El blog jurídico de Sepín

Introducción

El 3 de enero de este año se publicó en el BOE la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia (SP/LEG/44145), que viene, entre otras mejoras, a cambiar el modelo de órganos unipersonales creado con la Ley Orgánica del Poder Judicial (SP/LEG/2015) por un modelo de órganos colegiados —los Tribunales de Instancia—, que da una respuesta más acorde al modelo social actual, a crear y constituir las Oficinas de Justicia en los municipios, dotadas de medios tecnológicos, y a crear una justicia más participativa introduciendo mecanismos que reduzcan la judicialización de los asuntos —los MASC—.

Este ensayo examina la naturaleza administrativa de la emisión del certificado sucesorio europeo, con base en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de enero de 2025, dictada en el asunto C-187/23. Se analiza la prohibición de expedir el certificado en presencia de objeciones, la calificación de la autoridad emisora como no jurisdiccional y las implicaciones para la seguridad jurídica en las sucesiones transfronterizas. Se concluye que esta interpretación refuerza la fiabilidad del certificado, aunque plantea desafíos para la eficiencia procesal.

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 14 de febrero del 2025 estima los argumentos del contribuyente que, tras la ruptura de su unión de hecho, mantuvo la aplicación de la deducción de las cantidades destinadas en la adquisición de vivienda habitual, pese a la atribución del uso del inmueble a su hija y la progenitora custodia por resolución judicial.

Introducción

Una de las cuestiones que más discusión ha generado durante los últimos años en el ámbito procesal (entiéndase el término discusión como una mera contraposición de criterios profesionales) ha sido la interpretación del art. 324 LECrim (SP/LEG/2487) y, especialmente, su aplicación en aquellos casos en que una diligencia tan trascendente como la declaración del investigado se ha acordado una vez que se ha agotado el plazo (originario o prorrogado) que nuestra ley habilita para la investigación penal.

Introducción

Hace justo veinte años que se aprobó por unanimidad, fruto del trabajo de todos los grupos parlamentarios y del colectivo feminista, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección Integral contra la violencia de género (SP/LEG/2884). La publicación de esta Ley sirvió para poner en el foco del debate social la violencia de género como un problema de Estado, así como para fijar un marco jurídico de protección que abarcara todos los ámbitos: civil, penal, social, administrativo, incluyendo el educativo.

Un robo de cable en cuatro puntos diferentes de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla ha afectado a miles de pasajeros, paralizando la circulación de numerosos trenes y provocando retrasos y cancelaciones. Ante esta situación, es importante conocer los derechos que asisten a los viajeros, derechos que se encuentran recogidos fundamentalmente en:

Para poder inscribir en el Registro de la Propiedad cualquier derecho real sobre un bien inmueble que se haya obtenido por negocio oneroso es necesario acreditar en escritura pública los medios de pago empleados.

Los datos oficiales sobre ciberseguridad indican un aumento alarmante y acelerado de los delitos relacionados las estafas informáticas, motivo por el que hemos querido dedicar este post para hablar del fraude bancario, las modalidades que existen y analizar el régimen de responsabilidad establecido en el RD-Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago (en adelante, LSP), que es la normativa a la que hay que acudir en caso de operaciones de pago no autorizadas.

Esta pregunta que, en principio, tendría respuesta en la propia Ley de Propiedad Horizontal (SP/LEG/1894), ha sido objeto, como veremos, de numerosas resoluciones judiciales, por lo que, considero de interés intentar aclararla en estas breves líneas.

Sobre la protección y el bienestar del menor ante la existencia de episodios violentos y su relevancia en la determinación del régimen de custodia. Análisis de la jurisprudencia reciente del TS y el TC en relación con el artículo 94 CC, el interés superior del menor y su derecho a ser oído en el proceso judicial.