-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
Para iniciar este nuevo curso con buen pie es conveniente hacer un repaso y, al menos, refrescar después de un verano de alta intensidad legislativa, las últimas reformas y novedades que afectan al Derecho de Familia.
No es nuevo el planteamiento que abordamos en este post, si bien no deja de suscitar algunas controversias cada vez que surge un enfrentamiento entre el trabajador y la normativa interna que trata de marcar la empresa, dentro de su ámbito organicista y de dirección, como pauta de comportamiento y a la que está subordinado el trabajador.
La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 3 de septiembre de 2015 -asunto C110/14- (SP/SENT/821456), va fortaleciendo, junto a otras resoluciones en la misma línea, la posición jurídica de que el abogado, conocedor de productos bancarios, que contrata en este caso un crédito, lo hace como consumidor y ha de ser considerado como tal. En concordancia con lo que venimos manteniendo en Sepín desde hace tiempo.
No voy a entrar en el manual de las buenas costumbres, por todos conocido, ni en las recomendaciones de la Policía Nacional que cada año difunde antes de las vacaciones, el problema se suscita, cuando después del verano, estos robos ya se han producido y la Comunidad decide adoptar las medidas para ponérselo más difícil a los cacos.
Planteamos en este Post qué sucede cuando se alquila una vivienda y posteriormente el juzgado ante la separación o divorcio del matrimonio, atribuye el uso del inmueble al cónyuge no arrendatario ¿La titularidad pasa a este?
No es poco frecuente constatar errores de Hacienda respecto al procedimiento empleado para la comprobación de liquidaciones tributarias por lo que, en el caso de ser objeto de una comprobación que finaliza con una paralela (entre otras), habrá de cuestionarse si la Administración llegó a la misma mediante el procedimiento adecuado o con uno no conforme a derecho y nulo. Estimar un recurso fundamentado en el error en el procedimiento empleado para la comprobación de liquidaciones conlleva, de conformidad con el reciente cambio de criterio por parte del TEAC, la declaración de NULIDAD DE ACTUACIONES (no de anulabilidad como anteriormente se mantenía).
Como ya sabemos, el pasado 1 de Julio entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal, que en su disposición derogatoria única establece que “Queda derogado el Libro III de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”; así pues, procedemos a analizar el alcance de esta supresión en nuestro concreto sector de tráfico, toda vez que dicho libro está consagrado a las faltas y sus penas, por lo que resulta de gran trascendencia saber cómo queda el escenario de aquellas imprudencias que anteriormente iban encuadradas en el procedimiento de faltas.
El Tribunal de Justicia Europeo, con ocasión de resolver una cuestión prejudicial planteada por el TSJ del País Vasco, dictó el pasado mes de abril [SP/SENT/806961] una sentencia que sucintamente vino a indicar la incompatibilidad con el Derecho comunitario de la normativa que impone, en caso de situación irregular de nacionales de terceros países en el territorio de la UE y según las circunstancias, una sanción de multa o bien la expulsión, siendo ambas medidas excluyentes entre sí, pues según el TJUE, la normativa española puede frustrar la aplicación de la Directiva 2008/115, sobre el Retorno de los Nacionales de Terceros Países en Situación Irregular, con el resultado de no poder sustituir la sanción de expulsión por una multa al extranjero que esté en situación irregular en España salvo en los casos excepcionales previstos en la Directiva 2008/115/CE
Muchas líneas se han escrito sobre la competencia de los Notarios para celebrar matrimonios, posibilidad contemplada en la importante reforma que ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015, en vigor desde el día 23 de julio de 2015, si bien los preceptos que la regulan tienen aplazada su vigencia hasta el 30 de junio de 2017.
No es el momento de señalar lo que pudo ser y no fue, ni el tiempo transcurrido desde su primera regulación, nueve años, ni tampoco la supuesta imposibilidad de poder haberla hecho antes, pues la citada reforma ya ha cumplido un mes desde su entrada en vigor. ¡Felicidades!
