El blog jurídico de Sepín

Analizamos la nueva obligación informativa mensual a plataformas de pago y entidades bancarias de operaciones de empresarios o profesionales que prevé la AEAT para el 2025.

Siendo la morosidad uno de los graves problemas de las Comunidades de propietarios, tanto en la LPH (SP/LEG/1894), como en el régimen de propiedad de Cataluña,CCCat (SP/LEG/3159), se han intentado regular las medidas necesarias para evitarlo, o al menos, tener garantías a quién reclamarlo.

No cabe duda de que nos encontramos ante uno de los temas fundamentales dentro de la materia arrendaticia, ya que la revisión anual de la renta forma parte de una de las cláusulas de mayor relevancia a la hora de redactar el contrato, pues su incremento dependerá de lo allí reflejado.

Lo perdido durante juegos y apuestas considerados prohibidos no se puede exigir legalmente, por lo que las timbas de póker, las apuestas deportivas informales o las partidas de blackjack en locales no autorizados no generan obligación alguna para los jugadores.

La redacción original del art. 1 de La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, establecía en el párrafo primero del apartado 1, que «hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la Ley, no procedía el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.»

Tres años son ya los transcurridos desde que comenzó el conflicto bélico en Ucrania ante la invasión de Rusia y con ello la constante afluencia masiva de personas desplazadas que requieren protección por parte de los Estados miembros.

Introducción

Una de las novedades más publicitadas de las introducidas por la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), ha sido la relativa a la posibilidad de que los órganos judiciales puedan conocer del delito de allanamiento de morada durante el servicio de guardia bajo la modalidad de diligencias urgentes. Así, parece ofrecerse una respuesta legislativa rápida y contundente a la evidente preocupación actual que envuelve a todas aquellas modalidades delictivas que afectan al derecho de propiedad inmobiliario. No obstante, precisamente la rapidez referida ha resultado en una reforma legislativa deficiente e incompleta que viene a ofrecer más interrogantes que certezas. Es por ello que conviene efectuar un análisis pausado del texto de la norma con el objetivo de evidenciar una serie de dudas que abarcan a diferentes operadores jurídicos que serán los que, a fin de cuentas, se vean obligados a aplicar el tenor literal de la ley.

Con entrada en vigor el 1 de julio del año en curso se ha publicado mediante la Orden INT/210/2025 (SP/LEG/44550) los nuevos términos de la formación necesaria para la obtención del permiso de conducción de la clase A, que es el que permita conducir cualquier vehículo incluido dentro de la categoría A, A2, A1 y AM, toda clase de motocicletas y triciclos de motor.

A través de esta norma se ha actualizado el contenido de la formación exigida para la obtención del permiso de conducción de la clase A en su parte teórica, y también un aumento del número de horas exigidas en circulación en vía abiertas al tráfico en detrimento de las horas impartidas en circuito cerrado. En el post se explica, resumidamente, cómo se realizará esta nueva formación para emitir el certificado con el que la DGT expedirá el permiso.

El 15 de marzo se celebra el día mundial del consumidor, fecha muy relevante que tiene su origen en el año 1962, el 15 de marzo de ese año el presidente Kenedy, ante el Congreso de los Estados Unidos enunció los derechos que asistían a los ciudadanos como consumidores.

Comienza la cuenta atrás, ya queda menos para que, las viviendas de uso turístico estén prohibidas en las Comunidades de propietarios sin necesidad de que exista un acuerdo comunitario limitativo.