El blog jurídico de Sepín

Nadie pone en duda el control tributario que Hacienda pretende tener sobre el mercado de los apartamentos y viviendas turísticas gestionadas por plataformas colaborativas y de intermediación, en auge desde hace unos años, salvando el paréntesis de la crisis por coronavirus, pero hemos asistido últimamente a distintos criterios y resoluciones sobre la obligación de trasladar a la Administración Tributaria la información relativa a las personas que desarrollen actividades de arrendamiento de vivienda con fines turísticos o vacacionales, así como los datos identificativos de estos inmuebles.

Introducción

El sábado 5 de mayo se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (SP/LEG/34154), que da cumplimiento a nuestros compromisos europeos e internacionales y culmina la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores (SP/LEG/8364). La nueva norma entrará en vigor el 25 de junio de 2021.

El tiempo tiene una gran influencia en el ámbito de las relaciones jurídicas, hay que tener en cuenta que el mundo jurídico es un mundo de plazos, de tiempo, de días de término y de expiración.

En muchos procesos en los que se ejercita una acción que versa sobre la propiedad de un inmueble, ya sea por parte del actor o por parte del demandado, se alega como justificación de la propiedad o título de dominio, el tener inscrito el bien litigioso a su nombre en el Catastro, pero ese hecho, ¿realmente sirve por sí solo para justificar la titularidad dominical?

Son momentos difíciles y, sin duda, las Comunidades de propietarios, a las que un alto porcentaje de la población pertenecemos, se encuentran con uno de los problemas más complicados de afrontar que pueden llegar a paralizarlas más allá de la posibilidad de adoptar acuerdos: la morosidad.

Una reciente noticia del Ministerio de Justicia nos informaba de que “la ORGA distribuye más de 600.000 euros en programas de atención a víctimas del delito y lucha contra la criminalidad”.

Se continua con la delimitación entre la sanción administrativa y la conducta penal cuando se utiliza un vehículo a motor (SP/DOCT/83522), enfocando este post a la conducción bajo efecto de alcohol y drogas y cuando llega a considerarse un delito de la seguridad vial recogido en el art. 379 de nuestro Código penal.

Actualmente vivimos un tiempo en el que podemos destacar cuestiones muy llamativas del Derecho de Familia, algunas de las cuales se perfilan como grandes retos, a los que conviene prestar especial atención. Sin afán de excluir otros, continuaré con el apunte de algunos de ellos, que ya inicié en un post anterior: «Retos actuales en Derecho de Familia (I)«.

Son tiempos difíciles estos de la pandemia, especialmente por el impacto que ha provocado en las personas y en las familias, en los procesos y en nuestra justicia. Es momento de afrontar las crisis familiares y personales con las herramientas adecuadas y con una justicia de familia especializada que cuente, no solo con medios, sino con operadores especializados para atender las distintas situaciones en las que se encuentra la parte más frágil de nuestra sociedad: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los mayores y ancianos, los enfermos, las familias en crisis, las parejas, los menores bajo protección, sin olvidar tampoco a las víctimas de la violencia doméstica y de género. Todos ellos son los más sensibles y, por tanto, los que más medios y atención precisan.

Es sin duda la Abogacía una profesión acelerada y desgraciadamente no debería ser así. La redacción de escritos de carácter técnico como son los jurídicos (una demanda, una contestación, un recurso….) que realizamos a diario deberían tener unos tiempos mínimos indispensables para el estudio, reflexión y desde luego el adecuado sosiego que permita así la concreción, precisión y sistematizar los argumentos reflejados en ellos pero la mayoría de las veces esto no es posible.