El blog jurídico de Sepín

El 25 de julio se publica en el BOE la tan ansiada y pendiente desde hace mas de dos años, reforma del conocido de forma coloquial como “Baremo de tráfico” mediante la LEY 5/2025, de 24 de julio (SP/LEG/45599), por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 (SP/LEG/2821) y otras normas, que trataremos en un post posterior.

Dice el tango que 20 años no es nada, y quizás sea verdad, pero en materia de igualdad de derechos en estos 20 años hemos avanzado mucho, aunque a veces no lo parezca.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, salvo que exista una exoneración expresamente recogida en el Título constitutivo, y siempre interpretada de manera restrictiva, o se trate de una mejora del artículo 553-30.2 del CCCat (SP/LEG/3159), todos los propietarios están obligados al sostenimiento de los gastos comunes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 553-45.1 del CCCat. Además, la falta de uso o disfrute de los elementos comunes no exime de esta obligación, en este sentido se han pronunciado, entre otras, las sentencias de la AP Barcelona, Sec. 4.ª, 954/2020, de 11 de diciembre. Recurso 347/2020 (SP/SENT/1083035), AP Tarragona, Sec. 1.ª, 410/2015, de 9 de noviembre. Recurso 580/2014 (SP/SENT/838564) o AP Barcelona,Sec. 19.ª, 148/2015, de 30 de junio. Recurso 302/2014 (SP/SENT/832805).

Una de las grandes peculiaridades de la jurisdicción contencioso-administrativa radica en el cómputo de los plazos. En el artículo 128 de su ley reguladora (la Ley 29/1998, de 13 de julio -LJCA-), encontramos dos reglas que no encuentran parangón en las normas que rigen los procesos en otras jurisdicciones.

Introducción

La LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), modificó el enjuiciamiento de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, si bien planteando algunas dudas en cuanto a la adecuación o duplicidad de procedimientos.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, en una decisión publicada el 29 de junio de 2025 sobre el fondo de la reclamación colectiva «Unión General de Trabajadores (UGT) c. España» (Reclamación n.º 207/2022), concluye que la legislación española no ofrece suficiente protección a los trabajadores en caso de extinción de la relación laboral sin razón válida y, por lo tanto, infringe la Carta Social Europea Revisada.

La LO 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia - SP/LEG/44145-, entró en vigor el 3 de abril de 2025, en ella se establece como requisito de procedibilidad el haber acudido previamente a un Método Adecuado de Resolución de Conflictos antes de abrir la vía judicial según reza en su artículo 5.

Siendo una de las obligaciones de los propietarios, como establece el art. 9.1.i) de la LPH (SP/LEG/1894), la de comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la Comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local se podría afirmar que, una vez que se produce la venta, el comprador, estaría obligado, como propietario al pago de los gastos comunes que se generen tras la venta.

I. Introducción

La llegada de la época estival supone un alivio para adultos y menores; la liberación de las habituales obligaciones incita a anudar el binomio verano-vacaciones a un estilo de vida más relajado y alejado de las recurrentes preocupaciones y problemas que encontramos en el ámbito laboral, social o familiar. Pero ello no es así para todos. No es baladí recordar, y así lo haremos, que es en este periodo estival en el que se acumulan mayores atentados contra la vida de las mujeres cometidos por sus parejas o exparejas sentimentales. Como ponemos de manifiesto, el mismo escenario conlleva situaciones y resultados del todo dispares.

Para que la facturación de un negocio no pare en ocasiones es necesario acudir a un plan de reestructuración de deudas lo que afecta en el precio facturado en las quitas y, por ende, en el IVA ingresado en la operación. Este plan de reestructuración , ¿permite recuperar parte del IVA ingresado?