El blog jurídico de Sepín

En esta ocasión tenemos que hacernos eco de una serie de importantes sentencias que cada vez van siendo más numerosas y que estiman las reclamaciones de cantidad por el cargo de comisiones bancarias basadas en reclamaciones de posiciones deudoras.

Otra vez son los usuarios quienes las han promovido y quienes se quejan de una práctica bancaria que únicamente pretende conseguir, de un modo, no precisamente claro ni lícito, mayores contraprestaciones de sus clientes. Y esta tendencia es alcista, pues al existir cada vez menos ahorradores y menos suscriptores de contratos bancarios, las entidades intentan conseguir mayores rendimientos de su cartera de clientes.

Lo que nos planteamos ahora, a la vista de la entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales, es si esa corriente claramente beneficiosa y justa para el usuario se verá interrumpida por el elevado precio actual de la justicia.

Las resoluciones del Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo constituyen una excelente orientación para los profesionales del Derecho, ya que, a pesar de no tener inicialmente carácter vinculante, se han dictado tras la celebración de plenos jurisdiccionales que abordan cuestiones de especial importancia respecto de las que se establece una doctrina autorizada que es de aplicación en los órganos jurisdiccionales inferiores. Por ello y dada su repercusión en los procedimientos judiciales, he realizado una recopilación de su doctrina de los dos últimos años sobre la responsabilidad civil y los seguros, como instrumento de ayuda para el éxito de las demandas.

En orden cronológico,

A partir del lunes 21 de enero entran en funcionamiento las nuevas pruebas para la obtención del permiso de conducir, tanto para el examen teórico como para el práctico. La Disposición Final 1.ª de la Orden INT/1407/2012, de 25 de junio, modificó el Anexo I del Reglamento General de Conductores (RD 818/2009, de 8 de mayo), e incorporó al Derecho español la Directiva 2011/94/UE, de 28 de noviembre de 2011, que a su vez vino a modificar la 2006/126/CE, de 20 de diciembre de 2006, sobre el Permiso de Conducción. Su entrada en vigor tiene lugar el 19 de enero, pero al tratarse de un sábado en que no se realizan exámenes, su efectivo funcionamiento se producirá a partir del lunes siguiente, día 21 de enero. Esta adecuación a la normativa europea busca, además de su adaptación, mejorar la calidad de los exámenes, avance que a su vez debe repercutir necesariamente en la formación de los aspirantes a obtener el carné de conducir.

El Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 que está preparando el Ministerio de Fomento plantea ayudas destinadas al fomento del alquiler en función del importe de la renta y de los ingresos percibidos por la unidad familiar.

Debemos tener en cuenta que esta medida está contemplada en el borrador del Plan, por lo que no será efectiva hasta que no sea aprobada y por tanto puede sufrir modificaciones. Desde luego, sería deseable que realmente se mejore el mercado del alquiler tan abandonado en nuestro país.

 ¿Cuáles son los requisitos del solicitante o de la unidad familiar?

Respecto de la calificación del despido colectivo se prevén tres posibilidades:

 – Se declarará ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.

 – La sentencia declarará no ajustada a Derecho la decisión extintiva cuando el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva.

 – La sentencia declarará nula la decisión extintiva cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. En este supuesto la sentencia declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 123 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

Ministro de Hacienda, Sr. Cristóbal Montoro, con total claridad, anunció recientemente que el Gobierno, entre las facultades legislativas que tiene encomendadas, pretende crear y publicar un listado de los principales defraudadores y morosos con el Erario Público, encontrándose actualmente esta medida en fase de estudio y que, evidentemente, en el caso de su adopción requerirá adaptar la normativa vigente tributaria.

La problemática que dicha medida puede conllevar resulta evidente, ¿se tratará de una sanción?, ¿quién adquiere la consideración de sujeto defraudador? y; ¿cómo  se procederán a publicar sus datos?.

Lamentablemente a veces las Reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 no son todo lo precisas que sería deseable y algunos de los problemas detectados desde que entró en vigor, ya el lejano 8 de enero de 2001, siguen existiendo pese a las modificaciones que para solventarlos se han efectuado. Modificaciones que, me atrevo a decir, muchas veces no han tenido el éxito pretendido.

Sin duda uno de estos problemas desde que entró en vigor la LEC fue la aportación del dictamen pericial en la vista del verbal.

Conscientes de ello, SEPIN  lo planteó en la Encuesta Jurídica que se publicó en nuestra Revista sepinNET enjuiciamiento civil núm. 37, de enero de 2004. En la misma, la comprensión de la Ley ya dio lugar a respuestas diversas: en primer lugar, la postura mayoritaria entendió que la aportación de un dictamen pericial por el demandado debía hacerse en la propia vista. No obstante, algunos autores señalaron que era necesario hacerlo con cinco días de antelación, tratando de evitar indefensiones para la parte actora y la igualdad de medios de ataque y defensa.

El Tribunal Supremo, en su sentencia del 7 de noviembre de 2012, ha estimado un recurso del Ayuntamiento de Madrid y declara válidos los artículos 76 y 78.3 de la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos de 2009, que faculta a inspectores municipales a examinar el contenido de las bolsas de basura y contenedores de residuos, y establece sanciones para las Comunidades de propietarios que incumplan la normativa sobre reciclaje y separación de basura.

Esto ha generado polémica, ya que la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo decidió corregir la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de junio de 2010, que anuló los dos preceptos al entender que no eran conformes al ordenamiento jurídico.

La Ordenanza contempla multas de hasta 750 euros a quienes reciclen mal su basura, pero, ¿cómo identificar al vecino infractor y aplicarle la sanción? Si en la inspección de la bolsa de basura no se encuentra documento o signo identificativo del depositario de los residuos, la multa entonces recae en la Comunidad.

Entendemos por reconocimiento de deuda el negocio unilateral por el que una persona declara o reconoce la existencia de una deuda previamente constituida a favor de otra, acreedor, naciendo a favor de este una acción para hacer efectivo, frente al deudor, su derecho al cobro de la deuda reconocida.

Actualmente, aunque no tiene una regulación expresa en el Código Civil, lo cierto es que

Cuando un extranjero que cobraba la prestación de desempleo salía fuera del territorio español sin comunicarlo, generaba automáticamente la suspensión o pérdida temporal («baja») de la prestación de desempleo que corresponde a los días de estancia en el extranjero no comunicada: si el incumplimiento había sido total, todos los días de estancia no comunicada; o si el incumplimiento se refería una vuelta tardía, el exceso de días de estancia no comunicada, o no debidamente justificada. Esta solución tenía su apoyo legal en el art. 213. g)  de la Ley General de la Seguridad Social  que establece como causa de extinción de la protección por desempleo