El pasado 15 de diciembre de 2020, se presentó el Anteproyecto de Ley de Medidas de eficiencia Procesal del Servicio Público Ministerio de Justicia (SP/DOCT/108072) que ha concluido su trámite de información pública.
El pasado 5 de junio se publicó en el BOE la culminación de la tramitación de una gran reforma sobre la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio – SP/LEG/34154-). De las dieciséis modificaciones que incorpora, una de ellas incorpora un detalle que cobra su máximo interés en relación con los menores extranjeros no acompañados.
Distintos medios de comunicación y portales de internet como ideallista.com (https://www.idealista.com/news/finanzas/hipotecas/2021/05/28/790688-cuenta-atras-para-saber-el-plazo-para-reclamar-los-gastos-hipotecarios-el-supremo) se hacen eco de la noticia de la Audiencia Provincial de Jaén que acaba de suspender el fallo de un recurso sobre la prescripción de los gastos hipotecarios, así dispone: «No habiéndose llevado a cabo la deliberación de la Sentencia en la fecha señalada (14 de mayo de 2021), pues, ante la reciente sentencia del TJUE resolviendo en cuestión prejudicial sobre el plazo de prescripción de la acción de reclamación de los gastos atribuidos a los prestatarios consumidores, esta Sala estaba estudiando si procedía mantener o modificar el criterio que seguía al respecto, y habiéndose tenido conocimiento de que la Sala Primera del Tribunal Supremo tiene señalado para el día 23 de junio la deliberación de los recursos de casación que versan sobre dicha cuestión, lo que serviría para unificar la doctrina de criterios existentes en las Audiencias Provinciales, se ha considerado procedente, con el fin de evitar innecesarios y costosos recursos de casación, dejar en suspenso la deliberación, votación y fallo de este recurso hasta el dictado de la sentencia por el Tribunal Supremo».
I. Un cambio en el enfoque de la protección de la infancia y la adolescencia
La nueva Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154) (en adelante, referida únicamente como “la ley”, salvo que se especifique otra cosa) apuesta por actualizar el esquema entre familia y Estado intensificando la intervención del segundo cuando acontece alguno de los riesgos de un catálogo muy selectivo.
JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE INFANCIA, FAMILIA Y CAPACIDAD
Con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154), el legislador al fin ha previsto la creación de la Jurisdicción especializada en materia de Infancia, Familia y Capacidad dentro del orden jurisdiccional civil, así como la imprescindible intervención de operadores especializados para atender a los niños, niñas y adolescentes, prestándoles la asistencia que precisen en todas aquellas situaciones y procesos en los que se vean inmersos.
Nadie pone en duda el control tributario que Hacienda pretende tener sobre el mercado de los apartamentos y viviendas turísticas gestionadas por plataformas colaborativas y de intermediación, en auge desde hace unos años, salvando el paréntesis de la crisis por coronavirus, pero hemos asistido últimamente a distintos criterios y resoluciones sobre la obligación de trasladar a la Administración Tributaria la información relativa a las personas que desarrollen actividades de arrendamiento de vivienda con fines turísticos o vacacionales, así como los datos identificativos de estos inmuebles.
Introducción
El sábado 5 de mayo se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154), que da cumplimiento a nuestros compromisos europeos e internacionales y culmina la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores (SP/LEG/8364). La nueva norma entrará en vigor el 25 de junio de 2021.
El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de tiempo, de días de término y de expiración.
En muchos procesos en los que se ejercita una acción que versa sobre la propiedad de un inmueble, ya sea por parte del actor o por parte del demandado, se alega como justificación de la propiedad o título de dominio, el tener inscrito el bien litigioso a su nombre en el Catastro, pero ese hecho, ¿realmente sirve por sí solo para justificar la titularidad dominical?
Son momentos difíciles y, sin duda, las Comunidades de propietarios, a las que un alto porcentaje de la población pertenecemos, se encuentran con uno de los problemas más complicados de afrontar que pueden llegar a paralizarlas más allá de la posibilidad de adoptar acuerdos: la morosidad.
