctimas de la llamada “violencia vicaria” en España; un número muy elevado si tenemos en cuenta que estamos solo en mayo y la cifra podría arrojar peores resultados a final de año.

El derecho a la desconexión digital viene reconocido en el art. 20 bis del Estatuto de los trabajadores (SP/LEG/18609), controlando los límites de la jornada laboral y garantizando un tiempo mínimo de descanso, evitando así la exposición de las personas trabajadoras a riesgos psicosociales con el fin de garantizar el derecho a la salud y a la intimidad personal.

1.- Planteamiento

El monitorio nació para ser un proceso sencillo que, como señalaba la Exposición de Motivos de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/2012), “resolviera de una manera rápida la protección rápida y eficaz el crédito dinerario líquido de muchos justiciables y, en especial, de profesionales y empresarios medianos y pequeños”.

Nos encontramos ante uno de los procedimientos más importantes de nuestro país, como ya he expuesto muchas veces en el Blog de Sepín, al menos cuantitativamente y los números lo avalan. Sus cifras demuestran que, durante los 24 años de vigencia de la norma rituaria civil, el monitorio no ha parado de crecer.

El art. 18 de la LPH, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, introdujo, este requisito para poder impugnar el acuerdo, haber salvado el voto en Junta.

Esta expresión fue objeto de numerosas interpretaciones, pero el Tribunal Supremo, como veremos, ya se ha pronunciado al respecto, así, podría entenderse que no hay duda alguna, que no tiene sentido aclarar nada, máxime teniendo en cuenta que este tema ya fue tratado en un post anterior. No obstante, tras una consulta que llegó a sepín, considero que merece la pena dedicarle unas líneas esperando que, su lectura haga que no se cometan errores y, de este modo, los propietarios, se puedan ver impedidos de ir en contra de lo acordado en Junta, mediante la correspondiente impugnación, en el caso de que, se consideren con posibilidades de defender la citada acción judicial para anular un acuerdo comunitario.

El RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCYU) regula de forma general el derecho de desistimiento en los arts. 68 a 79, y también lo desarrolla específicamente en los arts. 102 a 108 para los contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil.