Una reciente noticia del Ministerio de Justicia nos informaba de que “la ORGA distribuye más de 600.000 euros en programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad”.
Se continua con la delimitación entre la sanción administrativa y la conducta penal cuando se utiliza un vehículo a motor (SP/DOCT/83522), enfocando este post a la conducción bajo efecto de alcohol y drogas y cuando llega a considerarse un delito de la seguridad vial recogido en el art. 379 de nuestro Código penal.
Actualmente vivimos un tiempo en el que podemos destacar cuestiones muy llamativas del Derecho de Familia, algunas de las cuales se perfilan como grandes retos, a los que conviene prestar especial atención. Sin afán de excluir otros, continuaré con el apunte de algunos de ellos, que ya inicié en un post anterior: «Retos actuales en Derecho de Familia (I)«.
Son tiempos difíciles estos de la pandemia, especialmente por el impacto que ha provocado en las personas y en las familias, en los procesos y en nuestra justicia. Es momento de afrontar las crisis familiares y personales con las herramientas adecuadas y con una justicia de familia especializada que cuente, no solo con medios, sino con operadores especializados para atender las distintas situaciones en las que se encuentra la parte más frágil de nuestra sociedad: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los mayores y ancianos, los enfermos, las familias en crisis, las parejas, los menores bajo protección, sin olvidar tampoco a las víctimas de la violencia doméstica y de género. Todos ellos son los más sensibles y, por tanto, los que más medios y atención precisan.
Es sin duda la Abogacía una profesión acelerada y desgraciadamente no debería ser así. La redacción de escritos de carácter técnico como son los jurídicos (una demanda, una contestación, un recurso….) que realizamos a diario deberían tener unos tiempos mínimos indispensables para el estudio, reflexión y desde luego el adecuado sosiego que permita así la concreción, precisión y sistematizar los argumentos reflejados en ellos pero la mayoría de las veces esto no es posible.
Lamentablemente, al igual que al resto de esferas de nuestra vida, la pandemia provocada por la COVID-19 también ha afectado de forma directa a los procedimientos judiciales de familia.
1.- Introducción
Aunque sea fuera de plazo, en las Cortes Valencianas se ha aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat Valenciana, en vigor desde el día siguiente de su publicación, y que, por primera vez, abre las puertas a mediar en cualquier ámbito jurídico a través de un sistema de turnos establecido en los siguientes sectores:
La Tesorería de la Seguridad Social entiende que el autónomo societario es una persona jurídica, que ejerce como empresario en la actividad mercantil y, por lo tanto, el trabajador o trabajadores de los que está a cargo, no los contrata y paga él, sino la sociedad que administra.
Introducción y regulación
Se ha señalado por Cornejo Gómez que el criterio que separa la atribución competencial entre los Juzgados de Primera Instancia y/o Familia y los Juzgados de Violencia sobre la mujer es una delgada línea, a lo que nos atrevemos a añadir el calificativo de confusa.
