El blog jurídico de Sepín

Los datos personales de los fallecidos, ¿son objeto de protección?

A estas alturas, a nadie se le escapa que es inminente (próximo 25 de mayo de 2018) la aplicación en España del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos (SP/LEG/19835).

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Amparo por discriminación múltiple: por discapacidad y por edad

Planteamiento

El Tribunal Constitucional, en Sentencia dictada por la Sala Segunda de 22 de enero de 2018 (SP/SENT/935666), estima el recurso de amparo interpuesto por el recurrente a quien, pese a tener una minusvalía psíquica reconocida del 65 % y una situación de dependencia en grado 1, se denegó, por motivo de su edad, su solicitud de ingreso en un programa de atención especializada en un centro de asistencia para personas discapacitadas. Al ser mayor de 60 años, se le concedió una plaza en una residencia de la tercera edad, sin posibilidad de recibir un tratamiento específico para su discapacidad.

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Si se invierte en criptomonedas, como Bitcoins, ¿hay que tributar?

En la última década ha irrumpido en nuestro espacio socio-económico un fenómeno que ha llamado especialmente la atención: el nacimiento exponencial de las criptomonedas, criptodivisas o criptoactivos (del inglés cryptocurrencies). De esta forma, han proliferado numerosas divisas virtuales, tales como Litecoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin, Dash, Iota, Bitcoin Cash, DeepOnion y Scolcoin (las cuales han aparecido desde 2011 hasta 2018, sucesivamente).

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“Volvemos después de publicidad” … y otras formas de hacerte perder el tiempo

 

La CNMC ha publicado recientemente el expediente sancionador de MEDIASET ESPAÑA por vulnerar los límites de duración dedicados a la emisión de mensajes publicitarios. ¿Una cadena de televisión vulnerando los límites fijados en la LGCA (Ley General de Comunicación Audiovisual) relativos a la duración de los espacios publicitarios? ¡Imposible!

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El proceso monitorio, ¿viable y eficaz?

Con la publicación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor en enero de 2001, el proceso monitorio fue la principal innovación jurisdiccional para la protección del crédito en España. Dar mayor eficacia, rapidez y minorar los costes del proceso en el cobro de deudas eran sus principales objetivos. Actualmente, se trata de un proceso enfocado en la reclamación de deudas dinerarias, líquidas, vencidas, exigibles y determinadas principalmente para los pequeños y medianos empresarios pese a que, en la práctica, también lo terminan utilizando las grandes corporaciones.

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¿Es obligatorio llevar un sistema de registro de la jornada efectiva de trabajo?

El objeto de este post se justifica con la reciente publicación del Auto 3/2018 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de fecha 19 de enero, recaído en el procedimiento de conflicto colectivo 252 /2017, en el que la cuestión controvertida se centra en determinar si la mercantil demandada, DEUTSCHE BANK, S. A. E., tiene la obligación de establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza la plantilla del banco, de modo que se permita comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios pactados, tanto en el Convenio Colectivo sectorial como en los pactos de empresa que sean de aplicación.

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La declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, ¿qué es?

Desde el 1 de enero de 2018, existe la obligación por parte de las plataformas colaborativas y de los intermediarios en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos de trasladar a la Administración Tributaria la información relativa a las personas (cedentes) que desarrollen actividades de arrendamiento de vivienda con fines turísticos o vacacionales, así como los datos identificativos de los inmuebles que son objeto de oferta y arrendamiento. Esta nueva obligación nace de la modificación realizada por el RD 1070/2017, de 29 de diciembre, al añadir un nuevo art. 54 ter en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RD 1065/2007, de 27 de julio).

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