El blog jurídico de Sepín

No existe duda legal alguna sobre la obligatoriedad de cumplir con este requerimiento. Según lo establecido en el artículo 7.2 de la LPH (SP/LEG/1894), al no estar permitidas en la Comunidad, las actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, en el caso de que estas se lleven a cabo, el Presidente de la Comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien las realice, la inmediata cesación de estas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

La naturaleza de la extinción del condominio a través de la división ha sido controvertida por largo tiempo. En este artículo nos centraremos en analizar la división de la cosa común sobre la que pesa una prohibición de disponer voluntaria, es decir, aquella establecida por los propios condueños o por el anterior propietario en caso de adquisiciones a título gratuito (artículo 26.3 de la Ley Hipotecaria-SP/LEG/2396). Por tanto, dejamos fuera las prohibiciones legales, judiciales o administrativas, así como el pacto de indivisión entre comuneros del art. 400 del Código Civil (SP/LEG/2311). 

I. Introducción

El problema de la ocupación de inmuebles está lejos de encontrar una solución. Con una redacción vigente e inalterada desde la entrada en vigor de nuestro Código Penal (SP/LEG/2486), el actual art. 245.2 CP dispone que:

Aunque la LRJS (SP/LEG/7988) no lo exija el escrito de demanda deberá redactarse en castellano o en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma donde tengan lugar las actuaciones judiciales.

En época de elecciones y con el fin de garantizar la legalidad de las votaciones se constituyen las Mesas electorales que están formadas por un presidente o presidenta y dos vocales.

Evita sorpresas al conocer la forma de aplicar la deducción por adquisición de vehículo eléctrico cuando se compra por un matrimonio en régimen de gananciales y optimiza el beneficio fiscal del gasto familiar.

La posesión es un elemento fundamental de la usucapión o prescripción adquisitiva, pues es uno de los requisitos junto con el transcurso del tiempo para que la misma sea acogida.

Hace unos días publicaba un post sobre la reciente reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, (SP/LEG/1894) en la que comentaba, de manera sucinta, la nueva potestad de las Comunidades de propietarios para permitir el destino de las viviendas que forman parte de la finca divida horizontalmente, pero no cualquiera, sino el de las, en cierto modo, demonizadas, viviendas de uso turístico. 

Cuando ya algunos creíamos que la “medida extraordinaria y urgente” de la suspensión de los desahucios y lanzamientos derivados del Real Decreto-Ley 11/2020 había finalizado tras haber transcurrido prácticamente cinco años desde la pandemia, esto no ha sucedido, ha sido un espejismo. Acabamos de asistir en poco más de un mes al vaivén de los Reales Decretos Leyes. 

Los depósitos para recurrir, coloquialmente llamados "depósitos para recaudar" se introdujeron en el ámbito civil junto con otros órdenes jurisdiccionales por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (SP/LEG/5719). Dicha modificación, en su artículo primero, apartado decimonoveno, incorporó una Disposición Adicional Decimoquinta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se instauró como requisito para la admisión de determinados recursos —por no decir todos— la constitución de un depósito previo.