El blog jurídico de Sepín

Los alquileres, tanto de viviendas como de locales de negocio, han sido uno de los sectores seriamente afectados por la crisis originada por COVID-19. Desde hace más de un año, por diversos medios de comunicación, asistimos a la terrible situación de muchos arrendatarios que no pueden hacer frente a la renta, lo que ha dado lugar a la aprobación de numerosas medidas extraordinarias contempladas en la normativa dictada desde entonces, con el fin de conseguir una reducción o aplazamiento en el pago.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil establece en la mayoría de los procesos la defensa técnica asistida de abogado y representación con procurador. La actuación del procurador encaja con lo que es el mandato representativo para lo cual se precisa del otorgamiento del correspondiente poder. Las facultades englobadas en los poderes se otorgan de tres formas tal y como se especifica en el artículo 24 de la LEC.

Sin duda, el destino de las propiedades es, precisamente en estos momentos de búsqueda de nuevas oportunidades, una de las cuestiones que más problemas está planteando en las Comunidades de propietarios, por eso, ha sido objeto de estudio en numerosas ocasiones en trabajos como; “Los locales en las Comunidades de Propietarios” (SP/DOCT/20336), “¿Puede negar la Comunidad el ejercicio de alguna actividad?” (SP/DOCT/93348), “La importancia de conocer los estatutos cuando adquiero una propiedad en una Comunidad de propietarios” (SP/DOCT/107077) o “¿A qué puede puedo destinar mi propiedad cuándo forma parte de una Comunidad de propietarios?” (SP/DOCT/108118), entendiendo que esta nueva opinión, consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2021 (SP/SENT/1089135) que permite al propietario de un local la instalación de una chimenea para el correcto desarrollo de la actividad a la que se destina, es un complemento de todas aquellas.

En esta época de pandemia mundial los gobiernos vienen adoptando medidas para que el tejido empresarial pueda coger oxígeno y mantenerse ante la caída de ingresos evitando así una crisis económica mayor que la que se atisba en el horizonte.

En los últimos días estamos siendo testigos de la exposición pública de un relato que a priori, y a falta de más datos parece compatible con un delito de violencia de género, lo que ha motivado que mucha gente se haya sentido interpelada a hablar y a ofrecer diferentes puntos de vista, unos porque están interesados en el personaje público, otros para mostrar la lacra que aún hoy en día supone la comisión de este tipo de delitos, incluso negacionistas de la existencia de esta infracción como tal, otros sobre los derechos que asisten a todos los ciudadanos de nuestro país, como la presunción de inocencia, otros sobre los efectos psicológicos y psiquiátricos de las víctimas de esta clase de conductas, otros sobre los efectos colaterales que producen situaciones como las que dice que ha vivido la protagonista en el deterioro de las relaciones familiares: hijos, hermanos, tíos… y hay quien también se ha preguntado si la mediación podría tener cabida en un proceso como el que se está desencadenando según se vaya desarrollando el relato, y entre conductores de programas, presentadores, contertulios, personas anónimas, Ministras, abogados, psicólogos, psiquiatras, Defensores del menor, representantes de asociaciones de víctimas de violencia machista también ha hablado una de las mediadoras más reconocidas de nuestro país: Ana Criado, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores, con una acertada intervención en uno de los programas de televisión que cosecha más audiencia.

Con motivo de la publicación del RD 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, se han reforzado los mecanismos para garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, ya recogidos a través de la  LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en particular mediante la eliminación de toda discriminación, directa e indirecta en el caso de las mujeres, en materia retributiva, dando un plazo considerable a las empresas para adaptarse a las condiciones establecidas.

Por desgracia conocemos casos de trabajadores/as que a fecha de estas líneas aún no han percibido la prestación por un ERTE en el que se han visto inmersos durante el 2.020 y que incluso se ha extendido durante el 2.021. A la preocupación del día a día, de la falta de concretas respuestas del SEPE de las razones por las que no se cobra la prestación, a partir del próximo 7 de abril se le une la incertidumbre de si procede declarar en Renta por unas cantidades que no se han percibido y, no menos importante en caso afirmativo, cómo declararlas.

Hace casi 5 años tuve ocasión de escribir en este mismo espacio sobre la entrada en vigor que sólo unos días antes se había producido de la que, probablemente, sea la norma más importante en el ámbito del Derecho Administrativo; me refiero, claro está, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) – SP/LEG/18504-. Titulé el post en aquella ocasión bajo un ilustrativo enunciado: “El nuevo procedimiento administrativo común quiere entrar en el Siglo XXI”.

Es práctica habitual que cuando un comprador y un vendedor se ponen de acuerdo en la compraventa de un inmueble firmen un contrato de arras en el que se comprometen a llevar a cabo la compraventa, entregando el comprador como prueba o como garantía del cumplimiento del contrato una cantidad económica.

Cuando nos encontramos ante un inmueble que pertenece en proindiviso a varias personas, tanto si estamos ante una comunidad hereditaria como si se trata de una comunidad de bienes, y uno de los titulares lo viene utilizando de forma exclusiva sin autorización del resto, surge la duda, sobre si es adecuado o no, el acudir a la acción de desahucio por precario frente al que se está beneficiando del uso del bien común.