El blog jurídico de Sepín

Desistimiento del arrendatario de vivienda y situación del cónyuge o pareja de hecho

 

El desistimiento del contrato en caso de matrimonio o convivencia del arrendatario aparece regulado en el artículo 12 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/94, donde señala las distintas situaciones y sus consecuencias, y se aplicará a los arrendamientos de vivienda posteriores al 1 de enero de 1995. Sin embargo, debemos partir de la premisa de que el citado precepto se refiere únicamente a aquellos casos en los que el contrato ha sido firmado exclusivamente por uno de los cónyuges, ya que, si se hubiese firmado por ambos, nos encontraríamos ante la figura de “coarrendatarios”, situación jurídica totalmente distinta.

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Derecho inmobiliario y construcción sostenible

La apuesta por los profesionales del sector inmobiliario por la construcción sostenible es firme. Esta no busca únicamente reducir el impacto ambiental, sino que también debe estar amparado por un marco fiscal. Es por ello que resulta urgente desarrollar en nuestro país, una política fiscal, en los marcos del derecho inmobiliario, que incentive este tipo de construcción verde.

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La posible vulneración del non bis in idem en el asesinato hiperagravado del art. 140 CP

Introducción

Los artículos 139.1.1 y 140.1.1 del Código Penal (SP/LEG/2486) pueden dar lugar a entender que por un mismo hecho, el ataque a una persona vulnerable para acabar con su vida, supone dos agravaciones, por un lado el paso del homicidio al asesinato y, por otro, al asesinato hiperagravado que conlleva la pena de prisión permanente revisable.

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Análisis del Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, en la actualización del Sistema Arbitral de Consumo

  1. Introducción y contexto normativo

El Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, surge como una respuesta necesaria a las demandas de actualización y modernización del Sistema Arbitral de Consumo. Este sistema, fundamental para la protección de los derechos de los consumidores, se basa en el artículo 51 de la Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores, protegiendo sus intereses económicos, su seguridad y su salud mediante procedimientos eficaces. La Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, materializó este mandato constitucional al crear un sistema arbitral destinado a resolver de manera extrajudicial las disputas entre consumidores y empresarios.

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