El blog jurídico de Sepín

Hoy, 13 de mayo de 2014, hemos conocido la esperada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso “Google vs AEPD” y el derecho al olvido.

Esta resolución responde a las cuestiones prejudiciales que la Audiencia Nacional planteó ante este órgano en el caso instado contra Google por un ciudadano español, el cual solicitó que al introducir su nombre y apellidos en la página no apareciesen los resultados relativos a una subasta de inmuebles que había sido resuelta 10 años antes y aparecía en una noticia periodística.

El pasado sábado se publicó la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa.

En términos generales, las principales novedades que presenta esta Ley son las siguientes:

Aunque no se conozca de común, todo arrendamiento de un inmueble que se encuentre exento de tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido y cuyo destino principal sea el de vivienda, habrá de ser objeto de tributación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Así queda preceptuado en el art. 7.1 b) del RDLeg. 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que indica que “Son transmisiones patrimoniales sujetas (…) B) La constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones en puertos y en aeropuertos”.

En estos días, muchos ciudadanos están recibiendo en sus domicilios notificaciones en virtud de las cuales se les comunica que han sido designados como miembros de una Mesa Electoral, ya sea para ocupar el cargo de Presidente de la misma o el de vocales (titulares o suplentes), de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo.

Para determinar en un contrato de arrendamiento quién es el responsable de pagar los importes de impuestos que el inmueble arrendado lleva consigo, tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (antiguamente llamado «Contribución Urbana»), o bien las tasas de basuras o las de alcantarillado, entre otros, habrá que estar en primer lugar a la fecha del contrato, pues, dependiendo de esta, el régimen jurídico aplicable será distinto. No todos los impuestos son repercutibles.

El hecho de encargar a un taller mecánico la reparación de nuestro coche constituye un contrato de arrendamiento de obra en virtud del cual el taller se compromete a un determinado resultado (la reparación del vehículo), para lo cual es necesario la entrega del automóvil.

No es uniforme el criterio que las Audiencias Provinciales mantienen sobre si la estadía del vehículo en el taller mientras el propietario decide si lleva a cabo o no la reparación constituye o no un contrato de depósito, siendo numerosas las reclamaciones judiciales de los gastos producidos como consecuencia de dicha estancia.

Esta es la cuestión prejudicial que ha planteado recientemente la Sala 3ª del TS ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Para entender la disyuntiva que se plantea dicha Sala, es necesario partir de la base de que el solicitante fue condenado a una pena de 9 meses de prisión por delito de violencia doméstica y lesiones, que posteriormente le fue concedida la suspensión provisional de la misma y que, al momento de la solicitud, tenía pendiente de resolver una solicitud de cancelación de antecedentes penales.

Además de la existencia de esos antecedentes penales, también es indispensable conocer

Cuando se pretende  inscribir una hipoteca que grava una vivienda, uno de los requisitos exigidos tras la modificación del artículo 21 LH por la Ley 1/2013, es la necesidad de hacer constar si la vivienda que se pretende hipotecar tiene el carácter o no de habitual, ya sea del deudor o del hipotecante no deudor.

En la sociedad actual son cada vez más frecuentes los cambios de residencia en busca de nuevas oportunidades de trabajo y de mejora de las condiciones de vida. Si estas situaciones son de por sí complicadas, cuando suponen también el traslado de menores junto con el progenitor que ostenta su custodia, el conflicto está asegurado.

Los informativos y periódicos están dando especial cobertura estos días a un juicio al que se ha querido elevar a la categoría de mediático porque lo que se enjuicia es la decisión de un Juez de Instrucción que ordenó la prisión de un conocido banquero. Esta decisión fue muy aplaudida en su día por buena parte de la llamada “opinión pública”, pero fue revocada por la Audiencia Provincial tras el correspondiente recurso por haber sido adoptada de una forma “irregular”. En el juicio que hoy nos ocupa lo que se está examinando exclusivamente es si esa decisión del Juez fue ordenada por el mismo mediante una conducta incardinable en el Código Penal, o por el contrario, si la “irregularidad” de esa decisión