El blog jurídico de Sepín

Una separación o divorcio no solo supone una nueva situación en la relación existente hasta el momento entre los cónyuges y entre estos con sus hij@s, sino que de la misma nace una nueva relación de cada uno de los cónyuges con Hacienda, en concreto en sus respectivas declaraciones y comunicaciones con Tributos, de la que dista bastante el romanticismo.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los excónyuges deberán tener en cuenta en sus declaraciones las particularidades de la tributación de las reducciones y deducciones por unidad familiar que serán de aplicación, el tratamiento de la prestación por alimentos y las posibles reducciones por pensiones compensatorias que hubieran de proceder.

La legitimación, tanto activa como pasiva, sin duda suscita problemas prácticos: la delimitación del concepto y su distinción con otros presupuestos procesales, el momento de su alegación, la subsanabilidad o no de su falta, la posible apreciación de oficio, el momento de su resolución o finalmente si determina el acceso al Tribunal Supremo por la vía de casación o del recurso extraordinario por infracción procesal son muchas de las cuestiones suscitadas, aunque esto último lo dejaremos para otro post.

Los casos de corrupción de políticos que desde hace tiempo vienen saltando a nuestros periódicos han conseguido que el término “imputado” ya esté en boca de todos los ciudadanos, tanto, que su concepto estrictamente procesal -dirigido a describir la existencia de una investigación judicial en la que aparece un indicio mínimo que implica al individuo, que es llamado a prestar declaración acerca de los hechos que indiciariamente se le atribuyen-, ha pasado a convertirse en su mentalidad en un término con connotaciones negativas, peyorativas o estigmatizantes, y en definitiva, está contribuyendo de forma inconsciente pero decisiva a deteriorar la imagen social de las personas que en general se dedican a eso que se llama “la política”.

El Presidente del Gobierno ya ha manifestado en diversas ocasiones que rechaza esa idea generalizada de asociar el concepto de corrupción con la clase política; que solo se trata de casos aislados, y que es preciso recobrar la confianza del electorado y limpiar la imagen del político. Para empezar, y junto con las medidas de lucha contra la corrupción

Y tú, ¿eres celoso? Esa pregunta sin importancia nos la hacemos continuamente y la contestamos como si tal cosa. Pero, ¿qué son los celos? ¿De qué forma se manifiestan en una relación de pareja? ¿Cómo afectan a la otra persona? Y a lo que quiero referirme especialmente: ¿son los celos una forma de maltrato?, ¿constituyen los celos una circunstancia atenuante similar al arrebato, obcecación y estado pasional, o quizás a la anomalía psíquica?

La Audiencia Nacional ya ha aplicado la sentencia del TJUE que reconocía el derecho al olvido, ya analizada en su momento en esta bitácora.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha notificado 18 sentencias, en 14 de las cuales se desestiman los recursos de Google, reconociendo el derecho de los particulares. En otras cuatro resoluciones, el Tribunal estima los recursos del buscador frente a las pretensiones de aquellos.

Del análisis de la primera sentencia de ellas, ya publicada por el poder judicial, podemos sacar las siguientes conclusiones:

Lo primero que hay que indicar es que la normativa a nivel estatal que regula esta materia viene establecida por la Ley 57/1968, de  27 de julio sobre percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas y por lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la LOE.

Lamentablemente son muchas las quejas al efecto que nos llegan a nuestra web y hemos denunciado las irregularidades, desgraciadamente demasiado frecuentes, que se producen en el ámbito circulatorio sancionador: desde defectos en las notificaciones -que denunció el propio Informe del Defensor del Pueblo ya en el año 2011- a vulneraciones de los principios de Legalidad y Proporcionalidad e incluso defectos de técnica legislativa que llevaron a la anulación de algunas normas de Ayuntamientos y CCAA por nuestros Tribunales.

De nuevo el Tribunal Constitucional nos deja constancia de una irregularidad más y la STC, Sala Segunda, 199/2014, de 15 de diciembre estima el amparo frente a un conductor que fue sancionado por «rebasar un semáforo en fase roja», con multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos.

Y la pregunta que hay que hacerse es ¿entiende un ciudadano medio los boletines de denuncia que nos entregan los agentes de la autoridad y movilidad y lo que reflejan? Esa cita referenciada a artículos, abreviaturas y claves ¿es suficiente para dar cumplimentadas las exigencias de información de la sanción y precepto vulnerado?

Todos confiamos a la hora de un siniestro que el seguro contratado, y cuya prima pagamos religiosamente, cubra los desperfectos o lesiones provocadas en el mismo. Pero una vez comunicado el siniestro a la aseguradora, puede que se nos dé una contestación negativa, por lo que mostramos en este post algunos consejos para el caso de hallarnos en esta situación.

Así, ante la negativa de la aseguradora a cubrir un siniestro lo primero que se debe hacer es, y aunque parezca obvio,

Como cada 21 de enero los mediadores nos vestimos con nuestras mejores galas para celebrar que hoy es el Día Europeo de la Mediación.

El año anterior dedicamos el post de este día a la confusión de términos que suscita la Mediación, y como se utiliza indiscriminadamente como sinónimo de negociación, conciliación y hasta arbitraje. Hoy sin embargo, quisiera conmemorar esta fecha contando una anécdota de un compañero abogado, circunspecto respecto a la mediación, que ha tenido ocasión de asistir a una mediación en uno de los Servicios de Mediación gestionado por parte de un Colegio de Abogados.

A nadie se le escapa a estas alturas que la llamada “crisis del ébola” trajo muchas consecuencias y seguramente una de las menos importantes, (y pese a ello de las más comentadas) fue el cese, tras menos de un año ocupando el cargo, del que fuera Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Francisco Javier Rodríguez, mediante Decreto 24/2014, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 4 de diciembre.

Parece igualmente evidente que el cese, o al menos esa es mi impresión, fue más debido a la polémica pública que generaron las sucesivas declaraciones de dudoso gusto que emitió el Sr. Rodríguez, que su mejor o peor gestión política (lo que no me veo capaz de entrar a valorar) durante aquellos días de tanta tensión.

Pero la controversia no ha finalizado con el cese, puesto que de forma prácticamente simultánea a aquél, el Sr. Rodríguez solicitó la defensa y representación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid en la demanda que D.ª Teresa Romero, la principal afectada (no sólo por el virus del ébola sino también, y por lo que aquí respecta, por las declaraciones del hoy exconsejero) había interpuesto frente a él en defensa de su derecho al Honor. Dicha solicitud fue aceptada.