El blog jurídico de Sepín

Comentario al Auto Juzgado de lo Mercantil Madrid n.º 4, de 8-3-2024 (SP/AUTRJ/1220452)

El Gobierno de Canarias está tramitando el Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de las Viviendas. A fecha actual (junio 2024) ha finalizado el trámite de información pública del texto, previéndose en los próximos meses que el anteproyecto de ley se eleve al Consejo de Gobierno para su toma en consideración como proyecto de ley a fin de solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Posteriormente se remitirá al Parlamento de Canarias para la elaboración de la iniciativa legislativa, según lo previsto en el art. 71 Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala I) 705/2015, de 23 de diciembre, fue un hito en la regulación de los gastos por préstamo hipotecario. En esta resolución, el Tribunal Supremo declaró la abusividad de las cláusulas que imponían al consumidor la totalidad de los gastos derivados de la formalización de un préstamo hipotecario. Esta decisión se basó en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que protege a los consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas.

El nuevo seguro obligatorio de responsabilidad civil para “vehículos personales ligeros” ha sido introducido mediante una disposición adicional en la norma (pendiente de aprobación por el Congreso a la fecha de este post) que supone la modificación del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (en adelante LRCSCVM, SP/LEG/2821) de la que ya hemos ido adelantando sus principales novedades durante su tramitación parlamentaria, entre las que, en principio, no se incluía este nuevo seguro, y que por ello se ha introducido mediante disposición adicional. Su entrada en vigor será el 2 de enero de 2026, salvo que la norma reglamentaria del Gobierno que la desarrolle entre en vigor antes.

El Pleno del Ayuntamiento de València, en sesión celebrada el día 28 de mayo de 2024, ha acordado suspender la tramitación y el otorgamiento de licencias de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7.5. de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación urbana, comprende las actividades que, destinadas a satisfacer alojamiento temporal, se realizan en establecimientos, sujetos a la legislación específica, tales como: a) Hoteles, hostales, pensiones, y apartamentos en régimen de explotación hotelera (Tho.1).

Llegan las vacaciones, un periodo de disfrute y descanso regulado en art. 38 del Estatuto de los Trabajadores en el que se establece que toda persona trabajadora tiene derecho a un periodo de vacaciones anuales retribuidas cuya duración será de 30 días naturales como mínimo.

La cuestión que abordamos hoy es si, en el caso de una demanda desestimada íntegramente por alguno de los motivos opuestos, ¿está obligado el demandado a adherirse a la apelación del recurrente para que pueda el Tribunal pronunciarse sobre el resto de motivos que opuso?

La interpretación del artículo 85.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (SP/LEG/2922) es, desde luego, una cuestión procesal de sumo interés y que a lo largo de los años, y ante la falta de un criterio uniforme, nos ha generado numerosos quebraderos de cabeza a los abogados. La trascendencia de la decisión era máxima, pues nos arriesgábamos a perder en apelación un proceso por haber confiado en que era suficiente con oponernos a la apelación interpuesta por el recurrente, sin que fuera necesario, a su vez, que tuviéramos que adherirnos a la apelación (“impugnar la sentencia apelada” con la nueva terminología que -para unificar con la empleada en otras jurisdicciones- se ha introducido a la Ley 29/1998 con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre (SP/LEG/41655).

Comentamos en estas líneas la sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 556/2024, de 24 de abril. Recurso 3370/2021 (SP/SENT/1219518). Resuelve sobre un supuesto de hecho como es la reclamación en la liquidación de gananciales de pagos realizado por un excónyuge, con dinero propio, de deudas gananciales tras la disolución del régimen.

Intentado pensar es un post estacional, se me ocurre tratar un tema no exento de problemática comunitaria, la piscina; con las altas temperaturas nada mejor que poder disfrutar de este servicio comunitario, sin embargo, ¿su uso es extensible a todos los comuneros?

En principio, la respuesta sería afirmativa, si se trata de un elemento, todos, sin excepción, tendrían este derecho. No obstante, existen excepciones, por eso creo de interés dedicar unas líneas, justo en este momento del año, para aclarar estos supuestos, intentado evitar, en la medida de lo posible, los conflictos comunitarios que puedan derivar de estas limitaciones.