El blog jurídico de Sepín

La absolución de Daniel Alves en segunda instancia o por qué no hay que rendirse hasta el pronunciamiento definitivo

Introducción al proceso penal como un ejercicio de resistencia y precisión

En el ámbito del derecho penal, los casos que transitan desde una condena inicial hasta una absolución en instancias superiores no son meros incidentes aislados, sino ejemplos paradigmáticos de la complejidad inherente a la administración de justicia. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de Apelación Penal) 109/2025, de 28 de marzo (SP/SENT/1250879), en el marco del recurso de apelación número 279/2024, constituye un caso emblemático que ilustra esta dinámica. Daniel Alves, el futbolista al que la sentencia comentada se refiere como Secundino (resulta irónica la anonimización en este supuesto, aunque es totalmente correcta), enfrentó en primera instancia una condena por un delito de violación que le impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión, acompañada de medidas accesorias como la libertad vigilada y la prohibición de acercamiento a la víctima, Rafaela. Sin embargo, este pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en adelante, TSJCAT) marcó una revisión judicial que culminó en su absolución, un desenlace que no solo alteró el destino personal del acusado, sino que también puso en el centro del debate principios fundamentales del ordenamiento jurídico español.

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La búsqueda del equilibrio entre excónyuges y la pensión compensatoria

Si cada matrimonio es distinto, cada divorcio lo es aún más.

Frente a realidades sociales cambiantes y a una variabilidad creciente en las dinámicas familiares, los cambios legislativos requieren de una inmediatez en sus respuestas antes no exigida. En este contexto, la pensión compensatoria, como mecanismo jurídico y -a veces- consecuencia del divorcio, es un claro reflejo de esta evolución. Si bien hace décadas la disolución del vínculo matrimonial era impensable, aún más lo era el reconocimiento de una prestación económica por ello.

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La venta de la propiedad y las repercusiones para la Comunidad de propietarios, en el régimen de propiedad horizontal de Cataluña

Siendo la morosidad uno de los graves problemas de las Comunidades de propietarios, tanto en la LPH (SP/LEG/1894), como en el régimen de propiedad de Cataluña,CCCat (SP/LEG/3159), se han intentado regular las medidas necesarias para evitarlo, o al menos, tener garantías a quién reclamarlo.

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La suspensión del lanzamiento en base al art. 1 Ley 1/2013, de 14 de mayo, no se prorroga de forma automática

La redacción original del art. 1 de La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, establecía en el párrafo primero del apartado 1, que «hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la Ley, no procedía el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.»

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El allanamiento de morada: de embrollos y rapideces a raíz de la LO 1/2025

Introducción

Una de las novedades más publicitadas de las introducidas por la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), ha sido la relativa a la posibilidad de que los órganos judiciales puedan conocer del delito de allanamiento de morada durante el servicio de guardia bajo la modalidad de diligencias urgentes. Así, parece ofrecerse una respuesta legislativa rápida y contundente a la evidente preocupación actual que envuelve a todas aquellas modalidades delictivas que afectan al derecho de propiedad inmobiliario. No obstante, precisamente la rapidez referida ha resultado en una reforma legislativa deficiente e incompleta que viene a ofrecer más interrogantes que certezas. Es por ello que conviene efectuar un análisis pausado del texto de la norma con el objetivo de evidenciar una serie de dudas que abarcan a diferentes operadores jurídicos que serán los que, a fin de cuentas, se vean obligados a aplicar el tenor literal de la ley.

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Nuevas condiciones para obtener el carné de motocicletas y triciclos de motor (clase A)

Con entrada en vigor el 1 de julio del año en curso se ha publicado mediante la Orden INT/210/2025 (SP/LEG/44550) los nuevos términos de la formación necesaria para la obtención del permiso de conducción de la clase A, que es el que permita conducir cualquier vehículo incluido dentro de la categoría A, A2, A1 y AM, toda clase de motocicletas y triciclos de motor.

A través de esta norma se ha actualizado el contenido de la formación exigida para la obtención del permiso de conducción de la clase A en su parte teórica, y también un aumento del número de horas exigidas en circulación en vía abiertas al tráfico en detrimento de las horas impartidas en circuito cerrado. En el post se explica, resumidamente, cómo se realizará esta nueva formación para emitir el certificado con el que la DGT expedirá el permiso.

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