El blog jurídico de Sepín

1.- Introducción

Cuando se produce la separación o divorcio de una pareja uno de los aspectos más trascendentales es el de la adjudicación de la guarda y custodia de los hijos a uno de los cónyuges y el establecimiento de un régimen de visitas para el cónyuge no custodio. Hasta ahora siempre se luchaba en los Tribunales de forma mayoritaria dichas estancias con los menores por parte de los padres y en escasas situaciones por parte del resto de familiares como pueden ser los abuelos y resto de familia. Esto podía ser debido a que en los días en los que los menores permanecen con alguno de los progenitores, es en dichos momentos en los que se aprovechaba para tener una interrelación con el resto de la familia de dicho progenitor. No obstante, en el transcurso de dichos regímenes de visitas y de relaciones con la familia pueden ocurrir múltiples acontecimientos que hagan plantearse dichos regímenes, sobre todo cuando las relaciones con las familias del ex son conflictivas y se utiliza a los hijos para impedir el disfrute de los mismos por parte de la familia del otro cónyuge, sobre todo los abuelos que son los familiares más directos con los hijos para precisar de su compañía. Por ello y ante las nuevas formas de convivencia social y el desempeño por ambos padres de actividades laborales, ha hecho precisa la intervención de los abuelos que mediante tales actos de ayuda y asistencia a sus hijos para con sus nietos, han conseguido también estar más cerca de sus nietos y tener un vínculo afectivo más destacado sobre todo cuando se producen las rupturas como pareja de los padres de los menores. Esta realidad social ha conllevado la necesidad de intervención del legislador para amparar el derecho que asiste a los abuelos de ver y estar con sus nietos y de igual forma de los nietos de disfrutar de sus abuelos.

Se debe partir de la inexistencia de una normativa clara al respecto. Ante esta cuestión, pues, existen dos posiciones doctrinales.

De un lado, se considera que el régimen sancionatorio de la cesión ilegal es perfectamente aplicable entre empresas del mismo grupo. El argumento se basa en la literalidad del precepto dado que el art. 43.1 del Estatuto de los Trabajadores únicamente permite ceder trabajadores de unas empresas a otras a través de las empresas de trabajo temporal. Así pues, se argumenta que donde la ley no distingue no se debe distinguir (Pérez de los Cobos).

Tras varios toques de atención del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo desde el año 2017 a la necesidad de adaptar el sistema de gravamen de las plusvalías puestas de manifiesto con ocasión de transmisión de bienes inmuebles urbanos mediante el conocido Impuesto municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sólo tras la declaración de inconstitucionalidad del método de determinación Sentencia 182/2021, de fecha 26 de octubre de 2021, lo que supone de facto la expulsión del tributo del ordenamiento, el Gobierno se ha visto “obligado” a actuar, modificando mediante el RD-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La importante reforma legislativa derivada de la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, obligó al Parlamento de Cataluña ha publicar el pasado 31 de agosto el Decreto-Ley 19/2021, por el que se adapta el Código civil de Cataluña a esta reforma, decreto que entró en vigor el 3 de septiembre.

El TJUE ha establecido que el Derecho de la Unión prohíbe que un Estado miembro celebre un convenio arbitral de contenido idéntico a una cláusula arbitral nula que se recoge en un tratado bilateral de inversión entre Estados miembros, con la lógica consecuencia de que el juez nacional está obligado a anular un laudo arbitral adoptado sobre la base de ese convenio arbitral en su sentencia de 26 de octubre de 2021, y con referencia SP/SENT/1117305.

En este mismo foro que constituye el Blog de la Editorial Jurídica Sepín hemos tenido la oportunidad de analizar en ocasiones anteriores la responsabilidad patrimonial por error judicial (Post Junio de 2016) y por funcionamiento anormal de la Administración de Justica en los casos de prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento libre (Post Julio de 2019).

Ya hemos perdido la cuenta de las veces que se han prorrogado las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, para familias vulnerables como consecuencia de la crisis originada por la pandemia, lo que hasta cierto punto considerábamos admisible en aquellos primeros meses de confinamiento y restricciones del año 2020, debido a la repercusión negativa en los alquileres de vivienda ante la imposibilidad de los arrendatarios de cumplir con el pago de la renta, dejando al margen la intromisión del Estado en un bien que forma parte de la propiedad privada del arrendador. Pero lo cierto es que, pasado año y medio desde la aprobación del citado Real Decreto-ley, con entrada en vigor el 2 de abril de 2020, el Gobierno ha aprobado la propuesta de EH Bildu para prorrogar las medidas contempladas en el llamado «escudo social», que hubieran finalizado el 31 de octubre, con el apoyo de los dos partidos, PSOE y Unidas Podemos, en la que se comprometen a mantener «mientras sea necesario» las medidas en materia de vivienda y suministros básicos contempladas en el escudo social «hasta que se arbitren otros mecanismos de carácter permanente», es decir, todo ello mientras la “futura Ley de la Vivienda”, cuyo anteproyecto ha sido aprobado en Consejo de Ministros el martes 26 de octubre, tenga su entrada en vigor, lo que no sucederá de inmediato, pues asistiremos a una larga tramitación parlamentaria con la anunciada oposición de varios partidos políticos, cuestión que será objeto de otro comentario.

1.- Introducción 

La coyuntura económica que vive España, fruto de la pandemia, genera muchos miedos a la hora de alquilar.

La ausencia de medidas fiscales eficaces que animen a arrendar, un sistema judicial colapsado que no acaba de funcionar  -por muchas Reformas procesales “voluntaristas” de los últimos años-, los retrasos en la tramitación de los desahucios, las nuevas suspensiones de lanzamientos o las limitaciones de las garantías que contempla la reciente normativa post pandemia….