El blog jurídico de Sepín

La Comisión Europea ha dictado un Reglamento por el que se establece un formato de presentación normalizado para el documento de información sobre productos de seguro. Se desarrolla así el art. 20 de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, conocida con las siglas IDD (Insurance Distribution Directive), que establece un sistema similar al incorporado por la normativa MiFID en el sector bancario y que entra en vigor el 23 de febrero de 2018.

Samuel de Huerta Hernández y Adela del Olmo García

Departamento Jurídico de Sepín

Varias han sido las sociedades mercantiles que han tomado la decisión del cambio del domicilio social, cada uno por el motivo o motivos que consideraron adecuados. El RD-Ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional publicado en el BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017 facilita los trámites que, en el seno interno de las empresas, para hacer efectivo el cambio de sede social. Al efecto, la norma modifica el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en los siguientes términos: “por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia”.

Nadie puede negar que todos habitamos en una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, reflejado legalmente en la Escritura de compraventa o en el contrato de arrendamiento, dejando aparte el tema de los “okupas” de los que hablaremos en otro momento.

Confieso que el legislativo de este país no deja de sorprenderme.

Aunque el Tribunal Supremo no se ha pronunciado todavía, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Benidorm Sección, 1ª de 5 de junio de 2017 (SP/SENT/906929) declara la nulidad de una cláusula que imponía toda una serie de gastos al prestatario, de una forma tan abusiva que solo faltaría incluir que el prestatario tuviera que pasar la mopa en la sucursal bancaria.

La mediación es una disciplina que se nutre de diferentes ciencias, una de ellas es la Psicología.

Así es, el viernes 15 de septiembre llegó «a las mejores salas» la noticia tan esperada por la competencia de Ryanair (sobre todo por Norwegian), la cancelación de 50 vuelos diarios hasta finales de octubre o, lo que es lo mismo, la anulación de cerca de 2.000 vuelos durante las seis semanas que durará la «planificación para la mejora de la puntualidad».

El afloramiento de los primeros brotes de abierta desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional por parte de concretas autoridades autonómicas motivó que en el mes de septiembre de 2015 se comenzara a tramitar en nuestro Parlamento, por vía de urgencia, un proyecto legislativo para modificar concretos preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de sus resoluciones.

La prescripción y la caducidad constituyen manifestaciones de la importancia que el transcurso del tiempo tiene en las relaciones jurídicas, motivo por el que dedicamos el presente espacio a estas dos figuras, en el que vamos a analizar su concepto, así como sus notas diferenciadoras.