El blog jurídico de Sepín

Introducción

La responsabilidad civil derivada de infracción penal se regula en el Código Penal en el Título V del Libro I, Capítulos I, artículos 109 a 115 “De la responsabilidad civil y su extensión”, que trata de la reparación de los daños y perjuicios causados por la ejecución de uno o varios hechos constitutivos de delito (art. 109 CP).

Daniel Bustelo es uno de los estudiosos y profesionales de la mediación con más reconocimiento internacional, al que, además, debemos agradecerle varias aportaciones a este campo, como su particular enfoque de abordar el conflicto, su desarrollo conceptual del proceso de mediación y sus herramientas.

El artículo 4.2. d) del Estatuto de los Trabajadores, reconoce a los trabajadores el derecho "A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales" y el artículo 19.1. del mismo cuerpo legal dispone que "El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.".

Los errores médicos son inevitables en la asistencia sanitaria. Sin embargo, la reducción del gasto sanitario, la falta de personal y el colapso en Atención Primaria, entre otros factores, están agravando estos errores. Muchos de estos errores son el resultado de una negligencia médica. El número de negligencias médicas en España se ha disparado en los últimos años, pasando de los 10.509 casos registrados en 2020 a los 13.611 casos del año pasado, de los cuales 71 se relacionaron con la muerte de los pacientes. Por este motivo, no es de extrañar que cada vez más abogados tengan que enfrentarse a casos de negligencia médica o mala praxis.

La SAP Madrid, sección 11.ª del 28-2-2022 (SP/SENT/1172667) analiza el fraude del CEO y la responsabilidad del BBVA por realizar transferencias no autorizadas desde una cuenta corriente (cc) de UNÍSONO SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.A (UNISONO) a un banco de China, que lo solicitara una administrativa de la mercantil era algo tan absolutamente irregular, que el banco debió tomar inmediatas medidas para detectarlo; Pero no hizo nada. Se trata de un tipo de estafa por la que un empleado, recibe un correo, supuestamente de su jefe, CEO, presidente o director en el que le pide ayuda para realizar una operación financiera confidencial y urgente, normalmente transferencias o para acceder a datos bancarios.

En otro post anterior del Blog jurídico de Sepín hemos comentado las nuevas medidas para el año 2023 en los arrendamientos de vivienda consistentes en la limitación de la revisión de renta con el 2% del IGC (SP/DOCT/119028) y la posibilidad de solicitar la prórroga de seis meses en la duración del contrato (SP/DOCT/121598), sin embargo, son muchas las dudas que se están planteando sobre su aplicación cuando se produce la renovación del contrato por la tácita reconducción.

Este año está prevista la modificación del Reglamento General de Circulación (en adelante RGC), aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. Por ello, en este post se aclararán cuáles son las señales de prioridad y si va a existir alguna modificación.

Para empezar, debemos saber qué según el artículo 147 del RGC, las señales de prioridad son aquellas que están destinadas a poner en conocimiento de los usuarios de la vía reglas especiales de prioridad en las intersecciones o en los pasos estrechos.

I. Introducción

El delito de insolvencia punible es uno de los delitos menos frecuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de un delito próximo a los negocios jurídicos fallidos, o a cuestiones civiles y mercantiles de difícil tratamiento. De hecho, la problemática habitual de la insolvencia punible, es la dificultad probatoria que hace necesario como diremos, acreditar extremos del seno interno de las empresas o personas físicas profesionales, en unión a un dolo específico.

Entre los requisitos para solicitar la nacionalidad española está el de acreditar buena conducta cívica a través de los informes de antecedentes penales y policiales, entre otros, a tenor del art. 8 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre -SP/LEG/18705- y del art 7 de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre.- SP/LEG/20650-.

Aunque la pregunta puede parecer algo extravagante, está inspirada en la reciente sentencia del Tribunal Supremo 217/2023, de 13 de febrero (SP/SENT/1172594), que considera una vulneración de los derechos fundamentales las actuaciones de la Comunidad de propietarios que declaró como indispensable la práctica nudista para el acceso a los elementos comunes de la finca, sin justificación en los estatutos.