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El Boletín Oficial del Estado n.º 251, de 20 de octubre ha publicado el Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre (SP/LEG/35359), por el que se modifica el Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
María José Polo Portilla.
De todos es sabido que la responsabilidad patrimonial de la Administración es un dispositivo de protección que el Estado pone a disposición de los ciudadanos que presuntamente hayan sufrido daños derivados de las Administraciones públicas, algo similar a un mecanismo de autorregulación de las entidades públicas, pero ¿cabe su solicitud tras la anulación de un acuerdo de expulsión?
El artículo 89.1 de la Ley de la Jurisdicción Social dispone que las sesiones del juicio oral deben registrarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, salvo que no se pudiesen utilizar dichos medios, en cuyo caso se extendería acta escrita por el Letrado de la Administración de Justicia. Dicho registro o acta son garantías imprescindibles de los derechos procesales de las partes.
El Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, en Sentencia 684/2021, de 15 de septiembre, de la que ha sido ponente el Ilustrísimo Magistrado D. Vicente Magro Servet, ha fijado las características que configuran del delito de maltrato habitual y que vamos a analizar y complementar con la jurisprudencia dictada sobre este tema, por su alto interés en la evolución del marco jurídico respecto a la violencia doméstica y de género.
El RD-Ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como novedad introduce una nueva disposición adicional quincuagésima en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, posibilitando la deducción en el tributo del importe que se destine a obras de mejora en la eficiencia energética de viviendas o edificios residenciales hasta un 60% de su importe, dependiendo de la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, la mejora de la calificación energética o la reducción del consumo de energía primaria no renovable.
Por mucho que digan, en cualquier conflicto hay un componente emocional, de mayor o menor magnitud que no podemos obviar. En el ámbito familiar es dónde se dan los más altos grados de intensidad, por eso vamos a pasar a describir dos técnicas y una herramienta para manejar situaciones en la que una de las partes no tiene muy claro cual es la razón que le lleva a mediación porque no ve el problema.
Entre el Tribunal Supremo y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (anteriormente Dirección General de los Registros y del Notariado) ha existido históricamente un pulso, con criterios totalmente opuestos, en cuanto a los efectos que producía la emisión de la certificación de cargas durante un procedimiento de ejecución y la posibilidad de cancelar las cargas posteriores a la anotación preventiva de embargo de la que traía causa, cuando en el momento de presentar el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación en el Registro de la Propiedad, aquella anotación había caducado, aunque se diera la circunstancia de que, el decreto y el mandamiento cancelatorio, se hubieran dictado con anterioridad a la fecha en que se producía la caducidad.
En este post daremos respuesta a dicha cuestión, que ocurre cuando la remuneración del administrador social sea un sueldo que deba ser fijado por la junta general anual, ¿debe ser al comienzo del ejercicio o puede adoptarse posteriormente antes del cierre?
Llevamos ya muchos meses desde la crisis sanitaria originada por COVID-19 asistiendo a la aprobación de numerosas ayudas al alquiler para personas en situación de vulnerabilidad social y económica en los arrendamientos de vivienda, concretamente medidas aún vigentes respecto a la suspensión del desahucio y lanzamiento, la prórroga extraordinaria del contrato y la solicitud de reducción o moratoria en el pago de la renta en caso de arrendador gran tenedor. Sin embargo, debemos tener presente que el arrendatario, además, puede beneficiarse de otras ayudas de adjudicación directa contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, que incluye numerosos programas específicos en función del colectivo, algunos sustituidos o modificados recientemente por la situación del COVID-19. Estas ayudas al alquiler, tal como señala el Preámbulo, se han diseñado con el propósito de mantener la equidad y con el objetivo de que lleguen a todos los grupos que la necesiten, en función del nivel de ingresos económicos y considerando la unidad de convivencia, no los de quien suscribe el contrato de arrendamiento para acceder a la ayuda.
