El blog jurídico de Sepín

Resistencia a los embargos administrativos: una cuenta bancaria en distinta CCAA

Recuerdo que hace bastantes años uno de los consejos más sorprendentes de un compañero ante el impago por simple dejadez del impuesto de circulación (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) fue que un ayuntamiento no puede embargar cuentas corrientes abiertas en una comunidad autónoma distinta a la que pertenece la administración que dicta el embargo. Salvada la sorpresa que supuso esta afirmación, lo cierto es que por mi parte cual dogma ha sido repetido a preguntas de posibles embargos por deudas por tributos locales, tráfico, etc. de los saldos de cuentas bancarias, pudiendo comprobar de primera mano lo cierto de aquella aserción.

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La ejecución y vinculación de los acuerdos adoptados en Junta en el régimen de propiedad horizontal de Cataluña

Tras la lectura de la sentencia de la AP Girona, Sec. 1.ª, 19-7-2023, (SP/SENT/1194559), en la que se obliga al comunero a la demolición de las obras no autorizadas en Junta, al considerarse que el acuerdo había sido ejecutivo en todos sus términos sin haber sido impugnado, he creído de interés aclarar estos dos conceptos básicos la ejecución y la vinculación de los acuerdos.

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Las mujeres víctimas de violencia de género y la protección internacional a raíz de la Sentencia TJUE C-621/21, de 16 de enero de 2024

Introducción

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en el asunto C-621/21, Sentencia de 16 de enero de 2024 (SP/SENT/1206106), en una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Sofía, Bulgaria, fijando los criterios a tener en cuenta para que las mujeres víctimas de violencia de género sean beneficiarias de protección internacional a través del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria.

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Una reforma para unificar el dies ad quem de plazos procesales y plazos sustantivos ante los órganos judiciales

Debe tenerse presente que el artículo 5 del Código Civil recoge dos reglas fundamentales en relación con el cómputo del tiempo, reglas que revisten gran importancia en el ámbito jurídico. La primera regla, contemplada en el apartado 1 del mencionado precepto, determina que, salvo indicación expresa en contrario, los plazos señalados por días comenzarán a computarse desde el día siguiente al que se establezca como inicial. Por otro lado, si los plazos están fijados en meses o años, se contarán de fecha a fecha, y si en el mes del vencimiento no existe un día equivalente al inicial, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. La segunda regla, consagrada en el apartado 2, establece que en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.

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Práctica de pruebas en procedimientos sancionadores: ¡tenemos derecho a estar presentes!

La afirmación que sirve de rúbrica al presente post parece de auténtico perogrullo pero no lo será tanto cuando sorprendentemente ha sido necesario que la Sala Tercera del Tribunal Supremo tenga que fijar doctrina al respecto, lo que a su vez implica, como podemos imaginar, que previamente un Tribunal (en este caso la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) había defendido justamente lo contrario.

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El TJUE se pronuncia sobre el día en que debe empezar el cómputo del plazo de prescripción para la reclamación de los gastos hipotecarios

El TJUE, en su  sentencia de 25 de enero de 2024  ( SP/SENT/1206367 ) ha dado respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por Audiencia Provincial de Barcelona, mediante autos de 9 de diciembre de 2021, sobre cuando debe empezar a computar el plazo de prescripción para la reclamación de la devolución de los gastos hipotecarios.
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Efectos del RD Ley 6/2023 en materia de extranjería

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo - SP/LEG/41655- también ha dejado cambios en materia de extranjería, aunque en este caso, no sean de tanta profundidad como por ejemplo, en materia procesal.

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