El blog jurídico de Sepín

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse nuevamente sobre la libertad de expresión del abogado en el ejercicio de la defensa; cuestión que tantísimo afecta a nuestro colectivo, el de los abogados, durante nuestro ejercicio profesional, tanto en nuestras actuaciones en Sala, como en los escritos procesales que debemos formular y presentar a lo largo de un proceso. Y, esta vez lo ha hecho a través de su reciente Sentencia 1217/2024, de 8 de julio (SP/SENT/1230476).

1. Supuesto de hecho y acción ejercitada en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 octubre de 2024

La sentencia nº 1232/2024, de la que es ponente el Excmo. Sr. don Pedro José Vela Torres, resuelve el recurso de casación interpuesto contra la SAP de Madrid (Sec. 10ª) de 6 julio 2022 (SP/SENT/1160676) por la comunidad de propietarios, revocando así la sentencia de la alzada y confirmando la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda interpuesta por la mercantil propietaria en ejercicio de una acción de impugnación de acuerdos de la junta de propietarios ex art. 18 de la Ley de Propiedad Horizontal.

En la presente resolución (SP/SENT/1231742) se plantean cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 3.1 del Reglamento (UE) 2015/848 (SP/LEG/17813), en relación con el concepto de "centro de intereses principales" y "establecimiento".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) debe determinar si el lugar en el que el deudor gestiona de manera habitual y reconocible sus intereses es el criterio principal para determinar la competencia en la apertura de procedimientos de insolvencia.

El caso en cuestión surge de una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia presentada por el estado federado de Berlín contra un deudor con múltiples domicilios en Alemania y el extranjero.

Descubre las implicaciones fiscales que conllevan la remuneración por la captación de nuevos clientes y programas de fidelización.

1. Introducción

El Real Decreto 434/2024, promulgado el 30 de abril del mismo año, representa un paso trascendental en el marco normativo que regula los derechos de los profesionales de la Procura en el territorio español. Este decreto, mediante su primer precepto, introduce una modificación de gran calado al conceder una libertad ampliada tanto a los procuradores como a sus clientes en lo referente a la negociación de la compensación por los servicios prestados. Esta libertad incluye la posibilidad de establecer acuerdos remuneratorios que puedan estar por debajo de los montos fijados en el arancel oficial. A primera vista, esta medida podría parecer sencilla, pero sus repercusiones se extienden de manera significativa en los ámbitos jurídico y económico.

Son varias las preguntas que, a través del Servicio de Consultas de Sepín, nos hacen llegar los suscriptores sobre el contrato de sociedad, regulado en los arts. 1665 y ss del Código Civil, donde se establecen las bases para la creación de este tipo de contrato.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento aprobado por R.D. 892/2024, de 10 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Histórico (SP/LEG/43379) se ha buscado actualizar la normativa, adecuarla a las necesidades medioambientales por el cambio climático, introducir a las motocicletas y ciclomotores en esta categoría y sintonizar con las actuales legislaciones europeas, a los efectos de homogeneizar los tratamientos y beneficios que se dispensarán a los vehículos clasificados como históricos en los distintos países.

Cuando se produce la titulización de un crédito o préstamo hipotecario surge la duda de quién está legitimado para instar la ejecución hipotecaria (o en su caso, el proceso declarativo ordinario) frente al deudor hipotecario que no ha abonado el préstamo o el crédito, siendo la cuestión a determinar si, dicha legitimación, corresponde a la entidad acreedora hipotecaria que emite las participaciones o por el contrario, el legitimado activamente sería el fondo de titulización que es el titular de las participaciones hipotecarias.

I. Introducción y antecedentes

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1ª) 89/2024, de 25 de abril, constituye una resolución judicial de considerable relevancia dentro del ámbito del Derecho Penal, especialmente en lo que concierne al tratamiento de la conspiración para cometer delitos contra el patrimonio. Su fallo se centra en el recurso de apelación interpuesto por D. Samuel, quien fue condenado por el Juzgado de lo Penal Nº 4 de Pamplona/Iruña por conspiración para cometer un delito de robo con fuerza en casa habitada.

En un post anterior traté el tema de los comuneros afectados en la Comunidad de propietarios, y aunque el tema que hoy traigo a estas líneas podía parecer ser el mismo, el perjuicio de los propietarios, el enfoque, en este caso, es diferente.

Como expuse en su momento, en el régimen de propiedad horizontal, existen unas obligaciones de los propietarios fijadas en el artículo 9 de la LPH; entre otras, y en relación con el tema tratado; las de respetar y responder de los elementos comunes dentro de su propiedad; mantener en buen estado de conservación su propio piso o local; consentir las reparaciones y servidumbres que exijan el servicio del inmueble; permitir el acceso a la propiedad privada cuando la Comunidad así lo requiera.