El blog jurídico de Sepín

Tal y como se analizó en el blog de Términos y Condiciones, se utilizaba la paradoja de “La fuerza imparable contra el objeto inamovible” para explicar la relación, cuanto menos complicada, entre el Reglamento General de Protección de Datos (en lo sucesivo, RGPD) y Blockchain.

Ese choque frontal se está sucediendo desde el 25 de mayo de 2018 en materias que, a priori, son irreconciliables:

1. La identificación clara y centralizada de responsables, encargados e interesados frente a un sistema inmensamente descentralizado.
2. Minimizar los riesgos para los interesados al subir datos a la cadena, de modo que deba recurrirse a la anonimización de los datos personales subidos.
3. El ejercicio de derechos, y en especial el derecho al olvido, teniendo en cuenta la inmutabilidad de la blockchain; y
4. La prohibición (con límites) de decisiones individuales automatizadas en el caso de “contratos inteligentes” autoejecutables e irrevocables, ejecutados en la cadena.
   

Mucho se ha escrito sobre las dificultades de la puesta en funcionamiento de la mediación en el ámbito laboral. En este post analizaré tres preguntas clave para su reflexión:

Sí, así parece, con la convalidación ayer 3 de abril de 2019 del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo,  finaliza el show o baile de los Reales Decretos iniciado en el mes de diciembre por el Gobierno, al menos por ahora, porque por desgracia, este tema social, y a la vez polémico, de los arrendamientos urbanos siempre estará presente y serán otros partidos los que plantearán otras medidas.

En un post anterior, trate el tema de las votaciones en el régimen de propiedad horizontal en Cataluña en esta ocasión me centraré en “los ausentes” ¿se han de tener en cuenta para todo tipo de acuerdos?

Cercanas ya las fechas de la Semana Santa, la Subdelegación del Gobierno en Alicante vuelve a publicar su nota informativa habitual con la que recuerda las previsiones que deben tener en cuenta los extranjeros que aprovechando estos días, vayan a salir del país entre el 12 de y el 22 de abril de 2019.

La similitud entre ambas figuras contractuales ha suscitado controversia respecto a su distinción, motivo por el que hemos querido dedicar este espacio para explicar las notas que caracterizan a ambos negocios jurídicos de cara a que no existan dudas en cuanto a la determinación de su régimen jurídico así como la legislación aplicable. Al final enumeraremos una serie de contratos cuya calificación ha sido controvertida por la jurisprudencia.

Es claro que, en los supuestos en los que una de las partes pide aclaración, se interrumpen para todas ellas, hayan pedido o no la aclaración, los plazos para recurrir.

La legítima, de acuerdo con el art. 806 CC, es la porción de bienes de que el causante no puede disponer libremente por haberla reservado la ley a los herederos forzosos, también llamados legitimarios. Esto significa que el testador no puede privar a aquellos de su legítima salvo en los casos previstos en la ley. El Código Civil distingue tres partes: tercio de legítima estricta, de mejora y de libre disposición.

Esta es una de las preguntas que se plantea uno de los autores del libro “Insurtech y nuevas tendencias de la responsabilidad civil” en el que se nos explica el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo de los seguros y de la responsabilidad civil. Se presenta aquí un resumen de la respuesta, por lo que invitamos al lector a ampliar la misma en la precitada obra.

Confieso que cuando leí la redacción que a los arts. 34.2 y 35.2 LEC, referentes a la popularmente conocida como jura de cuentas y minuta jurada, dio la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, no salía de mi asombro.