El blog jurídico de Sepín

El Comité Europeo de Derechos Sociales, en una decisión publicada el 29 de junio de 2025 sobre el fondo de la reclamación colectiva «Unión General de Trabajadores (UGT) c. España» (Reclamación n.º 207/2022), concluye que la legislación española no ofrece suficiente protección a los trabajadores en caso de extinción de la relación laboral sin razón válida y, por lo tanto, infringe la Carta Social Europea Revisada.

La LO 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia - SP/LEG/44145-, entró en vigor el 3 de abril de 2025, en ella se establece como requisito de procedibilidad el haber acudido previamente a un Método Adecuado de Resolución de Conflictos antes de abrir la vía judicial según reza en su artículo 5.

Siendo una de las obligaciones de los propietarios, como establece el art. 9.1.i) de la LPH (SP/LEG/1894), la de comunicar a quien ejerza las funciones de secretario de la Comunidad, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, el cambio de titularidad de la vivienda o local se podría afirmar que, una vez que se produce la venta, el comprador, estaría obligado, como propietario al pago de los gastos comunes que se generen tras la venta.

I. Introducción

La llegada de la época estival supone un alivio para adultos y menores; la liberación de las habituales obligaciones incita a anudar el binomio verano-vacaciones a un estilo de vida más relajado y alejado de las recurrentes preocupaciones y problemas que encontramos en el ámbito laboral, social o familiar. Pero ello no es así para todos. No es baladí recordar, y así lo haremos, que es en este periodo estival en el que se acumulan mayores atentados contra la vida de las mujeres cometidos por sus parejas o exparejas sentimentales. Como ponemos de manifiesto, el mismo escenario conlleva situaciones y resultados del todo dispares.

Para que la facturación de un negocio no pare en ocasiones es necesario acudir a un plan de reestructuración de deudas lo que afecta en el precio facturado en las quitas y, por ende, en el IVA ingresado en la operación. Este plan de reestructuración , ¿permite recuperar parte del IVA ingresado?

I.- Introducción

Este nuevo estatuto de residencia temporal de familiares de personas con nacionalidad española exclusivo para los que no hayan ejercido el derecho a la libre circulación a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre (SP/LEG/43799) se regula en el Capítulo VII de su Título IV y a lo largo de seis artículos, del 93 al 99, en los que se detallan los requisitos, beneficiarios y procedimientos para solicitar esta autorización, sus derechos laborales, duración de la autorización, condiciones de renovación y supuestos de residencia independiente.

1. ANTECEDENTES: EL REGLAMENTO (UE) 2024/1028.

            El Real Decreto 1312/2024 se dicta en aplicación del Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724.

El próximo 1 de julio entra en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación (Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (SP/LEG/45232),  a través del RD 465/2025, de 10 de junio (SP/LEG/45232), pues se ha considerado, según el preámbulo de la norma, necesario actualizar la señalización a los cambios sociales y tecnológicos producidos en materia de movilidad. Analizando al contenido de la nueva regulación, vemos que se ha modificado fundamentalmente el Catálogo oficial de señales de la circulación y marcas viales incluido en el anexo I.

I. Introducción

Pongamos que hablamos hoy sobre las declaraciones prestadas por una persona, que aún no ha sido requerida ante el órgano instructor en condición de investigado, ni tampoco ha sido detenida a los efectos de los arts. 118 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (SP/LEG/2487); imaginemos que esa misma persona ha sido requerida a comparecer ante la policía debido a que su nombre ha aparecido (recordemos, no como investigado, perjudicado…) en el seno de una causa judicial ya instruida. Para colmo, una vez que acude al llamamiento policial, esa persona (un verdadero apátrida procesal) tiene a bien declarar ante los agentes policiales y que, exista la posibilidad, de un ulterior procesamiento y condena por esos mismos hechos.