El blog jurídico de Sepín

Nos hacemos eco de la noticia aparecida estos días en los medios de comunicación en relación al informe que el CGPJ ha encargado a un grupo de siete magistrados en relación al marco jurídico que ordena en nuestro país las ejecuciones hipotecarias.

En el mismo, se realiza un análisis crítico de la situación actual, acusando a las entidades bancarias de mala praxis ante la ligereza en la concesión de los créditos hipotecarios sin valorar las posibilidades reales del deudor e indicando el aumento espectacular del número de ejecuciones hipotecarias en los últimos cuatro años, gracias en gran medida al procedimiento privilegiado del que goza la banca para el cobro de los créditos hipotecarios.

Aplicando la Ley de Propiedad Horizontal, están claras las funciones de este comunero que pasa a ser, simplemente, el representante de la Comunidad, por lo que no tiene que suponer una excesiva carga de trabajo, siempre y cuando un verdadero profesional de la administración de fincas controle y asuma la gestión.

El art. 13.2 de la citada LPH establece que el Presidente será nombrado entre todos los comuneros, incluidos los morosos, es decir, no se puede excluir del cargo a un comunero porque tenga deudas con la Comunidad, como señala la Sentencia de la AP Madrid, Sección 18.ª, de 29 de noviembre de 2011,  sin que tampoco pueda hacerse por ninguna otra causa, pues, si así fuera, se podría impugnar el acuerdo, a tenor de lo dispuesto en el art. 18, con todas las posibilidades de éxito.

No cabe duda de que la designación ha de ser siempre de un propietario, pero, igualmente, si por cualquier circunstancia se nombrará a un tercero,

Alberto Torres López

Director Jurídico de Sepín. Abogado

La crisis económica en la que nos hallamos inmersos está implicando un incremento exponencial de los casos en los que el arrendatario decide resolver unilateralmente, antes del vencimiento del plazo estipulado, el contrato de arrendamiento. El motivo puede ser, no solo la imposibilidad de hacer frente a la renta pactada o la propia inviabilidad del negocio, sino el simple conocimiento de que la renta que está pagando se halla por encima de la de mercado, por lo que, fracasado el intento de reducir aquella, encuentra otra vivienda o local de similares características con una renta muy inferior a la que está pagando.

Como bien sabemos, el art. 1.124 del Código Civil otorga al perjudicado la facultad de escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, debiendo acudir para esta indemnización a las reglas generales contenidas en los arts. 1.106 y 1.107 del mismo texto legal.

Los días 19 y 20 de Octubre se celebró en el Palacio de Cibeles el III Congreso Nacional del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad. En un marco incomparable y dividido en cuatro salas diferentes (donde cabe destacar la mala acústica de la galería de cristal, del mismo nivel que la belleza del lugar), se desarrolló una serie de foros, talleres y mesas redondas, donde se realizó un análisis profundo de la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías por los ciudadanos y, en especial, por aquellos que sufren cualquier tipo de discapacidad.

Después de asistir a este interesante Congreso, he llegado a una serie de consideraciones globales:

Por el contrario, la acción de reclamación de responsabilidad de los administradores sí tiene su fundamento en la legislación societaria, está expresamente contemplada en la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital.  Así, en virtud de lo dispuesto en el apdo. 1, regla 6.ª, la competencia para declarar la responsabilidad de los administradores se atribuía a los Juzgados de lo Mercantil (art. 86 ter LOPJ).

Rápidamente queda planteada la cuestión siguiente: ¿puede acumularse la reclamación de cantidad contra la sociedad e igualmente la responsabilidad de los administradores?, y, si la respuesta es afirmativa, ¿es competente el Juzgado de lo Mercantil o el de 1.ª Instancia?

El Libro II del Código Civil de Cataluña da cobertura legal a lo que ya es una nueva forma de familia: las familias reconstituidas, surgidas de la unión de los progenitores con una nueva pareja o un nuevo cónyuge, no solo tras el fallecimiento del primero como parecía ser en la mayoría de los casos, sino por la ruptura de la relación anterior.

El Preámbulo de la Ley 25/2010 justifica esta novedad en la regulación siguiendo la línea de otros ordenamientos europeos, recordando que la única forma de que el nuevo cónyuge o pareja del progenitor pudiera participar de la vida de los hijos de su pareja era la adopción, lo que además no siempre era posible.

El art. 231-1 atiende a la heterogeneidad de la familia y reconoce como miembros de la misma a los hijos de cada progenitor que convivan juntos e incluye, dentro de los gastos familiares, los alimentos de estos hijos no comunes; eso sí, sin que el progenitor no custodio pueda quedar eximido o disminuido en la obligación de pago de los alimentos de los hijos que conviven en esa nueva familia que se ha originado (AP Lleida, Sección 2.ª, de 31 de mayo de 2012, y AP Girona, Sección 1.ª, de 7 de junio de 2012).

La regulación, podríamos decir, más relevante del Libro II del CCCat., la encontramos en los arts. 236-14 y 236-15, ambos dentro de la sección ejercicio de la potestad parental.

En caso de que hayamos bebido y estemos al volante de un vehículo, ¿cómo hay que actuar ante un control de alcoholemia o de drogas de la Policía o de la Guardia Civil? ¿Y si nos negamos a someternos a esa prueba? ¿Qué sucede si, practicada la primera prueba, nos negamos a realizar la segunda? ¿Estas conductas tienen consecuencias penales? ¿Es compatible una posible condena por esa negativa con otra por el delito de conducción bajo la influencia de alcohol o drogas? Estas y otras preguntas nos las formulan muchas veces nuestros clientes en nuestros despachos. Sus respuestas hoy por hoy aparecen con mayor o menor claridad en la propia ley y en la interpretación que nuestros Tribunales han venido dando a la misma.

El pasado sábado 6 de octubre de 2012, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1333/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula el Seguro de Responsabilidad Civil y la Garantía Equivalente de los Administradores Concursales. Mediante esta norma se desarrolla el seguro recogido como obligatorio en el art. 29 de la reformada Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

La sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de 10 de septiembre de 2012 consagra la prioridad del convenio de empresa frente al del sector en determinadas materias, conforme establece el art. 84.2 del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral llevada a cabo en febrero por el Real Decreto-Ley 3/2012.

Cuando aún es muy reciente la última y amplia reforma del Código Penal (Ley Orgánica 5/2010, de 23 de diciembre), el actual Gobierno anuncia una nueva y también extensa modificación del CP, más la paralela, consecuente e igualmente profunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la que sin duda nos ocuparemos en futuras entradas.

Los cambios en el texto punitivo, como siempre, se nos anuncian como una respuesta a las nuevas formas de delincuencia y a la necesidad de corregir algunas deficiencias detectadas en la aplicación de ciertos tipos penales, así como a la homologación de nuestro ordenamiento con la normativa de la Unión Europea. Algunas de esas reformas obedecen