Las medidas cautelares, reguladas en los art. 721 y ss LEC, tienen como finalidad el asegurar la efectividad de la tutela judicial que pueda otorgarse cuando se dicte una sentencia estimatoria de la demanda, siendo necesario que se haga a petición del actor, ya sea principal o reconvencional, sin que puedan ser acordadas de oficio por el tribunal.
El uso compartido de las vías urbanas, por motocicletas, automóviles, bicicletas, patinetes y otros tipos de vehículos, ha llevado a la necesidad de categorizarlos y establecer en qué condiciones pueden circular. La Dirección General de Tráfico se hizo eco de esta necesidad publicando varias instrucciones internas desde hace algunos años, siendo la mas actual, la Instrucción del 2019 sobre aclaraciones técnicas y criterios para la formulación de denuncias de vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos (Instrucción 2019/S-149 TV-108). Pero no es hasta el BOE del 11 de noviembre de 2020, que se realizan las pertinentes modificaciones del Reglamento General de Circulación, y Reglamento General de Vehículos para incluirlos en la normativa estatal. En la presente publicación se intenta aclarar su regulación, sobre todo en la materia de bicicletas eléctricas, dada la variedad de modelos de los que dispone el mercado.
El pasado 12 de noviembre el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, cuyo principal objetivo es complementar el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (eIDAS).
Tengo la suerte, y puedo vanagloriarme por ello, de haber podido conocer en mi carrera profesional a grandísimos Jueces y Magistrados que, lejos de hacer gala de cualquier tipo de aire de superioridad, que podría ser propio de su alta posición en el escalafón de la Administración de Justicia, comparten con absoluta naturalidad, sencillez y proximidad sus profusos y expertos conocimientos con los lectores de la Editorial Jurídica Sepín, a través de sus siempre prácticas colaboraciones, ya sea en artículos sobre temas de interés, en nuestras Encuestas Jurídicas o incluso ofreciéndose para ponerse a disposición de nuestros suscriptores a través de charlas, cursos, webinars, etc.
Las últimas resoluciones de la DGRN han podido generar algunas dudas, ¿por qué se deniega la inscripción de un acuerdo que parecía estar avalado por la LPH, en concreto, por la regla 12 del art 17?
Hace unos días el Ministerio del Interior informó acerca de la aprobación de un protocolo para denunciar “on line” delitos leves de hurto perpetrados en establecimientos comerciales, que me ha parecido muy interesante y al que creo que no se le ha dado suficiente difusión.
Mi nombre es Mónica. Soy la directora de Marketing de Sepín y hoy, por primera vez en este blog jurídico, no vengo a hablar de temas legales, normativas ni Reales Decretos. Hoy vengo a hablar de Humanidad. Todos somos conscientes de la terrible época que estamos viviendo para muchísimas familias españolas. Más allá de la implacable enfermedad, miles de familias se han quedado sin trabajo, sin medios para subsistir. Familias que jamás pensaron encontrarse en esta situación, hoy se ven obligadas a pedir ayuda a familiares, amigos, parroquias y bancos de alimentos.
José Fco. Santiago Hidalgo
La facilidad de poder recabar ayuda urgente en un momento determinado, mantener la intimidad, la seguridad, la facilidad de acceso a todos los servicios sin necesidad de vehículo privado son algunas de las ventajas que aporta la residencia en una comunidad de vecinos. Ventajas que no parecen tantas cuando se coincide con algún vecino de comportamiento un tanto irrespetuoso que acaba haciendo insoportable la estancia en nuestro hogar.
Jaime Font de Mora Rullán y Victoria Climent Esteve
