A finales del mes pasado leíamos esta noticia: “Cataluña implanta la figura del coordinador parental para los divorcios más conflictivos”, cuyo subtítulo añadía: “un profesional de la mediación en el ámbito familiar velará por el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre custodia y régimen de visitas”.
La pregunta que surge a continuación es obvia, ¿no serán las mismas figuras?
El Consejo de Ministros ha remitido al Congreso de los Diputados, el pasado 20 de febrero de 2015, dos textos, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.
En un artículo anterior traté el contenido de las actas comunitarias (SP/DOCT/18898), una vez delimitado este, la pregunta sería: ¿quién debe firmarla?.
La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado un curioso Auto de 25 de febrero de 2015 (SP/AUTRJ/798958) mediante el cual interpreta de una manera diferente la Ley de Conservación de Datos en referencia a la investigación de delitos cometidos en Internet, permitiendo la identificación de los autores de los eventuales ilícitos penales que se cometen a través de comentarios injuriosos y/o calumnioso en blogs, foros u otras páginas web, sin necesidad de que se trate de la comisión de delitos con penas de privación de libertad superiores a cinco años.
El sábado 28 de febrero se ha procedido a publicar el RDL 1/2015, de 27 de febrero, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social, como la exención de tasas judiciales a las personas físicas. Diversos colectivos relacionados con la Justicia han mostrado su rechazo desde su tramitación y durante el período de implantación, instando su retirada y revisión en atención a las situaciones de desamparo y de desigualdad judicial que producía.
Durante el tiempo en el que las tasas judiciales han estado vigentes para las personas físicas, desde el 17 de diciembre de 2012, se han producido distintas situaciones “anómalas” en lo referido a la presentación de demandas, así como en los recursos y en los actos procesales, todo ello en relación con la sujeción a la tasa, la cuantía y su recaudación. Exponente de lo expresado son los acuerdos que se adoptaron por distintas Audiencias Provinciales sobre la exigencia de la tasa en procesos de familia. Lo mismo ocurrió en el ámbito del Derecho Laboral por los Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia en cuestiones sobre la imposición o no de la tasa judicial en recursos y en segunda instancia promovidas por los trabajadores frente a las resoluciones judiciales, a modo de ejemplo.
¿Hay algo que no se pueda conseguir en un año electoral?
Confieso que viendo como mi modesto Ayuntamiento este año ha asfaltado el acceso de mi urbanización, después de mas de diez años de reclamación, debería haberme servido de escarmiento.
Permítanme el símil procesal, es un hecho notorio que ¡año electoral, año de milagros! pero aunque ya peine muchas canas no dejan de sorprenderme algunas actuaciones de «nuestro legislador» cuando se aproxima el momento de depositar la papeleta en la urna.
Después de múltiples movimientos, post, recursos, denuncias, (¡Gracias Brigada Tuitera por vuestra labor!) sobre las tasas judiciales contempladas en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el Real Decreto Ley 3/2012 finalmente, el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE del 28 de febrero, en vigor desde el 1 de marzo de 2015) exime de las tasas a las personas físicas en todo caso.
La respuesta a esta interesante cuestión nos la ofrece la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2015 (SP/SENT/7950587), que declara que lo realizado por el mandatario tras la extinción del mandato es nulo, al acreditarse que tal circunstancia era conocida por el mandatario cuando actuó como tal.
En el caso que comentamos, se interesó en la demanda que se declarara la nulidad de pleno derecho de tres escrituras de hipoteca otorgadas por el mandatario en virtud de un poder concedido por su madre en el año 1999, revocado con posterioridad, en el año 2000, revocación que fue debidamente notificada.
Hace unos días desayunamos con la noticia de que los miembros de estos grupos musicales que marcaron una época en el panorama musical en la década de los 90 se encontraban detenidos en Chile, país al que habían acudido a celebrar unos conciertos.
Muchos se preguntaban el porqué, y que es lo qué iba a ocurrir ahora con ellos, y la razón es muy sencilla, la entrada en un
La climatología tan adversa de este invierno de 2015, con una acumulación de nieve fuera de lo habitual, unas fuertes rachas de viento, y el desbordamiento de ríos en algunas provincias, están provocando múltiples daños, que podrían ser compensados de la siguiente manera:
Desde 2013 se vienen sucediendo noticias acerca de las “futuras reformas” en materia penal. El Ministerio de Justicia llegó a presentar los borradores de una revolucionaria Ley Orgánica del Poder Judicial y la subsiguiente Ley de Demarcación y Planta Judicial, que iban a dar un giro extraordinario al sistema judicial actual. De forma casi paralela se presentó también un nuevo Código Procesal Penal, que es como se denominaría en el futuro la norma que desde finales del Siglo XIX conocemos como Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que estaba llamada a derogar y sustituir. Tras la dimisión del anterior Ministro, estas revolucionarias reformas procesales, aparentemente, quedaron almacenadas en la despensa.
Sin embargo, el nuevo titular de la cartera se ha propuesto impulsar determinadas reformas, otorgándoles una tramitación fulgurante, de tal forma que las mismas han de resultar aprobadas antes de las próximas elecciones generales
