El blog jurídico de Sepín

32La Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación (SP/LEG/37906) que establece en su artículo 2.1 que "Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

El pasado dia 8 de abril se aprueba por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, tras lo cual  pasa al Congreso de los Diputados para ser aprobada por las Cortes, en un plazo que se espera sea para antes del verano, y que viene a sustituir a la actual Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (SP/LEG/18193). El Ministerio de Sanidad ha dado hasta el 30 de abril para que todo aquel interesado pueda realizar las aportaciones que considere oportunas

En este post se presentan resumidamente los asuntos tratados en dicha norma que no ha dejado indiferente al sector farmacéutico, ya que es sumamente crítico con el nuevo sistema de precios que quiere impulsar el Gobierno, y otros aspectos que viene a imponer dicho texto legal.

Introducción al proceso penal como un ejercicio de resistencia y precisión

En el ámbito del derecho penal, los casos que transitan desde una condena inicial hasta una absolución en instancias superiores no son meros incidentes aislados, sino ejemplos paradigmáticos de la complejidad inherente a la administración de justicia. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de Apelación Penal) 109/2025, de 28 de marzo (SP/SENT/1250879), en el marco del recurso de apelación número 279/2024, constituye un caso emblemático que ilustra esta dinámica. Daniel Alves, el futbolista al que la sentencia comentada se refiere como Secundino (resulta irónica la anonimización en este supuesto, aunque es totalmente correcta), enfrentó en primera instancia una condena por un delito de violación que le impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión, acompañada de medidas accesorias como la libertad vigilada y la prohibición de acercamiento a la víctima, Rafaela. Sin embargo, este pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en adelante, TSJCAT) marcó una revisión judicial que culminó en su absolución, un desenlace que no solo alteró el destino personal del acusado, sino que también puso en el centro del debate principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

Si cada matrimonio es distinto, cada divorcio lo es aún más.

Frente a realidades sociales cambiantes y a una variabilidad creciente en las dinámicas familiares, los cambios legislativos requieren de una inmediatez en sus respuestas antes no exigida. En este contexto, la pensión compensatoria, como mecanismo jurídico y -a veces- consecuencia del divorcio, es un claro reflejo de esta evolución. Si bien hace décadas la disolución del vínculo matrimonial era impensable, aún más lo era el reconocimiento de una prestación económica por ello.

Analizamos la nueva obligación informativa mensual a plataformas de pago y entidades bancarias de operaciones de empresarios o profesionales que prevé la AEAT para el 2025.

Siendo la morosidad uno de los graves problemas de las Comunidades de propietarios, tanto en la LPH (SP/LEG/1894), como en el régimen de propiedad de Cataluña,CCCat (SP/LEG/3159), se han intentado regular las medidas necesarias para evitarlo, o al menos, tener garantías a quién reclamarlo.

No cabe duda de que nos encontramos ante uno de los temas fundamentales dentro de la materia arrendaticia, ya que la revisión anual de la renta forma parte de una de las cláusulas de mayor relevancia a la hora de redactar el contrato, pues su incremento dependerá de lo allí reflejado.

Lo perdido durante juegos y apuestas considerados prohibidos no se puede exigir legalmente, por lo que las timbas de póker, las apuestas deportivas informales o las partidas de blackjack en locales no autorizados no generan obligación alguna para los jugadores.

La redacción original del art. 1 de La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, establecía en el párrafo primero del apartado 1, que «hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la Ley, no procedía el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.»