El blog jurídico de Sepín

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 en su disposición final novena autorizaba al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a disponer de 100.000.000 euros con cargo al Fondo de Contingencia para ser implementados con urgencia en los compromisos financieros adquiridos en el ejercicio 2020 para atender a las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, respetando la distribución acordada por la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, de forma que el compromiso financiero para los ejercicios 2018 a 2021, ambos incluidos, se elevó a 1.473.629.658 euros.

El 12 de noviembre de 2019, publiqué en el blog de sepin el POST“La AP Madrid limita la extensión de los recursos de apelación a 25 folios ¿está justificada?” en el cual me hacía eco del Acuerdo de la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Civiles y de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrado el 19 de septiembre de 2019 (SP/DOCT/83479).

Cuando alguien se pregunta quienes son los que peor lo pasan durante un divorcio, todo el mundo piensa en primer lugar en los cónyuges que han tenido que tomar esa decisión, que ahora ven como todas las ilusiones y los esfuerzos que pusieron en un acto con la intención de que fuera para toda la vida, de repente se caen como un castillo de naipes, y a la frustración de no poder salvar la relación se une el dolor, la pena y el varapalo emocional de romper esa unión. Pensamos que los niños o son muy pequeños para enterarse o son muy mayores y tienen capacidad de comprenderlo, sin embargo, son las mayores víctimas de la separación: su mundo, el hogar que hasta entonces habían conocido, se viene abajo sin que nadie, además, les pida opinión.

Cuando nos encontramos ante un inmueble que es copropiedad de varios titulares, uno de los aspectos que más dudas genera, es la forma en que deben llevarse a cabo las gestiones que puedan afectar al bien común.

El Covid-19 ha provocado la cancelación de miles de vuelos en todo el mundo. Empezamos a disponer de las primeras sentencias, dictadas, en su mayoría, por los Juzgados de lo Mercantil, sobre el reembolso de los billetes no disfrutados, que son de gran utilidad, puesto que nos muestran el camino de cómo proceder para defender los intereses de los consumidores y usuarios cuyos derechos se han visto afectados por la pandemia.

Sobre esta cuestión se acaba de pronunciar la Sala Tercera -sí, la de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Supremo. El motivo de que haya sido esta jurisdicción la que haya fijado doctrina al respecto se debe a que la deuda que dio origen al litigio judicial -y que acabó dando lugar a la apreciación de interés casacional objetivo para la fijación de jurisprudencia- derivaba de un contrato público y la parte deudora la ocupaba el Servicio Extremeño de Salud (SES).

José Fernando Lousada Arochena

Magistrado especialista. Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Con fecha 25 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que ya vaticinamos que iba a marcar un antes y un después en la acreditación de los requisitos para solicitantes de arraigo social. En concreto, el Alto Tribunal especificó que el párrafo segundo del artículo 124.1 del RD 557/2011, de 20 de abril (SP/LEG/7493) -RLOEX, en adelante-, no implica que la prueba de la relación laboral y de su duración deba llevarse a cabo exclusivamente a través de una resolución judicial o un acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sino que podría demostrarse por cualquier medio de prueba válido en derecho, doctrina que ha sido ratificada en dos sentencias posteriores: 1802/2021 y 1806/2021.

Post patrocinado

ReclamoSeguro.es

Plataforma digital de reclamaciones a aseguradoras

La legislación española en su art. 2 del RDL 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor establece que “Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil”

Quizá, a simple vista, podría parecer una pregunta sin trascendencia, pero les aseguro que la respuesta será de enorme importancia para las Comunidades o más bien para los comuneros pues de ello dependerá, en algunos supuestos, la obligatoriedad del pago de los gastos que se deriven de esta obra.