-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
La sentencia de la AP Madrid, Sec. 28.ª, 250/2020, de 19 de junio (SP/SENT/1062811) nos ofrece una razonada respuesta negativa a la cuestión que da título a este post.
Antes del 23 de abril de 2015, la jurisprudencia tenía como criterio consolidado (explicado sucintamente) que la residencia irregular de un ciudadano extranjero se sancionaba con multa, y si existían otros datos negativos, con expulsión, y que siendo la sanción principal la de multa, la expulsión, en cuanto sanción más grave y secundaria, requiere una motivación específica y distinta.
En mi anterior artículo decía: «Para evitar los peligros que encierra la elección de una plataforma hay que elegir aquella que garantice: ‘confidencialidad, privacidad, identidad de partes y protección de los datos’» (Conforti 2020a), afortunadamente, la frase ha despertado algunas dudas y mucha curiosidad.
Una negligencia médica se produce cuando el personal sanitario de un hospital o una clínica, tanto pública como privada, no actúa con la diligencia exigida por las prácticas que rigen su profesión, es decir, por la lex artis, el conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para tratar al enfermo en el momento de que se trata, causando en la mayoría de ocasiones un daño físico y moral al paciente. El diagnóstico erróneo, el retraso en el diagnóstico, los retrasos en listas de espera, la falta de consentimiento informado, los errores en tratamientos o intervenciones quirúrgicas, las infecciones contraídas en el hospital y la falta de seguimiento del paciente son las negligencias médicas más frecuentes que sufren los pacientes.
Desde la declaración del Estado de Alarma en marzo de 2020, y la aprobación de numerosas normativas en el ámbito de los arrendamientos urbanos, han transcurrido ya varios meses. Las opciones o medidas que el Gobierno aprobó entonces van finalizando, aún cuando sus plazos han sido modificados en varias ocasiones respecto a los arrendamientos de vivienda, así la suspensión del juicio de desahucio, la prórroga extraordinaria de seis meses, y la solicitud de moratoria en caso de arrendador gran tenedor.
La respuesta debería ser, sin duda, negativa, pues se trata de una propiedad privada. Además, debemos recordar que el Real Decreto-Ley 2/1985 permitió, incluso, el cambio de viviendas a locales.
No obstante, nos estamos refiriendo a viviendas sujetas al régimen de propiedad horizontal, por lo que la contestación no puede ser categórica y, desde luego, habrá de estarse a cada uno de los supuestos concretos.
Lo primero que se debería consultar es el Título Constitutivo
Cuando un particular realiza una obra o inicia una actividad sin solicitar la oportuna y preceptiva autorización administrativa (ya sea en forma de licencia, declaración responsable o comunicación previa) o sin ajustarse a lo realmente autorizado, ya se imagina que, si la Administración llega a descubrirlo bien a través de una inspección de oficio por parte de sus técnicos (rara avis) o como consecuencia de alguna denuncia de otro ciudadano que se sienta perjudicado (obligatoria incluir en esta categoría, por mi experiencia profesional, al “vecino revanchista”), se verá obligado a legalizar la obra o actividad o, en el peor de los casos, a demolerla o cesarla, respectivamente.
El art. 1964.2 del CC, encargado de establecer el plazo de prescripción de las acciones personales, fue modificado por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que supuso la primera actualización del régimen de prescripción contenida en nuestro Código Civil, que ha permanecido inalterable desde su publicación. Esta Ley, que entró en vigor el 7 de octubre de 2015, redujo de 15 a 5 años el plazo general establecido para las acciones personales.
La tecnología ya forma parte de nuestro día a día: para lo bueno y para lo malo. Su función principal, aquella para la que ha sido creada (pecando de buen pensar), es la de mejorar la calidad de vida de las personas. No obstante, la realidad ha demostrado que otras de las funciones que ha traído consigo es el auge en la comisión de delitos, así como el perfeccionamiento de su modus operandi. Esta vertiente funcional da pie a lo que la doctrina viene calificando como delincuencia informática o ciberdelincuencia.
Desde que el actual Gobierno de coalición iniciara su andadura han sido varios los anuncios de reformas penales que sucesivamente han ido trascendiendo a la opinión pública. La principal, el enésimo intento de creación de una Ley de Enjuiciamiento Criminal (o “Ley Procesal Penal”) en la que, como elemento esencial, se traslada a los Fiscales la instrucción de los procesos penales. En estos instantes el texto del Anteproyecto se encuentra en fase de consulta pública hasta el 28 de octubre de 2020.
