El blog jurídico de Sepín

Este es un tema polémico en el régimen de propiedad horizontal estatal pues, aunque la mayoría de la doctrina, entre la que se encuentra sepín, considera que es aplicable el art.10.3.b) de la LPH, no se trata de un criterio unánime, haciendo depender el acuerdo de la obra a realizar, teniendo en cuenta la alteración que se produce en los elementos comunes.

Como explica el profesor Juan Antonio García Amado en las lecciones de su máster de argumentación jurídica, las reglas interpretativas de principio son aquellas que informan con carácter general un determinado sector del ordenamiento jurídico (Derecho laboral, penal, de menores, de familia, etc.), actuando como fórmula o cláusula interpretativa de cierre ante cualquier duda que pueda surgir en la aplicación de sus normas, dado que inspiran toda esa parcela del ordenamiento jurídico. Constituyen el factor decisivo que puede inclinar la balanza ante varias interpretaciones posibles del precepto al ofrecer una pauta de decisión ligada a los principios fundamentadores de ese ámbito jurídico en cuestión.

Desde el año 2006, cada 28 de enero celebramos el día internacional de la protección de datos personales, fecha en la que debemos recordar los derechos y obligaciones que corresponden tener todos los usuarios digitales, por lo que la Agencia Española de Protección de Datos ha aprovechado la ocasión para presentar el  PACTO DIGITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, cuyo objetivo es promover el compromiso firme con la privacidad en las políticas y modelos de negocio de las organizaciones, garantizando la protección de datos en la innovación, la ética y competitividad empresarial.

Ayer, 27 de enero de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de Estado el último paquete de medidas sociales aprobadas por el gobierno para paliar los efectos generados por el coronavirus en nuestro país. El Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, donde se adoptan importantes actuaciones como la ampliación de  los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, el  refuerzo a las ayudas a los trabajadores autónomos hasta el 31 de mayo y por último una nueva prórroga de los contratos y moratoria de las rentas de alquiler de vivienda.

Hechos enjuiciados

El caso enjuiciado en la STS, Sala Segunda, de lo Penal, 701/2020, de 16 de diciembre (SP/SENT/1076863) es el ya conocido como “Caso Gabriel”.

Si bien la jurisprudencia ha declarado de forma unánime que la acción de nulidad de una cláusula abusiva es de carácter imprescriptible, así como que el hecho de que el préstamo hipotecario esté cancelado, no afecta a la posibilidad de entablar la acción de nulidad y de reclamación, la cuestión problemática y en la que nuestros tribunales no se ponen de acuerdo, es si la acción de reclamación de la devolución de los gastos hipotecarios abonados en virtud de la cláusula nula, está sujeta o no a un plazo de prescripción y en caso de estarlo, desde cuándo debe computarse.

Esta es la curiosa situación sobre la que se ha tenido que pronunciar la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en una sentencia que, pese a que fue dictada el pasado 27 de noviembre, acaba de ser publicada (SP/SENT/1078906).

Cada vez que se habla de fomentar la mediación, siempre hay alguien que pone el foco en los mediadores, apuntando a que si la mediación no termina de integrarse en nuestro sistema es porque falta “excelencia” en la formación de estos profesionales analistas del conflicto.

La situación climatológica adversa sufrida en los últimos días ha obligado a las empresas y compañías a tomar decisiones excepcionales, siendo muchos los consumidores que se han visto afectados por las mismas. De hecho, el Ministerio de Consumo en una nota informativa publicada el pasado 9 de enero (SP/DOCT/108193) ha instado a las compañías de viajes, agencias y operadores a que, a causa del temporal Filomena, actúen con flexibilidad y den la posibilidad de cancelar u ofrecer alternativas a las personas consumidoras que puedan verse afectadas.

Son muy frecuentes los contratos celebrados por distintas entidades, empresas automovilísticas, bancos y empresas financieras vinculadas al sector automovilístico para financiar la adquisición de automóviles.