Este mes se ha celebrado la segunda edición del Congreso de Nacionalidad Española. Tal como ocurrió el año pasado, de los temas propuestos, uno de los que más interés suscitó entre los participantes fue el de las dispensas de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (prueba CCSE) y del título acreditativo del grado de competencia y dominio del idioma español (DELE).
Este servicio común, que suele estar sin uso durante el resto del año, comienza su puesta a punto para, normalmente, en el mes de junio, abrir sus puertas para el disfrute de los vecinos. Pero, ¿quién puede acceder a la piscina? ¿Podrá la Comunidad prohibir el acceso a determinados propietarios o a los arrendatarios? ¿Existe la posibilidad de sancionar a los morosos limitando el uso de este elemento común?
La “imputación objetiva” es un término muy utilizado en las resoluciones sobre acciones resarcitorias y es frecuentemente asociado a la objetivación de la responsabilidad, e, incluso, en algunas ocasiones, equiparado a la “responsabilidad objetiva”. Por ello, en el presente post se trata de aclarar su concepto y extensión. Así, hay que comenzar situando su uso inicial en el ámbito penal, para, luego, pasar a la vía civil y al ámbito de la responsabilidad extracontractual.
Es frecuente que, en un contrato de compraventa de un bien inmueble, las partes establezcan una cláusula penal para el supuesto de que alguna de ellas incumpla las obligaciones derivadas del negocio jurídico.
Son muchas las comunicaciones, en diversos formatos, que estamos recibiendo en los días previos a la entrada en vigor o, quizá sería mejor decir, a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que se hace efectiva hoy, 25 de mayo de 2018. En ellas, nos solicitan nuestro consentimiento para tratamientos actuales de nuestros datos que llevan a cabo los remitentes, bajo la advertencia de que, si no otorgamos el mismo, dejaremos de recibir esas comunicaciones, lo que, abro paréntesis, en caso de materializarse esa cesación de recepciones, sería un alivio, y nuestra bandeja de entrada lo agradecería eternamente.
En estos tiempos de serias turbulencias políticas, nuestro legislador se encuentra aletargado o atado de pies y manos. El partido en el Gobierno no cuenta con las mayorías necesarias y en consecuencia hasta ahora no ha podido abordar con decisión las normas y reformas de calado. Y como se acaba de ver, ha tenido problemas hasta para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Cada vez son más las resoluciones judiciales que hacen referencia a la mediación como método extrajudicial de conflictos, bien sea por sus beneficios o por imposición legal, sobre este último caso, nos gustaría reseñar el Auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de marzo de 2018 y que ya puede encontrar analizado en nuestra página web con referencia SP/AUTRJ/952040, y el Auto dictado por el mismo órgano, aunque diferente sección, de fecha 19 de mayo de 2017, cuya referencia es SP/AUTRJ/951127.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo nº 372/2018, de fecha 05/04/2018, recaída en el Recurso nº 3123/2016, en cuya parte dispositiva se desestima el RCUD interpuesto por la mercantil AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.A., contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) con fecha 19/05/2016, en el Recurso de Suplicación nº 1396/2015, interpuesto frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 (refuerzo bis) de los de Sevilla, en los Autos nº 658/2013, que declaraba la nulidad de la extinción por causas objetivas comunicada a la trabajadora con fecha 02/05/2013.
El Tribunal Supremo, en las Sentencias, Sala Primera, de lo Civil, de 4 de abril de 2018 (SP/SENT/947370) y de 20 de diciembre de 2017 (SP/SENT/930939), ha introducido un matiz importante que completa la doctrina fijada anteriormente sobre la retroactividad de los alimentos, en este caso, en las modificaciones de medidas.
