En los últimos tiempos, a través del Servicio de Consultas Jurídicas de Sepín, se nos ha planteado en varias ocasiones una cuestión que suele ser fuente de conflicto en los concursos de méritos de los que se componen distintos procesos selectivos para el acceso o la progresión en la función pública.
La respuesta es afirmativa. Así lo establece la reciente sentencia del TJCE/TJUE, Sala Sexta, de 27 de marzo de 2019, que dispone que la retirada por el consumidor de la capa de protección de un colchón adquirido por Internet no le priva de la posibilidad de ejercer su derecho de desistimiento.
El pasado 16 de abril de 2019 se ha aprobado una propuesta legislativa en el Parlamento Europeo para que se implementen los avances tecnológicos en el sector del automóvil, no solo para disminuir la siniestralidad entre vehículos sino también por el incremento de ciclistas y peatones en las carreteras europeas. Para ello, se requerirá que las innovaciones en equipamientos de seguridad sean obligatorias en todos los vehículos vendidos en el mercado europeo. Se pretende que esta medida sea una realidad en mayo de 2022 para los nuevos modelos y en dos años más tarde para los modelos existentes.
Las condenas a penas de inhabilitación para cargo público, aunque aún no hayan adquirido firmeza, impiden al condenado acudir a las elecciones como candidato en listas electorales. Así lo ha establecido la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia 438/2019, de 1 de abril (SP/SENT/997540).
Es de sobra conocida, en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, la importante modificación introducida por la Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, al incluir la posibilidad de constituir marcas por medio, no ya de signos, palabras, dibujos, cifras etc, sino de colores.
Después de muchas sentencias analizadas (no sabría decir el número exacto de ellas, pero puedo asegurar que son cientos) para nuestra base de datos sobre el tema de los gastos hipotecarios y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en las que los criterios mantenidos por las distintas Audiencias Provinciales era de todo menos unánime, lo que parece que ya ha llegado a su fin tras doctrina dictada por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 23 de enero de 2019, hemos tenido conocimiento de una sentencia de la AP de Girona, de 4 de febrero de 2019, que da una vuelta de tuerca más en relación al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.
La legislación en materia de alojamientos turísticos en Madrid ha cambiado mucho en las últimas semanas, el pasado miércoles 27 de marzo, el Ayuntamiento de Madrid votó de manera definitiva el Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje (PEH), que impondrá importantes restricciones para la actividad. Por otro lado la Comunidad de Madrid, aprobó el martes 9 de abril la modificación del Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico, que incorpora una nueva definición de vivienda de uso turístico y nuevos requisitos para el inicio de la actividad como el certificado de idoneidad.
La controversia jurídica de determinar los límites de la Administración Tributaria para dictar providencias de apremio contra un deudor tributario, con el fin de hacer efectivos los créditos contra la masa tras reforma por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, queda resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de marzo del 2019 al declarar que “abierta la liquidación en un procedimiento concursal, la Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa hasta que no se levanten los efectos de la declaración del concurso, debiendo instar el pago de los créditos contra la masa ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal”.
El pasado 3 de abril, Ángel Hernández asistió al suicidio a su esposa, María José Carrasco, aquejada de esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa terminal y con una muy escasa o nula calidad de vida, pues la morfina había dejado de hacerle efecto y los médicos estaban buscando otra medicación para paliar sus dolores.
El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 119/2019, de fecha 14/02/2019, recaída en Recurso nº 1802/2017, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por el trabajador contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 534/2017, de fecha 01/03/2017, recaída en el Recurso de Suplicación nº 233/2017 (1), en la que igualmente se desestima el Recurso de Suplicación interpuesto por el trabajador frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de los de Bilbao con fecha 01/09/2016, en los Autos nº 851/2015 seguidos en materia de despido y en los que fue demandada la mercantil ANSAREO SANEAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
