En esta ocasión, nos vamos a ocupar de la llamada donación encubierta de un bien inmueble, supuesto que se produce cuando nos encontramos ante un contrato de compraventa en el que, de manera aparente, se dan todos los requisitos exigidos para su validez, pero siendo la verdadera intención de las partes, realizar una donación del bien inmueble, que es el negocio realmente querido y simulado.
En Sepín fuimos pioneros en constatar la increíble contradicción existente entre el art. 267.9 LOPJ (modificado por la LO 1/2009) y el nuevo art. 215.5 LEC (modificado por la Ley 13/2009), máxime cuando ambas reformas son de la misma fecha.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de marzo de 2018 (Asunto Stern Taulats y Roura Capellera contra España) (SP/SENT/947320), cuya traducción al español se ha hecho pública recientemente, determina que el acto de la quema de una fotografía de nuestros monarcas (hoy eméritos) se enmarca en el campo de la crítica política a las instituciones de la monarquía, y por lo tanto, su condena penal por los Tribunales españoles vulnera la libertad de expresión.
En primer lugar, tenemos que preguntarnos ¿son verdaderamente autónomos los vehículos autónomos? La respuesta parece que depende de que se trate de un video publicitario, o se pregunte tras un accidente. Y es que, en función de una u otra respuesta se podrá atribuir la responsabilidad de los daños que produzcan estos vehículos.
El objeto de este post se justifica con la reciente publicación de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de marzo de 2018 en relación con la eficacia jurídica del Código Ético y de Conducta de la Banca March, dictada en un contexto en el que las empresas están concienciadas sobre la importancia de contar con una política de cumplimiento normativo, tras la reciente reforma del Código Penal.
El pasado sábado 14 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, dicha modificación tiene por objeto trasponer al ordenamiento las Directivas 2014/26/UE y la 2017/1564.
La duración de un contrato es condición esencial del mismo y son muchos los matices a tener en cuenta en el arrendamiento de vivienda: ¿Cuál es el plazo mínimo?, ¿Procede su prórroga y por cuánto tiempo? ¿En caso de que el arrendatario no quiera renovar, cuándo debe comunicarlo? ¿Puede el arrendador, en caso de necesidad de la vivienda arrendada, resolver el contrato?
Dispone el art. 448.2 LEC que “Los plazos para recurrir se contarán desde el día siguiente al de la notificación de la resolución que se recurra, o, en su caso, a la notificación de su aclaración o de la denegación de esta”.
La complejidad del procedimiento concursal y las continuas modificaciones que ha sufrido la ley que lo regula, Ley 22/2003, han generado toda una serie de dudas y de incertidumbres que es preciso afrontar. Por ello es fundamental la labor del Tribunal Supremo a la hora de definir la interpretación, el concepto y las normas de aplicación de los principales institutos concursales. Es en materia de procesos de insolvencia cuando este papel del Tribunal se hace más necesario.
En los últimos días todo el mundo ha analizado el incidente acaecido tras la Misa de Pascua de 2018, debido al comportamiento de nuestras actuales reinas.
