El blog jurídico de Sepín

Parece que los fenómenos extraordinarios en este año 2021 son una constante, pues continuamos con la pandemia, llegó Filomena, y ahora junto con diferentes Danas, se produce la explosiva erupción del volcán Cumbre Vieja en la Isla de La Palma, en Canarias, con emisiones de lava, humo y cenizas que ha llevado al desalojo de poblaciones, al cambio del paisaje, la destrucción de múltiples edificaciones, el cierre del aeropuerto, y de los colegios, etc

Aunque puedan parecer comportamientos de otra época (no cualquier tiempo pasado fue mejor), en pleno año 2021 se han sucedido trágicas noticias sobre comportamientos discriminatorios (en ocasiones delictivos y con resultados fatales) por razón de la orientación sexual de las víctimas de aquellos. Y lo más llamativo y, si se me permite la expresión, repugnante del asunto es que en la mayoría de las ocasiones los infractores (cuando no, delincuentes) han resultado ser personas jóvenes, incluso adolescentes.

Con independencia de la calificación de la Junta o el medio por el que estas se lleven a cabo, lo que está claro es que, en todas ellas, se han de documentar en el acta correspondiente, como señala el artículo 19 de la LPH.

 1.- Exclusión de la casación

Si partimos de la premisa de que el recurso de casación solo puede plantearse para denunciar infracciones civiles sustantivas tal y como dispone el art. 477.1 LEC y punto I, apdo 1 del Acuerdo de la Sala Primera del TS de 27 de enero de 2017 (SP/LEG/21346), las infracciones de normas sobre costas, como regla general, no tienen acceso al recurso de casación.

Una primera corriente dentro de la doctrina judicial [STCT 19-1-1988] interpreta que no cabe diferir la ejecución material de la sanción más allá de los plazos de prescripción de las faltas que señala el art. 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, se aplicarían a la ejecución material de la sanción los mismos plazos de prescripción previstos para la prescripción de las faltas laborales: diez días para las faltas leves, veinte para las faltas graves y sesenta para las muy graves, y en todo caso a los seis meses desde que se hayan cometido.