El blog jurídico de Sepín

La posesión es un elemento fundamental de la usucapión o prescripción adquisitiva, pues es uno de los requisitos junto con el transcurso del tiempo para que la misma sea acogida.

Hace unos días publicaba un post sobre la reciente reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, (SP/LEG/1894) en la que comentaba, de manera sucinta, la nueva potestad de las Comunidades de propietarios para permitir el destino de las viviendas que forman parte de la finca divida horizontalmente, pero no cualquiera, sino el de las, en cierto modo, demonizadas, viviendas de uso turístico. 

Cuando ya algunos creíamos que la “medida extraordinaria y urgente” de la suspensión de los desahucios y lanzamientos derivados del Real Decreto-Ley 11/2020 había finalizado tras haber transcurrido prácticamente cinco años desde la pandemia, esto no ha sucedido, ha sido un espejismo. Acabamos de asistir en poco más de un mes al vaivén de los Reales Decretos Leyes. 

Los depósitos para recurrir, coloquialmente llamados "depósitos para recaudar" se introdujeron en el ámbito civil junto con otros órdenes jurisdiccionales por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (SP/LEG/5719). Dicha modificación, en su artículo primero, apartado decimonoveno, incorporó una Disposición Adicional Decimoquinta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que se instauró como requisito para la admisión de determinados recursos —por no decir todos— la constitución de un depósito previo.

Ahora si, tras el vaivén legislativo con la no convalidación y consiguiente derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre (SP/LEG/44252), por el que se suspendía la actualización de las cuantías y limites indemnizatorios del Baremo de Tráfico al afectar al indice de revalorización de las pensiones (IPR), se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

Se ha especificado en su Disposición final novena, que los arts. 64, 65 y 66, que se refieren a las medidas sobre pensiones y otras prestaciones públicas producirán efectos económicos desde el día 1 de enero de 2025. Por lo que la ya se pueden considerar actualizadas para el año en curso las cuantías del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (SP/LEG/2821) con el indice de revalorización de las pensiones (IPR) recogido en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero. En este post se explica a que tablas se aplica dicho indice y que ocurre con el resto. 

La disposición adicional decimonovena de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), ha procedido a modificar ciertos preceptos de Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacaciones de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias (SP/LEG/9661), concretamente, modifica el apartado 6 del artículo 23, el ordinal 3º del apartado 1 del artículo 30 y añade una disposición adicional primera y una disposición adicional segunda.

En la demanda rectora del procedimiento judicial se interesó la declaración de nulidad de la cláusula de limitación a la baja del tipo de interés por su carácter abusivo, ya que impedía al consumidor beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés, ocasionando un desequilibrio entre las contraprestaciones de las partes.

El Juzgado de primera instancia desestimó la demanda interpuesta por el consumidor y dicho fallo fue confirmado por la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga (SP/AUTRJ/1237091): la desestimación de la demanda y del posterior recurso de apelación se sustentó en la existencia de un pacto novatorio en relación con el tipo mínimo.

El Tribunal Supremo, tras estimar el recurso de casación interpuesto por el consumidor, declaró la nulidad de la sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial y ordenó que se dictara una nueva sentencia sin tomar en consideración dicha novación ya que, desde las sentencias del año 2021, se determinó que la renuncia del consumidor no será válida a no ser que se acredite que la entidad financiera le ha informado debidamente sobre los efectos de dicha renuncia.

Entre tanto, se publicó y entró en vigor el Real Decreto-Ley 5/2023 (SP/LEG/40580), que reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/2012), en el sentido de permitir al Tribunal Supremo, en aquellos supuestos en los que haya doctrina jurisprudencial sobre la cuestión planteada, casar la resolución recurrida y devolver las actuaciones al tribunal de su procedencia para que dicte una nueva resolución conforme a aquella doctrina jurisprudencial, incluso si esta contraviene las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El uso turístico de las viviendas es una de las recientes preocupaciones de las Comunidades de propietarios, se ha considerado como una actividad molesta incluso antes de su desarrollo, y entiendo que, ante el temor de que esta se llegase a producir, pese a que la Ley de Propiedad Horizontal prevé medidas para poder accionar contra este tipo de conducta, como establece el art. 7.2 de la LPH (SP/LEG/1984), se procedió a la modificación de este texto legal.

Como es sabido, la fijación del salario regulador para el cálculo de la indemnización y de los salarios de tramitación en el supuesto de despido calificado judicialmente como improcedente, el salario aplicable debe ser fijado conforme a las siguientes reglas:

Introducción

El derecho del acusado a declarar en último lugar constituye un tema de indudable relevancia en el ámbito del proceso penal, no solo por su incidencia directa en la configuración del juicio oral, sino también por su profunda vinculación con los principios constitucionales fundamentales que informan el sistema procesal español. Entre estos principios, destacan la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías, consagrados en el artículo 24 de la Constitución Española. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero (SP/LEG/44145), ha introducido una reforma trascendental en el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (SP/LEG/2487), estableciendo de manera expresa la posibilidad de que el acusado declare en último lugar durante el juicio oral.