Aunque, en principio, podría considerarse que se trata de una cuestión clara, de sobra conocida y sobre la que no existe duda legal alguna, nos parece interesante la respuesta, sobre todo cuando el citado propietario se comporta de manera diferente con cada una de estas propiedades, por ejemplo, mientras que está al corriente de pago en relación a uno de los inmuebles, es moroso por el resto.
Ante la imposibilidad de acuerdo por parte de los partidos políticos que integran el Gobierno respecto a la tan anunciada Ley de la Vivienda, que vendrá supuestamente a regular, entre muchas cuestiones, los arrendamientos urbanos, en pleno verano, el 3 de agosto de 2021, se ha aprobado otro Real Decreto-Ley 16/2021, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, con entrada en vigor el 4 de agosto, que se suma a la colección de los numerosos dictados desde marzo de 2020.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece una serie de principios generales con el objetivo de promover la seguridad y la salud de todos los trabajadores a partir de la aplicación de medidas de protección. Dentro de estos principios generales destaca, entre otros, el artículo 17 que establece la obligación de los empresarios de proporcionar a los trabajadores los equipos de protección adecuados para el desarrollo de sus funciones. A continuación, abordaremos la importancia de los Epi y vestuario laboral, así como las obligaciones del trabajador y del empresario en el uso de estos.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado la reciente sentencia del Tribunal Supremo nº 652/2021, de 22 de julio (ponente Antonio del Moral) en un caso en que la Audiencia Provincial condenó al acusado por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud concurriendo el subtipo agravado de notoria importancia (art. 368 y 369.1.5 CP), a la pena de 7 años y 9 meses de prisión y multa.
Hablar de trata de seres humanos, supone referirnos a una forma de delincuencia altamente lucrativa que atenta contra los derechos más elementales del ser humano, convirtiendo a sus víctimas en simples mercancías que son objeto de transacción y ganancia. La pandemia que venimos sufriendo desde hace algo más de un año ha venido a agravar, aún más si cabe, su situación de invisibilidad y vulnerabilidad.
Traemos a colación una sentencia del Tribunal de la AELC (Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio) de indudable interés tanto para los abogados que se dedican al Derecho de Familia, como a los abogados focalizados en el Derecho de Extranjería.
En el supuesto enjuiciado por la STS, Sala Segunda, de lo Penal 447/2021, de 26 de mayo (SP/SENT/1101971), el acusado fingió ser una menor y envió una invitación de amistad a la menor víctima de los hechos a través de una red social, que esta aceptó en la creencia de que aceptaba a una menor como ella. Después de tres días, el acusado contactó, bajo la falsa identidad y a través de su teléfono móvil mediante otra aplicación con ella tras conseguir su teléfono. Inicialmente mantuvo conversaciones como de amigas, y después le envió una foto de una menor desnuda, haciéndole creer que era quien el acusado fingía ser, solicitándole que enviara una foto suya a lo que la víctima se opuso. El acusado, para obtener fotos de ella, le dijo que era un delito poseer esta fotografía y que, si no accedía a lo que le pedía, iba a denunciarla a ella y a sus padres.
El 5 de septiembre de 2016, iniciamos una nueva etapa: la universidad. Por aquel entonces siempre imaginábamos nuestra primera experiencia jurídica laboral al estilo de la serie “Suits”. Con el paso de los años, este tópico se esfumó al ir aprendiendo que el verdadero Derecho en España nada tiene que ver con lo que vemos en las películas americanas. Lo que sí que no podíamos imaginar, al igual que nadie, es que en marzo de 2020 llegaría una pesadilla que no olvidaríamos nunca: el Covid-19, una pandemia mundial. Eso sí que era típico de una película de Netflix.
Fechado en 8 de julio de 2021, el Ministerio de Justicia ha puesto en circulación, para su posterior consulta pública una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal (SP/LEG/29544).
La tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ha dado un giro inesperado de última hora.
