Hay que partir de la distinción entre plazos procesales y sustantivos reconocida por constante jurisprudencia e, incluso dentro de estos últimos, entre lo que son plazos de caducidad y de prescripción.
De todos es conocido que “el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento”, por lo que, está claro que, con independencia de lo que establezca el Título Constitutivo o los Estatutos, a los propietarios, comuneros, les serán aplicables la normas de la Ley de Propiedad Horizontal y cualquier otra ley imperativa, pero, ¿qué sucede con los citados Estatutos?
La recién aprobada Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la Ocupación Ilegal de Viviendas (SP/LEG/24248), con entrada en vigor el 2 de julio de 2018, ha previsto en su Disposición Final Primera que se modifique de nuevo la Disposición Final Décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (SP/LEG/7796). Se amplía así la vacatio legis de la norma y se prorroga una vez más su entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2020, en esta ocasión, por dos años más.
El día 12 de junio de 2018, el BOE publicó la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la Ocupación Ilegal de Viviendas. No obstante, habrá que esperar todavía 20 días para que entre en vigor, conforme a lo dispuesto en su Disposición Final Segunda.
La Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (SP/LEG/3870), publicada en el BOE de 16 de junio, y curiosamente una de las tres primeras firmadas por el nuevo Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, modifica también la Ley de Contrato de Seguro 50/1980 (SP/LEG/2685).
El pasado viernes día 8 de junio, el CGPJ publicó unas interesantes estadísticas respecto del número de asuntos resueltos por los Juzgados Especializados en cláusulas abusivas. Estos datos arrojan importantes cifras a tener en cuenta.
Desde el pasado 25 de mayo de 2018 es de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de origen comunitario. A dicha normativa se deben añadir la todavía no derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El 4 de junio de este año 2018 se cumplen cinco años desde la última gran reforma de la LAU 29/1994 por la Ley 4/2013, aplicable a todos los contratos posteriores al 6 de junio de 2013.
Durante el último mes ha habido diversas novedades jurídicas en España que hemos analizado en este blog, entre las que destaca el comienzo de la aplicación del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Aquí reunimos nuestras entradas más destacadas de los últimos 31 días:
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