El blog jurídico de Sepín

Aunque todavía no se ha publicado la sentencia n.º 1740/19 de la Sección 4.º de la AP de Vizcaya de 22 de octubre de este año, me ha parecido relevante comentarla por las consideraciones tan necesarias que realiza en torno a la mala fe.

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, en adelante LSSI, incorporó una serie de obligaciones que debían cumplir las páginas web, a las que había que sumar las establecidas en la normativa de protección de datos, pero dados los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las reformas acaecidas en materia de protección de datos, vamos a realizar un resumen incorporando las novedades más destacadas.

Hace escasos meses comentaba en sepín una sentencia de la AP de Tarragona de 9-5-2019 (SP/SENT/1008322), en la que se declaraban nulos los acuerdos adoptados en el apartado “ruegos y preguntas” de la Junta de propietarios. La sentencia era demasiado evidente, pero no debemos olvidar que no hay que restar importancia a una resolución judicial, pues esta ha sido consecuencia de una impugnación por parte de un comunero que estuvo ausente en Junta o simplemente que votó en contra, por eso, considero que es interesante aclarar, qué asuntos pueden aprobarse en Junta de propietarios.

Sobre este tema tan interesante se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 1-10-2019 que plantea, como cuestión de fondo, el valor que ha de darse al silencio de una de las partes interesadas en el contrato de arrendamiento de servicios profesionales cuando se le notifica, mediante correo electrónico que no contesta, la modificación de los honorarios pactados. En estos casos, ¿el silencio equivale a su aceptación?, ¿la disconformidad debería ser manifestada expresamente contestando a dicho correo electrónico? A estas cuestiones da respuesta la resolución que es objeto de comentario en este espacio.

Desde la visión romántica de la unión entre dos personas, sin duda la más importante con el amor como cimiento indispensable, quizás los pactos en previsión de ruptura puedan resultar mal vistos y levantar suspicacias, entre la pareja o incluso entre la familia, pero dejando a un lado «la visión Disney» del matrimonio o de la unión en pareja, pueden facilitar y agilizar el conflicto económico si la relación finalmente no llega a buen puerto.

La reciente sentencia condenatoria del Tribunal Supremo en el asunto del “procés”, que parece no haber dejado satisfecho a nadie, ha traído consigo revueltas violentas en las calles de Cataluña, que ya duran casi una semana.

Un mensaje de WhatsApp no es un documento (STS 26 de noviembre de 2012 – SP/SENT/701929), sino que es un medio de reproducción de la palabra el sonido y la imagen de los regulados en los artículos 382 a 384 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Está regulado de forma separada a la prueba documental, su aportación al proceso es diferente, la valoración que ha de dársele a dicha prueba también es diferente por lo que no se tratan de medios de prueba equiparables sin que pueda admitirse la revisión fáctica con base a estos medios de prueba por no tratarse de prueba documental o pericial.

La problemática existente sobre esta cuestión versa sobre la posibilidad de cancelar las cargas posteriores cuando se presenta el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas en el Registro de la Propiedad una vez caducada la anotación preventiva de embargo de la que trae causa. Esta controversia tiene su punto de partida en las diferentes posturas que mantiene por un lado, la Dirección General de los Registro y del Notariado y por otro, el Tribunal Supremo.

El TJUE vuelve a interpretar el concepto de “recursos suficientes” dando respuestas a estas preguntas planteadas y lo hace en la reciente sentencia de 9 de octubre de 2019 que ya se encuentra analizada bajo la referencia SP/SENT/1019190.

Según los datos publicados por la consultora española Legaltechies, actualmente en España tenemos 142 proyectos Legaltech y más de un centenar de empresas relacionadas con la materia por todo el territorio nacional. De hecho, a junio de 2019, el 28,2% de los proyectos se localizaban en Barcelona, el 26,8% en Madrid y el 6,3% en Valencia, entre otros lugares del país.