El blog jurídico de Sepín

Las consecuencias de esta ruptura del anonimato, cuya exigencia parece darse por hecho en todo proceso selectivo, pese a no estar indicado en las bases de la convocatoria, es la interesantísima y curiosa cuestión a la que acaba de enfrentarse la Sala de lo Contencioso-Administrativo en su labor de fijar doctrina y que ha resuelto en su Sentencia 582/2025, de 19 de mayo (SP/SENT/1257724).

La entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, el pasado 3 de abril de 2025, con claras restricciones a la actividad de las viviendas turísticas en las Comunidades de propietarios ("Se prohíbe el uso de viviendas turísticas en las Comunidades de propietarios: la reforma de la LPH"), ha dado lugar a que muchos propietarios comiencen a plantearse el cambio en el tipo de alquiler y opten por el arrendamiento de temporada.  

Es regla general, en el régimen de Propiedad Horizontal, que todas las cuestiones comunitarias requieren un acuerdo previo adoptado en Junta.

Además, dependiendo del supuesto, dicho acuerdo deberá adoptarse con un determinado quorum, que en algunos casos solo tendrá en cuenta el voto de los presentes en la Junta, mientras que, en otros, será obligatorio computar también los votos de los ausentes.

Introducción

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia LOMESPJ (SP/LEG/44145) ha supuesto una importante Reforma Procesal civil, contenida en el Título II, Capítulo II, art. 22, afectando a 82 preceptos de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (SP/LEG/2012).

Analizamos la tributación en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de la operación por la que un local comercial se modifica a vivienda y la posibilidad de mantener criterios discordantes en su declaración.

Con la llegada del buen tiempo, no solo las carreteras y ciudades, también la sierra y diferentes espacios naturales, como la casa de campo, y otros, se llenan de entusiastas de las bicis que realizan rutas diversas. Pero es general el desconocimiento de las normas que regulan la circulación de estos ciclos por estas zonas, pues no pueden considerarse como parques y jardines públicos urbanos o como carreteras, calzadas o carril bici. Y es por ello, que en ests post se presenta la regulación a tener en cuenta para una convivencia adecuada entre naturaleza y deporte.

Ya hemos hablado en posts anteriores (Gastos hipotecarios: el TS establece que el inicio del cómputo de prescripción es desde la sentencia firme que declara la nulidad de la cláusula-TJUE: la acción restitutoria de los gastos hipotecarios comienza desde la sentencia que declara la nulidad de la cláusula) sobre el plazo de prescripción para la reclamación de los gastos hipotecarios tras la Sentencia TJUE 25 de abril de 2024, asunto C 561/21(SP/SENT/1218384), Sentencia TJUE 25 de abril de 2024, asunto C 484/21 (SP/SENT/1218383) y la STS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 857/2024, de 14 junio (SP/SENT/1223942), que determinaron que, como norma general, el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de reclamación de devolución de los gastos hipotecarios comienza a contar desde que, la sentencia que declara la nulidad de la cláusula, adquiere firmeza, a no ser que, la entidad prestamista, consiga demostrar que el prestatario pudo conocer con anterioridad que, la concreta cláusula sobre gastos incorporada en su préstamo hipotecario, era abusiva.

Los tipos de obligaciones, mancomunadas y solidarias, se encuentran reguladas en los arts. 1137 y ss. del Código Civil (SP/LEG/2311). Aunque el Código solo contempla un tipo de solidaridad, la jurisprudencia ha creado las obligaciones in solidum o impropias para dar respuesta a determinados supuestos de responsabilidad extracontractual.

Tras varios años al frente de este blog de Propiedad Horizontal, son muchos los temas tratados, por eso, cuando mensualmente vuelvo a escribir, siempre lo reviso, para no repetirme, pues, aunque nunca sería igual, siempre trato de buscar sentencias recientes, y en esta materia la casuística permite nuevos comentarios, considero que, en la medida de lo posible, es más interesante abordar nuevos temas.

La medida de limitación o contención de rentas a nivel estatal fue introducida por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que regula aspectos esenciales del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. La disposición final primera de la citada Ley reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, y añadió los apartados 6 y 7 al artículo 17, con el fin de establecer un régimen de limitación de rentas en las zonas de mercado residencial tensionado, que debían ser declaradas por cada Comunidad Autónoma, y que deberían regirse por el sistema de índice de precios de referencia. A estos efectos, el Ministerio de Vivienda y Agenda urbana (MIVAU), con fecha 27 de febrero de 2024 presentó el Índice de Precios de Referencia, que opera de manera estatal y sirve para cualquier Comunidad Autónoma. La herramienta para obtener el rango de valores de referencia de precios de alquiler de vivienda: Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda se encuentra habilitada en https://serpavi.mivau.gob.es/. La Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana aprobó el sistema estatal de índices de precios de referencia a efectos del artículo 17.7 de la LAU.