-1.png?width=300&height=300&name=Logo%20Redes%20Halloween%20(1)-1.png "Editorial Jurídica Sepin")
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente la violencia (SP/LEG/34154) introduce novedades en materia de violencia de género, estableciendo medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima respecto a la infancia y adolescencia y de una manera integral.
Ante la compra de un inmueble con deudas con la comunidad de propietarios; ¿Qué precio ha de considerarse como de adquisición a los efectos del IRPF? ¿Las deudas con la comunidad de propietarios son determinantes de un mayor valor fiscal del inmueble?
El objeto de este comentario se justifica con la reciente publicación de Sentencia del TJUE de fecha 03/06/2021, dictada en el asunto Tesco Stores, C-624/19[1], en la que se declara que “el artículo 157 TFUE[2] debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo en litigios entre particulares en los que se invoca la vulneración del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un «trabajo de igual valor», al que se refiere ese artículo”.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 en su disposición final novena autorizaba al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a disponer de 100.000.000 euros con cargo al Fondo de Contingencia para ser implementados con urgencia en los compromisos financieros adquiridos en el ejercicio 2020 para atender a las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, respetando la distribución acordada por la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, de forma que el compromiso financiero para los ejercicios 2018 a 2021, ambos incluidos, se elevó a 1.473.629.658 euros.
El 12 de noviembre de 2019, publiqué en el blog de sepin el POST“La AP Madrid limita la extensión de los recursos de apelación a 25 folios ¿está justificada?” en el cual me hacía eco del Acuerdo de la Junta Sectorial de Magistrados de las Secciones Civiles y de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial de Madrid, celebrado el 19 de septiembre de 2019 (SP/DOCT/83479).
Cuando alguien se pregunta quienes son los que peor lo pasan durante un divorcio, todo el mundo piensa en primer lugar en los cónyuges que han tenido que tomar esa decisión, que ahora ven como todas las ilusiones y los esfuerzos que pusieron en un acto con la intención de que fuera para toda la vida, de repente se caen como un castillo de naipes, y a la frustración de no poder salvar la relación se une el dolor, la pena y el varapalo emocional de romper esa unión. Pensamos que los niños o son muy pequeños para enterarse o son muy mayores y tienen capacidad de comprenderlo, sin embargo, son las mayores víctimas de la separación: su mundo, el hogar que hasta entonces habían conocido, se viene abajo sin que nadie, además, les pida opinión.
Cuando nos encontramos ante un inmueble que es copropiedad de varios titulares, uno de los aspectos que más dudas genera, es la forma en que deben llevarse a cabo las gestiones que puedan afectar al bien común.
El Covid-19 ha provocado la cancelación de miles de vuelos en todo el mundo. Empezamos a disponer de las primeras sentencias, dictadas, en su mayoría, por los Juzgados de lo Mercantil, sobre el reembolso de los billetes no disfrutados, que son de gran utilidad, puesto que nos muestran el camino de cómo proceder para defender los intereses de los consumidores y usuarios cuyos derechos se han visto afectados por la pandemia.
Sobre esta cuestión se acaba de pronunciar la Sala Tercera -sí, la de lo Contencioso-Administrativo- del Tribunal Supremo. El motivo de que haya sido esta jurisdicción la que haya fijado doctrina al respecto se debe a que la deuda que dio origen al litigio judicial -y que acabó dando lugar a la apreciación de interés casacional objetivo para la fijación de jurisprudencia- derivaba de un contrato público y la parte deudora la ocupaba el Servicio Extremeño de Salud (SES).
