El blog jurídico de Sepín

Desde el pasado 25 de diciembre está en vigor en Cataluña la Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña. Sobre esta misma materia fue presentada en el Congreso de los Diputados el 26 de febrero de 2020 la Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español, iniciativa que sigue en trámite, pero paralizada desde julio de 2020, y que esperamos pueda ser objeto de estudio en este blog en poco tiempo. Existe también una norma de ámbito autonómico dictada en Comunidad Autónoma de Canarias en 2019, la Ley 13 de 25 abril, sobre los menores robados.

El fenómeno de la ocupación de viviendas acapara titulares y noticiarios obviando, tal vez por evidente, que en la relación vivienda, propietario y ocupas,  a final del año y en correspondencia a la obligación a contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado, procederá la declaración de ésta circunstancia vinculando a la imputación de los correspondientes rendimientos inmobiliarios y los beneficios fiscales aplicables.

La Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo dedica su artículo 14 a la «Vigilancia de la salud» y pide que se adopten medidas para garantizar ese objetivo. Conforme a su número 2, estas medidas permitirán que cada trabajador, si así lo deseare, pueda someterse a una vigilancia de salud a intervalos regulares.

El Derecho tiene como finalidad última ordenar la vida en sociedad por medio de normas que posibiliten una convivencia ciudadana pacífica. La sociedades modernas, libres y plurales, se encuentran como todo ser vivo en continuo proceso de cambio, avance y desarrollo, y el Derecho debe evolucionar para dar respuesta a las nuevas inquietudes y demandas sociales que de forma paralela a esos cambios van surgiendo. Así ocurrió con la ley del divorcio de 1981, o con la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo de 2005, por poner algún ejemplo.

Una vez más el TJUE analiza situaciones que generan gran interés. En este caso nos referimos a la sentencia dictada el pasado 14 de enero de 2021 y que ya puede consultar analizada con la referencia SP/SENT/1076923.

Leticia Mata Mayrand

Abogada especializada en protección a la infancia. Miembro del Patronato de la Fundación ANAR

El 21 de diciembre de 2020 vencía el plazo para la trasposición por los Estados miembros de la Directiva (UE) 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, por la que se establece el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (en adelante EECC) (SP/LEG/25314). A partir de esa fecha, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que hayan adoptado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada directiva.

El pasado 25 de enero conocimos la histórica sentencia promovida por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra el grupo Volkswagen por el ya famoso “caso del dieselgate”, en la que ha intervenido como letrado nuestro coordinador del Top Consumidores y Usuarios, Eugenio Ribón.  

Este es un tema polémico en el régimen de propiedad horizontal estatal pues, aunque la mayoría de la doctrina, entre la que se encuentra sepín, considera que es aplicable el art.10.3.b) de la LPH, no se trata de un criterio unánime, haciendo depender el acuerdo de la obra a realizar, teniendo en cuenta la alteración que se produce en los elementos comunes.

Como explica el profesor Juan Antonio García Amado en las lecciones de su máster de argumentación jurídica, las reglas interpretativas de principio son aquellas que informan con carácter general un determinado sector del ordenamiento jurídico (Derecho laboral, penal, de menores, de familia, etc.), actuando como fórmula o cláusula interpretativa de cierre ante cualquier duda que pueda surgir en la aplicación de sus normas, dado que inspiran toda esa parcela del ordenamiento jurídico. Constituyen el factor decisivo que puede inclinar la balanza ante varias interpretaciones posibles del precepto al ofrecer una pauta de decisión ligada a los principios fundamentadores de ese ámbito jurídico en cuestión.

Desde el año 2006, cada 28 de enero celebramos el día internacional de la protección de datos personales, fecha en la que debemos recordar los derechos y obligaciones que corresponden tener todos los usuarios digitales, por lo que la Agencia Española de Protección de Datos ha aprovechado la ocasión para presentar el  PACTO DIGITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, cuyo objetivo es promover el compromiso firme con la privacidad en las políticas y modelos de negocio de las organizaciones, garantizando la protección de datos en la innovación, la ética y competitividad empresarial.