-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
Un robo de cable en cuatro puntos diferentes de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla ha afectado a miles de pasajeros, paralizando la circulación de numerosos trenes y provocando retrasos y cancelaciones. Ante esta situación, es importante conocer los derechos que asisten a los viajeros, derechos que se encuentran recogidos fundamentalmente en:
Para poder inscribir en el Registro de la Propiedad cualquier derecho real sobre un bien inmueble que se haya obtenido por negocio oneroso es necesario acreditar en escritura pública los medios de pago empleados.
Los datos oficiales sobre ciberseguridad indican un aumento alarmante y acelerado de los delitos relacionados las estafas informáticas, motivo por el que hemos querido dedicar este post para hablar del fraude bancario, las modalidades que existen y analizar el régimen de responsabilidad establecido en el RD-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago (en adelante, LSP), que es la normativa a la que hay que acudir en caso de operaciones de pago no autorizadas.
Esta pregunta que, en principio, tendría respuesta en la propia Ley de Propiedad Horizontal (SP/LEG/1894), ha sido objeto, como veremos, de numerosas resoluciones judiciales, por lo que, considero de interés intentar aclararla en estas breves líneas.
Sobre la protección y el bienestar del menor ante la existencia de episodios violentos y su relevancia en la determinación del régimen de custodia. Análisis de la jurisprudencia reciente del TS y el TC en relación con el artículo 94 CC, el interés superior del menor y su derecho a ser oído en el proceso judicial.
32La Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación (SP/LEG/37906) que establece en su artículo 2.1 que "Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
El pasado dia 8 de abril se aprueba por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, tras lo cual pasa al Congreso de los Diputados para ser aprobada por las Cortes, en un plazo que se espera sea para antes del verano, y que viene a sustituir a la actual Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (SP/LEG/18193). El Ministerio de Sanidad ha dado hasta el 30 de abril para que todo aquel interesado pueda realizar las aportaciones que considere oportunas
En este post se presentan resumidamente los asuntos tratados en dicha norma que no ha dejado indiferente al sector farmacéutico, ya que es sumamente crítico con el nuevo sistema de precios que quiere impulsar el Gobierno, y otros aspectos que viene a imponer dicho texto legal.
En el ámbito del derecho penal, los casos que transitan desde una condena inicial hasta una absolución en instancias superiores no son meros incidentes aislados, sino ejemplos paradigmáticos de la complejidad inherente a la administración de justicia. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de Apelación Penal) 109/2025, de 28 de marzo (SP/SENT/1250879), en el marco del recurso de apelación número 279/2024, constituye un caso emblemático que ilustra esta dinámica. Daniel Alves, el futbolista al que la sentencia comentada se refiere como Secundino (resulta irónica la anonimización en este supuesto, aunque es totalmente correcta), enfrentó en primera instancia una condena por un delito de violación que le impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión, acompañada de medidas accesorias como la libertad vigilada y la prohibición de acercamiento a la víctima, Rafaela. Sin embargo, este pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en adelante, TSJCAT) marcó una revisión judicial que culminó en su absolución, un desenlace que no solo alteró el destino personal del acusado, sino que también puso en el centro del debate principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.
Si cada matrimonio es distinto, cada divorcio lo es aún más.
Frente a realidades sociales cambiantes y a una variabilidad creciente en las dinámicas familiares, los cambios legislativos requieren de una inmediatez en sus respuestas antes no exigida. En este contexto, la pensión compensatoria, como mecanismo jurídico y -a veces- consecuencia del divorcio, es un claro reflejo de esta evolución. Si bien hace décadas la disolución del vínculo matrimonial era impensable, aún más lo era el reconocimiento de una prestación económica por ello.
