-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
No existe en el Código Civil precepto legal específico que lo regule, siendo una figura de creación jurisprudencial permitida por el principio de la autonomía privada o de la libertad contractual, recogido en el art. 1.255 del Código Civil, razón por la que hemos decidido dedicar este espacio a analizar esta figura tan común y frecuentemente utilizada.
El Tribunal Supremo ha dictado recientemente una interesante sentencia en materia de atribución del uso de la vivienda (Sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, de 6 de febrero de 2018), supuesto en el que las partes habían acordado en convenio que la citada atribución a favor de la menor y de su madre duraría hasta que la vivienda fuese vendida o se hiciera efectivo el acuerdo de liquidación en los cónyuges. Así, el marido planteó la división de la cosa común, allanándose la esposa a la demanda, procediéndose a la ejecución de la sentencia y a la subasta pública del bien, que, finalmente, fue adjudicado, junto con la plaza de aparcamiento, al marido, quien, además, asumió el pago de la hipoteca del inmueble, pasando a ser propietario en pleno dominio de la que fuera vivienda familiar.
Este post es la continuación del publicado hace ya unos meses, PARKINGS PÚBLICOS I: ¿el estacionamiento regulado lo es? ¿Se cobra por minutos? ¿deben tener vigilancia? ¿se hacen cargo del robo del móvil, la radio o el GPS?, y cierra el estudio sobre las diferentes cuestiones que puede suscitar el aparcamiento de nuestro vehículo en un parking público.
Recientemente hemos conocido la sanción por la Agencia Española de Protección de Datos a Facebook INC y a WhatsApp INC. En dicha resolución, la AEPD ha impuesto una multa de 300.000€ a WhatsApp por ceder datos a la entidad Facebook sin el requerido consentimiento; y otra de la misma cantidad a Facebook, por realizar un tratamiento de dichos datos de carácter personal.
La dispensa de la obligación de denunciar y declarar, regulada en los arts. 261 y 416 LECrim., tiene su fundamento en el conflicto de intereses que se crea en los parientes de las personas investigadas en un proceso penal entre su deber como ciudadanos de comunicar unos hechos delictivos y la lealtad y afecto hacia su familia. Con este sentido se redactaron ambos artículos y se han venido aplicando hasta la actualidad. Este tema ya lo tratamos anteriormente en el artículo «Algunas cuestiones acerca de la dispensa de la obligación de declarar de las víctimas de la violencia de género«.
La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha publicado recientemente una nota informativa con ocasión de la celebración de la Semana Santa y recordando las previsiones que deben tener en cuenta los extranjeros que aprovechando estos días vayan a salir del país entre el 23 de marzo y el 2 de abril de 2018.
Antecedentes legislativos
Los derechos que se reconocen a las personas investigadas, detenidas y presas en el ámbito procesal penal se recogen en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus arts. 118 (derechos de los investigados y encausados) y 520 (derechos de los detenidos y presos). Ambos preceptos fueron reformados hace casi tres años, a través de dos normas:
La sentencia 148/2018, del Pleno del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de marzo, ha decidido sobre una cláusula que imponía todos los gastos por tributación del préstamo hipotecario al prestatario sin discriminación alguna, en el sentido de considerar que es una cláusula nula por abusiva.
El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que afecta claramente a los arrendamientos urbanos y que entró en vigor el pasado 11 de marzo de 2018.
