El blog jurídico de Sepín

Incorporación por analogía de los intereses del art. 20 de la LCS a la normativa de consumo y reconocimiento de su carácter indemnizatorio

A pesar del frio climático con el que empezamos el año, el 2025 nos ha sorprendido con la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), que ha elevado considerablemente la temperatura ambiente para abogados y abogadas, jueces y juezas, magistrados o magistradas, procuradores y procuradoras, y demás profesiones relacionadas con el derecho.


Entre sus múltiples reformas, que van a dar lugar a intensos debates e interpretaciones, hay una que me ha llamado la atención, esta es la Disposición Final Decimosexta, por la que se modifica apdo. 1 del art. 19 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (SP/LEG/3870).

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Efectos en el IRPF de la aportación (gratuita u onerosa) de inmuebles a gananciales

Tras la entrada en el blog de la tributación de la aportación de bienes privativos a la sociedad conyugal de gananciales trasladaron a Sepín varias cuestiones sobre la operativa fiscal y, en particular trataremos en el presente, las diferencias de tributación en el IRPF según esta aportación se realice a título gratuito u oneroso.

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Supresión de barreras arquitectónicas, ¿puede la Comunidad obligar a la constitución de servidumbres en elementos privativos?

En primer lugar, quiero aclarar a los lectores que, este post, será aplicable solo a las Comunidades regidas por la propiedad horizontal de Cataluña, no al resto, pues la respuesta al interrogante planteado será diferente si tenemos en cuenta la LPH estatal.

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Veinte años de la Ley Integral contra la violencia de género, ¿qué sigue fallando? Algunas recomendaciones del primer Informe temático GREVIO

Introducción

Hace justo veinte años que se aprobó por unanimidad, fruto del trabajo de todos los grupos parlamentarios y del colectivo feminista, la Ley Orgánica 1/2024, de 28 de diciembre, de medidas de protección Integral contra la violencia de género (SP/LEG/2884). La publicación de esta Ley sirvió para poner en el foco del debate social la violencia de género como un problema de Estado, así como para fijar un marco jurídico de protección que abarcara todos los ámbitos: civil, penal, social, administrativo, incluyendo el educativo.

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Gestación subrogada: La imposibilidad de reconocer la sentencia extranjera que valida dicho contrato

Comentamos en estas líneas la sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 1626/2024, de 4 de diciembre. Recurso 7904/2023 (SP/SENT/1239271). Esta Sentencia del Pleno del TS, resuelve un caso sobre reconocimiento de paternidad derivado de un contrato extranjero de gestación subrogada, conforme a la legislación española y manteniendo el criterio de nuestro TS, a estos efectos la Sentencia, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 277/2022, de 31 de marzo. Recurso 907/2021 (SP/SENT/1138768).

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Tres medidas relevantes en el ámbito de los arrendamientos urbanos 2025: Registro Único, Nuevo Índice de revisión renta y suspensión desahucios

 

El mes de diciembre de 2024 en el ámbito de los arrendamientos urbanos, como ya viene siendo habitual desde hace tiempo, cierra el año con la aprobación de tres medidas relevantes y muy esperadas, que resumimos brevemente en estos comentarios.
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Índice para actualización de renta en arrendamientos de vivienda durante 2025

 

Una de las medidas más impactantes en el ámbito de los arrendamientos urbanos aprobada por el Gobierno en los últimos años ha sido la limitación extraordinaria en las actualizaciones de renta, introducida en el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (SP/LEG/37052).  

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La persona extranjera como víctima y perpetradora del delito. Aspectos penales del Reglamento de Extranjería

Introducción

La reforma operada por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (SP/LEG/43799), más conocido como el Reglamento de Extranjería no se circunscribe a las cuestiones propias de la situación administrativa o laboral, de las personas extranjeras en España.

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A vueltas con el IRPH. STJUE, Sala Novena, de 12 de diciembre de 2024. Asunto C-300/23

Criterio del Tribunal Supremo en relación con el control de abusividad del IRPH

El Tribunal Supremo abordó el control de abusividad sobre el IRPH en sus sentencias 595/2020, (SP/SENT/1071879), 596/2020 (SP/SENT/1073879),597/2020 (SP/SENT/1072461), y 598/2020, todas ellas de 12 de noviembre y, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18, se pronunció sobre los parámetros que debían tomarse en consideración a fin de determinar si el índice de referencia superaba el denominado doble control de transparencia.

Un primer parámetro de transparencia venía determinado por la publicación del IRPH en el BOE, ya que la publicación en el Boletín Oficial permitiría al consumidor medio entender que dicho índice de referencia se calculaba atendiendo al tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda. Al venir publicado el IRPH en el BOE esté primer requisito se entendía debidamente superado.

El segundo parámetro de transparencia se articuló entorno a la información que la entidad prestamista hubiera facilitado al consumidor sobre la evolución que dicho índice de referencia había mantenido en el pasado. No obstante, el Tribunal Supremo aclaró que la falta de cumplimiento de este parámetro no conllevaba la nulidad per se del referido índice: de no haberse suministrado la información preceptiva, se abría la puerta a que los Juzgados y Tribunales pudieran entrar a valorar si el índice incorporado a un contrato de préstamo hipotecario era abusivo y, por ende, nulo[1].

Y, para determinar si el IRPH era abusivo y, por ende, nulo, por causar un desequilibrio importante en los derechos de los consumidores contrario a la buena fe, el Tribunal Supremo aclaró que el control de contenido no se podía limitar a comparar la evolución del EURIBOR con el del IRPH -y del resto de índices-, ya que la evolución más o menos favorable del índice de referencia durante la vida del préstamo no podía ser determinante para apreciar su carácter abusivo, al no caber un control sobre el precio del contrato -vid. sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020, C-452/18-.

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