El blog jurídico de Sepín

La crisis económica y social originada por COVID-19 ha tambaleado los arrendamientos de vivienda y locales de negocio de una forma directa, afectando a arrendatarios y arrendadores. En este ámbito, desde la primera declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020, a pesar de las medidas aprobadas en los Reales Decretos-Leyes 11/2020, de 31 de marzo y 15/2020, de 21 de abril, ha sido necesario realizar durante estos meses continuas ampliaciones o modificaciones legislativas debido a los efectos devastadores de la pandemia que ha dado lugar a una segunda declaración del estado de alarma por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, cuya finalización será el 9 de mayo de 2021.

“Crecen las reformas de vivienda por temor a nuevos confinamientos”; “Cierres, aperturas y reinvenciones en los negocios”; “El boom de las cocinas fantasmas”. Estos son algunas de los titulares que hemos podido leer en los últimos meses, en los que la pandemia lo ha modificado casi todo y en el que es necesario reinventarse y transformar nuestras casas o negocios para adaptarlos a las necesidades surgidas por este cambio de vida.

Lo primero que hemos de indicar es que la casuística referente a esta acción es muy diversa y amplía, motivo por el que ha sido objeto de numerosos y extensos estudios por parte de reconocidos expertos en materia de derecho procesal, sin que el fin de este post sea el abarcar todas las situaciones posibles ni hacer un análisis profundo sobre la tercería de dominio, lo que sería prácticamente imposible, dada la limitación y objeto de nuestro blog, sino que, simplemente, perseguimos el dar unas breves pinceladas sobre esta figura  que pueden dar una visión general sobre la misma.

I. Introducción: el caso Hasel como detonante de la reforma

La reciente decisión del Tribunal Constitucional de no admitir a trámite el recurso de amparo interpuesto por la representación procesal del rapero conocido como Pablo Hasel, y la posterior resolución de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —la misma que le condenó en Sentencia 3/2018, de 2 de marzo (SP/SENT/943434)—  que ordenaba su ingreso en prisión para dar cumplimiento a la pena de 9 meses y 1 día de privación de libertad que le fue impuesta por delito de enaltecimiento del terrorismo, ha reabierto el sempiterno debate sobre los límites de la libertad de expresión.

1. Planteamiento

En el mes de enero de 2021 se han dictado tres autos para responder a peticiones de medidas cautelares que aseguraran la vacunación contra el COVID-19 para personas que no podían prestar por sí mismas el consentimiento a este acto médico: Auto del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Santiago de Compostela, de 9 de enero de 2021 (SP/AUTRJ/1079430), Auto 47/2021 del Juzgado de Primera Instancia n.º17 de Sevilla (Familia) de 15 de enero de 2021, (SP/AUTRJ/1083657) y Auto del Juzgado de Primera Instancia n.º6 de Santiago de Compostela, de 20 de enero de 2021 (SP/AUTRJ/1080475)

Esta semana nos encontramos que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha suspendido, entendemos acertadamente, dos recursos de apelación en relación a la cláusula abusiva IRPH, ante la admisión a trámite de una nueva cuestión prejudicial ante el TJUE cuyo resultado puede influir en los numerosos pleitos existentes sobre estas cláusulas, al no ser una cuestión pacífica.

Todos estamos acostumbrados al entrar a una página web que nos salte un banner en relación con las cookies, pero en los últimos meses este aviso es diferente ¿Cuáles son las nuevas obligaciones respecto al uso de cookies? El año pasado conocíamos las Directrices del Comité Europeo de Protección datos, sobre el consentimiento, donde se dictaminó que la opción “seguir navegando” no era un medio válido, pues podía generar confusión entre los usuarios. En cuanto al “muro de cookies”, conforme a las nuevas directrices la denegación de éstas no puede ser impedimento para que el usuario acceda al servicio, pues se le estaría denegando un derecho legalmente reconoció. Estos nuevos criterios, debieron ser implementados el 31 de octubre de 2020, estableciéndose así un periodo transitorio de tres meses para introducir los cambios necesarios en los mecanismos de obtención del consentimiento para el uso de cookies que se estén utilizando.

Recuerdo una frase que escuché hace ya muchos años en mi anterior trabajo, exclamada por aquella viuda que, tras fallecer desafortunadamente su marido en un accidente laboral, reclamaba justicia, no quería dinero. Pensaba que le tenían que dar explicaciones, disculpas sinceras, entender cómo se sentía o que alguien tenía que ir a la cárcel, pero en realidad no cabía mucho más que una condena penal como complemento o alternativa a una indemnización económica que pudiera compensar tan terrible pérdida.

1. Planteamiento de la cuestión

Apenas comenzaron las primeras vacunaciones en nuestro país, fueron apareciendo sucesivas peticiones de medidas cautelares para proceder a la vacunación de personas incapaces para tomar decisiones que viven en residencias de ancianos. En sólo once días, tres juzgados tuvieron que dar respuesta a otras tantas situaciones de conflicto que podían comprometer la vida, la salud o el bienestar de personas especialmente vulnerables (Auto del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Santiago de Compostela de 9 de enero, SP/AUTRJ/1079430, Auto 47/2021 del Juzgado de Primera Instancia n. º 17 de Sevilla de 15 de enero, SP/AUTRJ/1083657, y Auto del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Santiago de Compostela de 20 de enero, SP/AUTRJ/1080475). Y siguen sucediéndose los casos en la geografía española.